La provincia de Neuquén concretó la audiencia pública para analizar el Estudio de Impacto Ambiental del primer tramo del Oleoducto Vaca Muerta Sur. Desestimó una decena de pedidos de nulidad, entre ellos el de la comunidad Fvta Xayen que no fue consultada por la obra. De las 21 personas inscritas, expusieron sólo 11. Las dos primera intervenciones -entre ellas la de OPSur- reprodujeron las críticas de las organizaciones sociales y asambleas a la actividad. La siguieron un representante de la UTN, el ex intendente de Añelo, representantes del sector empresario y de dos sindicatos.
La Audiencia Pública fue convocada por la Subsecretaría de Ambiente de Neuquén en uno de los salones tradicionales de Añelo. En el ingreso a las instalaciones llamaba la atención un cartel: “Salón de YPF”. Así indicaban la sala donde el Estado provincial promovería el debate.
El martes, 30 organizaciones sociales, ambientales y de Derechos Humanos emitieron un comunicado que sostenía que la audiencia no es legal, ni legítima, ni pública y por lo tanto no tiene validez. Como la provincia no accedió a los reclamos y concretó la convocatoria, dos exposiciones representaron las posiciones críticas al proyecto. La evaluación de un tramo de una obra mayor, las restricciones a la participación y la falta de consulta a las comunidades mapuche, fueron los principales cuestionamientos.
“Hicieron este llamado sin realizar antes la Consulta Previa, Libre e Informada a la comunidad Fvta Xayen”, sostuvo Martin Álvarez Mullaly, del Observatorio Petrolero Sur (OPSur), al comenzar su presentación. “El Estudio de Impacto Ambiental reconoce que no ingresaron al campo y que resolvieron considerar su territorio comunitario como fuera del Área de Influencia Social Indirecta”, dijo el primer orador del debate.
“Consideramos de suma gravedad que siendo que este proyecto incluye un ducto de 700 kilómetros de extensión, que tendrá una gran planta de acopio y un gran puerto de exportación sobre la costa del Golfo San Matías, se estén evaluando aquí sólo 127”, cuestionó, y precisó que existe una guía para la evaluación ambiental estratégica aprobada por Nación en 2019, una herramienta que brinda lineamientos conceptuales y metodológicos para la realización de estas evaluaciones, que desaconseja este tipo de recortes.
El investigador objetó que la inscripción fuese presencial, en el comienzo del periodo. Solo después del reclamo de las organizaciones, la situación cambió. También criticó que la única posibilidad de participar sea presencialmente. “Las localidades de la costa del Golfo San Matías, especialmente preocupadas y movilizadas en relación a este proyecto, debían hacer 1500 kilómetros para inscribirse y otros 1500 para asistir al debate. Tuvimos que elevar estos reclamos para que a último momento permitieran que algunas personas nos inscribamos por mail. Pero en esta sala hay una vecina que debió recorrer toda esa distancia para expresar su posición”.
También indicó que en el debate estaban ausentes “los impactos asociados”. Sostuvo que “el ducto no es sólo un caño. Con esta obra habrá muchos más pozos de fracking, hoy hay áreas en las que se están dando movimientos sísmicos que han llegado a superar los 4° en escala Richter. También hay un cruce sensible, por el río Negro a la altura de Conesa. Y está el Golfo San Matías como punto final del trayecto. Pero de todo esto, el Estudio en debate, no dice nada”.
En segundo lugar, se expresó Suyhay Quilapán, quien se presentó como integrante de la Asambleas del Curru Leufu , de la Asamblea por la Tierra y el Agua de Las Grutas y del Equipo de Pastoral Social de la diócesis de Viedma.
“Con mucha tristeza vengo al territorio neuquino a participar de esta Audiencia pensando qué es lo que hay atrás de esta Audiencia. Está en riesgo nuestro territorio. Está en riesgo nuestro proyecto de vida”, dijo.
de la Asamblea por la Tierra y el Agua de Las Grutas y de la Pastoral Social de la diócesis de Viedma.
“Vemos con mucha preocupación que en esta primera audiencia se está hablando de un tramo que incluye a la provincia de Río Negro y que no se haya ni siquiera pensando en el abordaje conjunto entre las dos provincias, ya que está diseñado como un único tramo. Nos preocupa mucho que desde el gobierno de la provincia de Río Negro no se haya garantizado esto”.
También cuestionó que la presencialidad haya sido la única posibilidad. “Somos activos participantes de las audiencias porque habilitan a la ciudadanía a participar y ponerle voz a lo que pasa en el territorio”, explicó. Sostuvo que este tipo de actividades definen una participación ciudadana muy limitida y que, a 40 años del retorno de la democracia, eso debería modificarse.
“Hoy tenemos que decir que consideramos ilegal esta convocatoria. Ilegal en los términos del Convenio 169 de la OIT, que defiende el derecho que tienen nuestras comunidades originarias a ser consultadas. Esto no se cumple ni acá, ni en la provincia de Río Negro”.
Quilapán indicó que la Audiencia se llevó adelante pese a que hay un pedido de inconstitucionalidad que recae sobre la modificación de fines de agosto de una ley rionegrina. Cuestionó que las fechas del Estudio de Impacto Ambiental dan cuenta de que se realizó mientras la Ley 3308 todavía impedía la instalación de infraestructura petrolera en la costa rionegrina, donde terminará el ducto que comienza en Añelo.
Las intervenciones fueron seguidas por un representante de la UTN, dos representantes de empresas, el ex intendente de Añelo, Darío Díaz, representantes del sindicato de petroleros jerárquicos, del Supeh y del IAPG.
Al cerrar la actividad, la mujer que la presidía reconoció los cuestionamientos a este tipo de procesos. “Coincido en que las audiencias públicas han perdido un poco de vigencia, aun con el funcionamiento que tiene esta herramienta hoy ha dado resultado. Hoy pudieron dar su opinión en un marco de respeto las personas que estaban a favor y las que no lo estaban tanto”.
