Martín Álvarez Mullally, investigador del Observatorio Petrolero Sur, denunció en comunicación con “Insurgentes” por Radio Sur 88.3 un nuevo derrame en un pozo de gas de YPF ubicado en Allen, Río Negro.
– ¿Qué fue lo que sucedió en Allen?
– Esto ocurrió el sábado a las 10:30 am y duró un par de horas. Se llama surgencia y se da porque la presión interna del subsuelo es mayor a la presión que se está ejerciendo desde superficie. Estaba en la etapa de fractura hidráulica, a cargo de un área de la empresa YPF que tiene un proceso de avance en gran escala. Son más de 160 pozos en esa zona. Hace menos de 10 días se aprobaron 93 nuevos pozos y eso fue un acuerdo que se hizo con el municipio.
– ¿Cuál es el alcance del daño que se ocasiono en las tierras y en las napas afectadas?
– Eso lo tendrá que evaluar la justicia y le corresponderá al órgano de aplicación determinar en principio el alcance, el volumen en cantidad de metros cúbicos y, lo más importante, el contenido. Cuando se producen esas surgencias, es decir cuando se está inyectando se lo está haciendo a muchísima presión con motores muy potentes, agua, miles de litros de químicos y arena silicia. Pero cuando la presión del hidrocarburo emerge también vienen todas las sustancias que están atrapadas dentro del subsuelo y hay que evaluarlas. El labratorio determina si vienen metales pesados, material radioactivo natural. Hay un curso de agua natural afectado, de ahí emergen muchos cursos de agua y se conectan al Río Negro.
Es una situación grave porque no es la primera vez que ocurre algo así, que se afectan recursos hídricos, ya ocurrió esto en 2015 con la contaminación de una laguna. Estamos en una situación muy complicada en términos de control, de fiscalización. No hay infraestructura y hay una política muy orientada a no hacerlo. La secretaria de Ambiente de la provincia es alguien que en su actividad privada tiene una empresa de servicios petroleros que sus principales clientes son las empresas que ella misma tiene que controlar. En esa circunstancia es muy dificil que haya seguimiento y control.
Por otro lado no hay posibilidad de tener acceso a la información pública ambiental. En un derrame que hubo en 2017 la empresa YPF declaró que había sido un derrame menor y que era de agua salobre. Cuando intervino el Departamento Provincial de Aguas (DPA) se encontró que era un derrame de 248 mil litros de liquido que contenía hidrocarburos, químicos y agua. A partir de ahí se generó una causa que determinó que la empresa tenía que pagar una multa de 25 millones. Nunca supimos si pagaron, pero claramente las políticas que se están orientando tanto en materia de control como en materia de sanciones no están siendo de carácter preventivo porque estamos viendo que a la empresa le paso lo mismo.
Lo que ocurrió el día sábado se agravó el día domingo. Todos los que salieron a hablar coincidían en que estaba controlado y que no había contaminación de recursos hídricos. El día domingo ocurrió una nueva surgencia en el mismo pozo y fue mayor que la del día anterior. La empresa en su comunicación oficial lo que dice es que esa surgencia estaba prevista. Si estaba prevista se hubiese hecho otro tipo de mecanismo para que eso no ocurra porque el daño fue mayor.
– ¿Es posible establecer un paralelismo con el derrame de Vaca Muerta más allá de que les empresas sean distintas? ¿Cuál es la política en general para estos casos a nivel nacional?
– Hay que discutir firmemente si queremos seguir desarrollando esta actividad con este método de extracción. El método de extracción per se es un método contaminante, degradante y no solamente en términos ambientales, esto va a otros rubros, al económico, cultural, laboral. Recordemos que en lo que va del 2018 ya hay cinco obreros petroleros que fallecieron en accidentes laborales en la cuenca neuquina. Y eso tiene que ver con el cambio de paradigma, no solamente el país no está preparado sino que esta es una técnica experimental, por lo tanto se va modificando todo el tiempo.
Hay una presión por achicar costos muy grande, los trabajadores tienen regímenes de 14 días en yacimientos por siete de descanso, con jornadas laborales de 12 horas. Puede llegar a ser que por una falta de atención se genere un accidente ambiental pero también se está cobrando la vida de los propios trabajadores. Es una actividad que en términos económicos distorsiona todas las economías. Estamos hablando de una provincia que tiene una diversidad económica muy rica y que no tiene la necesidad de entrar en este enclave petrolero. Se entra por la renta fácil, por la renta inmediata que permite a los sectores de poder hacer política inmediatamente.
Tampoco es que esto se derrama en mayor equidad y en mayor acceso y en la democratización de la energía. Nosotros tenemos un aumento de la pobreza energética exponencial a través de lo que son los tarifazos. Esta actividad demanda muchos subsidios, hay un montón de infraestructura que se hace con endeudamiento público, es decir que lo estamos pagando entre todos al fracking. Es una actividad que demanda mucha mano de obra, eso es un problema porque tenes mano de obra intensiva a gran escala con una actividad que es volátil y que depende del mercado internacional, tanto del precio del barril del petróleo como del mercado del gas internacional.
Si uno discute la perspectiva de largo alcance esta actividad no se tendría que desarrollar, más en las zonas de producción. Allen queda en la provincia de Río Negro donde se hace la fiesta nacional de la pera y en las localidades aledañas se hace la fiesta nacional de la manzana. Acá se produce el 80% de frutas a nivel nacional, estamos atentando contra eso.
– ¿Pudieron retomar la actividad en los pozos?
– No, hoy está actuando la Fiscalía de Estado y seguramente va a requerir de un peritaje amplio y hay que ver que determinan y cuanto va a llevar la remediación. Eso es según el contenido que tenga y lo que den los peritajes.
– Sabemos que están convocando a movilizar al Concejo Deliberante.
– Si, estamos movilizando al Concejo Deliberante que hace menos de 10 días aprobó 93 nuevos pozos. Ya hay 160 desde el 2014 hasta ahora y aprobaron estos nuevos desde acá al 2020.
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