El intento de anexar orientaciones vinculadas con la actividad hidrocarburífera a la escuela agrotécnica de El Chañar a través de una consulta pública agitó el debate sobre la relación entre educación y modelos de desarrollo. El Concejo Deliberante local asegura que no cuestiona la continuidad de la EPEA, pero la Facultad de Ciencias Agrarias y un grupo de investigación de Ciencias de la Educación expresaron su preocupación. La votación será este domingo.
Por Fernando Cabrera / Foto: Martín Álvarez Mullally .- El director de la Escuela Provincial de Educación Agrotécnica (EPEA) N°3, Gustavo Artigas, se enteró de la convocatoria a una consulta popular que afecta a su escuela por la prensa regional, 20 días después de que el Concejo Deliberante de San Patricio de El Chañar aprobara la iniciativa. Preocupado sobre las implicancias de la consulta, se reunió, junto a la comunidad educativa, con quienes conforman el Deliberante el 12 de febrero. En el encuentro que duró más de 3 horas desde la escuela relataron la historia de la institución y las contrariedades que genera la consulta.
En esa oportunidad, la viceintendenta Silvana Cerda reconoció que la vicepresidenta del Consejo Provincial de Educación (CPE), Ruth Flush, les había asesorado mal cuando les recomendó proponer que se anexe una nueva modalidad a la EPEA, un procedimiento que no es permitido por el máximo órgano de la política educativa provincial. En esa reunión, quienes integran el Deliberante se comprometieron a emitir un comunicado expresando que habían sido mal asesorados, a repudiar las difamaciones en redes sociales hacia docentes de la EPEA y a exigir una nueva escuela secundaria para la localidad. Sin embargo, un posteo en la cuenta municipal de Facebook que dio cuenta del encuentro ratificó la convocatoria a consulta popular y tibiamente explicó que “nunca se ha planteado ni cuestionado la continuidad del colegio, ni peligra la matrícula de los jóvenes que han elegido la orientación técnico agropecuaria”.
Según el consejero escolar del Distrito VI del CPE y docente de la EPEA, Pablo Laurente, quien participó de la reunión, el comunicado no se corresponde con lo acordado. “El municipio debía hacer público que fueron mal informados y asesorados por el CPE por considerar que era posible un cambio de modalidad o anexamiento”, explicó.
Las petrolera en las aulas
“El Estado promueve iniciativas predatorias de la naturaleza y, al mismo tiempo, avala la incorporación de distintas modalidades de intervención de la empresas vinculadas, por ejemplo al fracking, en los ámbitos educativos”, explica Paula Penas, magíster en Política y Gestión de la Educación. Junto a María José Laurente, Penas dirige el proyecto de investigación Políticas educativas, trabajo docente y extractivismo, situaciones de disputa en la Norpatagonia a inicios del Siglo XXI de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo).
A partir de sus investigaciones, que indagan la relación entre la escuela y las políticas educativas con la conflictividad provocada por la dinámica extractiva en la norpatagonia, advierten dos mecanismos de intervención petrolera en educación. Por un lado, la responsabilidad social, que es la forma más habitual, habilita a que las empresas brinden equipamiento, diversas capacitaciones y que presionen para imponer sus versiones sobre los hechos en los establecimientos. El otro dispositivo, que encuentran más peligroso, es el vinculado a la participación corporativa, al mismo nivel que los ministerios de Educación, en el diseño, la implementación, la gestión y la puesta en marcha de las políticas. Un ejemplo es Pan American Energy y el programa Hacer Escuela, que, entre otras cosas, capacita a equipos directivos. Este segundo mecanismo “avanza sobre el corazón mismo de las políticas educativas”.
En relación a la situación en San Patricio del Chañar, las investigadoras se posicionan a favor de la institución agrotécnica pero al mismo tiempo plantean el interrogante sobre qué tipo de agricultura se defiende. “El modelo de desarrollo que se propone parece enfrentar una educación agraria frente a una educación para el trabajo asociado a la energía. En cualquiera de los dos casos cabría la discusión profunda sobre qué modelo de desarrollo se está promoviendo”, sostiene Penas. “Qué tipo de agricultura estamos pensando, para qué tipo de desarrollo y para qué modelo de vida”, complejiza.
“Pensar la educación implica volver a pensar cuál es el modelo de desarrollo hegemónico naturalizado como verdad sagrada, que no solo sostiene marcadas desigualdades internacionales sino también una serie de despojos múltiples a nivel territorial”, explica. Hay muchas elaboraciones sobre modelos alternativos al “maldesarrollo” por parte del activismo ambiental, desde los ecofeminismos, desde los movimientos de matrices comunitarias e indígenas que “van poniendo en jaque este modelo de desarrollo y crecimiento del capitalismo que precisa en esta etapa de un fuerte estímulo extractivista”, advierte Penas. Sin embargo, indica que esta orientación no es asumida en los debates porque se suele asociar al sistema educativo con la tarea de responder a las demandas laborales, sin debatir esa demanda.
La producción de alimentos es estratégica
Quienes terminan la EPEA y quieren seguir estudios superiores vinculados a la actividad agropecuaria, por lo general, estudian en la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNCo. Ante la situación planteada en la escuela agrotécnica de El Chañar la Facultad emitió un comunicado en el que subraya que respalda los proyectos que fortalecen la formación técnica para el desarrollo de la producción agropecuaria. “Rechazamos las desafortunadas expresiones sobre la eliminación de la orientación agropecuaria en la EPEA 3 de la localidad del Chañar y nos solidarizamos con su comunidad educativa con quienes mantenemos fuertes vínculos.” En la declaración subraya, además, que “en el actual contexto de restricciones impuestas por la pandemia COVID 19, la producción de alimentos local para el abastecimiento de mercados de proximidad es estratégica”.
“Parte de las mejores tierras destinadas a la producción agropecuaria son afectadas a la explotación hidrocarburífera y el uso inmobiliario”, señala el comunicado de la Facultad y sostiene que los técnicos y profesionales de las ciencias agrarias juegan un papel fundamental en esa discusión.
