Afirman que es para el cierre y remediación de pozos petroleros que se encuentran dentro del parque. La desafectación del área protegida es totalmente innecesaria y violatoria de leyes. No se podrá fiscalizar sobre los riesgos ambientales y el trabajo realizado por JEMSE.
Redacción Jujuy / La Izquierda Diario
Si bien el Convenio de Regularización de Parque Nacional Calilegua fue firmado el año pasado generando un amplio rechazo de trabajadores de parques nacionales, de organizaciones sociales y ambientales, la efectivización se realizó en los primeros días de agosto de este año. El gobernador Gerardo Morales y Eugenio Bread, presidente de la Administración Parques Nacionales, concretaron la cesión del dominio y la jurisdicción de 1000 hectáreas de áreas protegidas pertenecientes al Parque Nacional Calilegua al estado provincial. La empresa del estado JEMSE – Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado, que administra actualmente el yacimiento, sería quien tenga que cumplir con el “Cierre técnico del Yacimiento CON 3 Caimancito y su consecuente remediación ambiental”.
En un comunicado de prensa, trabajadores del Parque Nacional Calilegua afirmaron que de esta manera se imposibilitarían las tareas de fiscalización del trabajo de remediación y se violarían leyes como la de Ley General de Medio Ambiente, la Ley de Parques Nacionales, y la Ley de Hidrocarburos. También cuestionaron el accionar irregulares actuaciones sobre el Yacimiento Caimancito.
Rosario Jara, una de las portavoces de los trabajadores, afirmó en un medio local, que “en el yacimiento ubicado dentro del parque nacional ya se cambió el candado y quienes realizan la fiscalización no lo pueden hacer”. “En las clausulas del convenio se afirma que desde la institución se podrá hacer dentro del área del yacimiento control de caza furtiva y de extracción de madera, pero hasta esa mínima concesión es mentirosa si hay candado”.
Si el estado provincial tiene dominio y jurisdicción de las 1000 hectáreas del parque y JEMSE esté a cargo de la extracción petrolera, cierre y remediación de daños, no habrá control y fiscalización, y ni se podrá implementar la normativa y procedimientos de la APN en lo que respecta a evaluación de impacto ambiental.
El estado provincial es quien realiza la actividad, quien se fiscaliza y quien se controla. ” No podemos saber qué es lo que van a hacer ahí…si van a ampliar la explotación petrolera, si van a perforar más pozos, si van a profundizar los pozos que yes están, y esa es la gravedad de la situación…”, afirmó Rosario.
Por otro lado, la diputada del FIT , Natalia Morales, afirmó, “la desafectación de tierras del Parque Nacional Calilegua al estado provincial se da en medio de un brutal ajuste en curso donde las áreas protegidas también están en peligro. Así se pone en riesgo la población y la biodiversidad por la contaminación generada por los pozos petroleros cuya supuesta remediación no tendrá ningún tipo de control y fiscalización del impacto ambiental de técnicos del parque nacional…”
“…Se le da vía libre a la empresa estatal JEMSE para que accione a favor de multinacionales actuando a gusto y piacere. Este acuerdo se tiene que anular porque es totalmente ilegal e inconstitucional. Una verdadera remediación partiendo de las leyes vigentes tiene que ser sin atentar contra las áreas protegidas y con plena partición de especialistas, trabajadores de parques nacionales, la universidad y organizaciones ambientales.”
En diciembre del año pasado integrantes de la Asamblea en Defensa del Parque Calilegua presentaron una nota al gobernador Gerardo Morales, con más de 3600 firmas exigiendo la marcha atrás del Convenio, sin embargo hasta el día de la fecha no hubo ninguna contestación.
El próximo miércoles en la ciudad de Libertador General San Martín los trabajadores del Parque Nacional Calilegua convocan a una asamblea ampliada en defensa del Parque Nacional Calilegua, para definir medidas a seguir.
