Los diputados del Frente de Izquierda Natalia Morales, Alejandro Vilca, Eduardo Hernández del PTS e Iñaki Aldasoro del PO, realizaron la presentación de un proyecto de Resolución que expresa la preocupación y el rechazo ante el Decreto entre el gobierno provincial, la Administración de Parques Nacionales y el Ministerio de Ambiente, para la desafectación de 1000 hectáreas del Parque Nacional Calilegua para llevar adelante la remediación de los pasivos ambientales contemplado en la Ley Provincial 5889 del 2015 y el Decreto Reglamentario 683/2016.
En ese sentido la diputada Natalia Morales aseguró “El decreto acordado entre el gobierno de Gerardo Morales, la Administración de Parques Nacionales y el Secretario de Ambiente Bergman es totalmente ilegal y violatorio de la Ley Nacional de Parques Nacionales, la Ley de Presupuestos Mínimos de Bosques Nativos y la Ley de Hidrocarburos. Además de lo establecido por la OIT sobre la Consulta, previa libre e informada. La remediación de los pasivos ambientales y el cierre definitivo de los pozos petroleros que hay en el Parque Nacional Calilegua se puede realizar sin desafectar áreas del mismo por eso solicitamos que la Legislatura rechace este Decreto”.
Consultada el respecto sobre la implicancias generada por el Decreto la diputada afirmó “el gobierno provincial tiene una política bastante clara en contra de las áreas de reservas y áreas protegidas como sucedió en la zona de los Perilagos para el negocio empresarial e inmobiliario, o en la Reserva Natural Laguna de Pozuelos donde avanza con la megaminería a cielo abierto. Este caso es grave porque el gobierno tendria por un tiempo indeterminado el dominio y la jurisdicción de 1000 hectáreas para una supuesta remediación de los pasivos ambientales y cierre de pozos que puede durar varias décadas como afirmaron los mismos funcionarios debido a los altos costos que desde la Secretaria de Ambiente no se harían cargo. El oficilismo recientemente aprobó un proyecto para que el 12 % de las regalías por la venta del petróleo extraído del yacimiento, a través de JEMSE se destine a la remediación de un sólo pozo petrolero E3, cuando en el yacimiento hay 35 pozos. Mientras tanto el riesgo social es alto debido a los posibles contaminaciones del suelo, aguas subterráneas y de superficie que puede empeorar sin el control y fiscalización de las y los trabajadores del Parque Nacional con este Decreto, ya que la provincia sería juez y parte”.
“Venimos participando en la Asamblea Ampliada en defensa del Parque Nacional en Libertador Gral. San Martín, junto a concejales y estudiantes de los profesorados, que vienen realizando distintas acciones de difusión y rechazo del decreto, y que fue clave para que se conquiste en el 2015 el cierre definitivo del Yacimiento Caimancito. Como propone la misma asamblea la salida a esta situación es no desafectar las 1000 hectáreas, que el Parque siga teniendo dominio y jurisdicción, y avanzar con un Plan progresivo y planificado de Remediación con plazos concretos en cada etapa para el saneamiento de pasivos ambientales en las 5700 hectáreas donde se encuentra el Yacimiento Caimancito y el cierre definitivo y sellado de los pozos petroleros. No podemos poner en juego la biodiversidad ni la salud del pueblo Ledesmense, tiene que ser tarea urgente”.
