En el marco de la insuficiencia de oferta energética, que ha sido especialmente aguda en la economía argentina de las últimas décadas, la estrategia estatal hacia ese sector, en particular el hidrocarburífero, fue mutando. La pérdida de autoabastecimiento gasífero, la volatilidad de los precios internacionales del petróleo, la reaparición de la restricción externa a la que se enfrenta históricamente nuestra economía y el peso de los jugadores del mercado fueron las variables que determinaron el modo en que las diferentes gestiones a cargo del área energética enfrentaron el problema. Tal nivel de contradicciones tendría desde 2011 una resolución en la explotación masiva de Vaca Muerta. El play no convencional es uno de los más grandes del mundo, y no solo podría abastecer de gas el mercado interno por varias décadas, sino también de divisas a través de la exportación.
Sin embargo, los caminos son diversos. Con el cambio de Gobierno a finales de 2015, cuando el frente Cambiemos asumió el Ejecutivo nacional, la política económica en general, y la política sectorial en particular, cambiaron radicalmente. De esta manera, el mapa de ganadores y perdedores se modificó en perjuicio de quienes menos tienen. Los actores sociales involucrados en el sector son múltiples y constituyen una compleja trama de intereses: distintas jurisdicciones estatales; diferentes tipos de usuarios; trabajadores; comunidades afectadas por la explotación e industrialización de los recursos naturales; productores locales y empresas del sector.
Sin embargo, y esta afirmación cabe para todo el período analizado, la política sectorial se definió principalmente mediante una negociación entre el Estado nacional y las empresas más grandes de la actividad. Paradójicamente, en el último período la incorporación de la pata sindical logró reducir la participación de los trabajadores en la distribución de la renta. Tales mecanismos acotan y restringen el debate y el proceso decisorio al concebir la energía como una mercancía más.
Precedido por un resumen ejecutivo, el presente informe está organizado en tres apartados. El primero expone las modificaciones en las transferencias económicas hacia el sector hidrocarburí- fero producidas en los últimos años. En el segundo, se analiza el impacto que ha generado el “tarifazo” en los hogares y, finalmente, se describen los cambios en las estrategias empresariales.
En suma, este informe, como el realizado en 2016 sobre las transferencias económicas, busca generar conocimiento para incidir en el necesario debate integral sobre el sistema energético. Con él apostamos a jerarquizar diferentes aristas en pos de transformaciones, acciones en las que se prioricen caminos estratégicos para la urgente transición, como la desfosilización, desmercantilización, descentralización, desconcentración, desprivatización y democratización. Y, si pretendemos rediseñar el mapa de ganadores y perdedores, primero hay que conocer su diagramación.
