Desde hace casi 20 años que la provincia de Chubut se mueve dentro de la trampa autogenerada de las renegociaciones petroleras anticipadas. O sea: beneficios para las operadoras y toma deuda en dólares para supuestas obras públicas de infraestructura que en su gran mayoría no terminan o ni siquiera se concretan.
Por Marcelo García* .- Beneficios a las petroleras y endeudamiento constituyen un círculo vicioso que avaló casi la totalidad de la clase política dirigente provincial y nacional. Se desarrolla desde el 2007 en la administración del fallecido Mario Das Neves y se extiende hasta la actualidad con la gestión de Ignacio “Nacho” Torres.
El proceso abarca gobiernos peronistas y no tanto, e incluye al del PRO con el radicalismo provincial. Ya sea en el ejercicio del poder o en la sanción de las leyes que lo posibilitaron, todas esas fuerzas políticas formaron parte de un esquema que hizo de Chubut una provincia esencialmente dependiente más allá de sus riquezas naturales, y empobreció al conjunto de la población con obras no realizadas y vencimientos de deuda que nunca concluyen.
La totalidad de las emisiones de deuda estuvieron llamativamente cercanas, sin que se haya podido demostrar el vínculo directo, a las renegociaciones petroleras que se produjeron desde el 2007 hasta la actualidad.
Esas renegociaciones con amplios “incentivos” y “beneficios impositivos” para las operadoras no se tradujeron de manera constante en mayores ritmos de producción, inversiones, empleos e ingresos por regalías para las arcas provinciales. Tanto es así que en la actualidad Chubut se encuentra nuevamente en medio de una crisis petrolera y económica que incluso podría profundizarse.
Todos los endeudamientos mencionados se garantizaron con la recaudación de las regalías petroleras de la provincia -primero solamente las de Pan American Energy (PAE) y luego la totalidad-, bajo legislación extranjera frente a litigios judiciales y con altas tasas de interés en dólares.
A 15 años de iniciado el proceso de endeudamiento en dólares, los perjuicios para Chubut son enormes. No solo no se concretó buena parte de las obras, sino que además ahora se volverá a endeudar a la provincia para obtener recursos que le permitan concluir algunas y pagar los vencimientos por venir.
Tras la nueva emisión, aún quedarán no menos de diez años de regalías destinadas a hacer frente a los desembolsos trimestrales. Y las arcas de la provincia, comprometidas para ese objetivo.
La nueva deuda
La gestión del gobernador Ignacio Torres consiguió a finales de abril la autorización legislativa para volver a emitir deuda, esta vez por 650 millones de dólares. Lo hizo con el amplio acompañamiento del oficialismo (PRO y UCR) y la oposición (PJ). De este modo, Chubut volverá a hundirse en un espiral de endeudamiento con el que hipotecará nuevamente el presente y el futuro de las cuentas públicas y al conjunto de los chubutenses.
La justificación es la realización de obras públicas y desde hace una década también se argumenta que es necesario pagar los endeudamientos anteriores.
Con esta nueva autorización la deuda crecerá un 90% y otra vez superará los 1.300 millones de dólares, para ubicarse en el mismo nivel récord de los años 2016 y 2017. Desde el 2010 y hasta la actualidad Chubut emitió, solamente en moneda extranjera, deuda por 2.031 millones de dólares y lleva pagados hasta la actualidad, por capital e intereses, 1.586 millones.
Otra vez la obra pública es la excusa para endeudar a la provincia, y no se le reclamará al Estado nacional que haga las inversiones necesarias en materia de infraestructura. La nueva emisión coincide, curiosamente, con otra modificación de las condiciones contractuales con las operadoras petroleras. Se les amplían los plazos de concesión para garantizar la seguridad jurídica y al mismo tiempo se les reducen las regalías que pagan en la provincia.
Chubut y su “deuda odiosa”
El endeudamiento generado en Chubut durante los últimos quince años puede englobarse dentro de la definición de “deuda odiosa”, teorizada por Alexander Sack en 1927. Según la doctrina jurídica, debe reunir dos condiciones esenciales:
1) La ausencia de beneficio para la población: la deuda no fue contraída a favor del interés del pueblo y del Estado, sino en contra de esos intereses, y/o a favor del interés personal de los dirigentes y de las personas próximas al poder.
2) La complicidad de los prestamistas: los acreedores sabían (o tenían la capacidad de saber) que los fondos prestados no benefician a la población.
La deuda “odiosa” chubutense tiene múltiples aristas para ser cuestionada e investigada por sus perjuicios para el Estado provincial y los habitantes, pero la clase dirigente evitó involucrarse en su judicialización y la provincia siguió -y seguirá- pagando lo que podría catalogarse como una estafa al pueblo.
Sin grieta entre oficialismo y oposición
En la votación de abril en la legislatura, los diputados provinciales acompañaron la propuesta del gobierno de Ignacio Torres por abrumadora mayoría. La totalidad del bloque oficialista de Despierta Chubut –alianza UCR y PRO, 16 legisladores– dio su voto afirmativo, mientras que lo mismo hizo la bancada opositora del justicialismo en Arriba Chubut –peronismo provincial, siete legisladores–. También acompañó Daniel Casal del bloque unipersonal Familia Chubutense, exintegrante del bloque peronista.
Y así, la deuda del gobierno se amplió de los 200 millones de dólares avalados en diciembre del 2023 hasta un total de 650 millones. La propuesta sí fue rechazada por los diputados Santiago Vasconcelos del Frente de Izquierda y Andrea Toro del Partido Independiente del Chubut –afín a La Libertad Avanza-, mientras que su compañero de bloque Marcelo Rubia se ausentó.
Sorprendió el posicionamiento del peronismo, que en diciembre de 2023 había votado en contra de la autorización para que Torres pudiera volver a emitir 200 millones y en esta ocasión apoyó elevar el monto a 650, aduciendo que ahora se detallan obras públicas que antes no estaban especificadas.
El destino de los dólares
El nuevo endeudamiento solicitado por Torres y habilitado por los diputados provinciales tendrá esencialmente dos finalidades. El 55%, 357 millones de dólares, será para cancelar los vencimientos pendientes hasta el 2030 que aún quedan por pagar del BOCADE (Bono de Cancelación de Deuda) que emitió en dólares Das Neves en el 2016.
El 45% restante, 293 millones, deberá destinarse a la concreción de dos obras fundamentales: la conclusión y equipamiento del hospital de alta complejidad en Trelew y la potenciación del acueducto que abastece a Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, Sarmiento y Caleta Olivia en el sur provincial.
Una vez afectados los fondos a las obras mencionadas, el excedente podría destinarse a cualquier otra obra estratégica que el gobierno de Torres defina como prioritaria. De todas maneras, tendrá que informar a la Legislatura sobre los alcances y costos. Además, el texto de la ley prohíbe su utilización para gastos corrientes y otras erogaciones no especificadas.
En marzo de este año, el gobernador indicó que el endeudamiento tendría tres años de plazo de gracia y diez años adicionales para cancelar el crédito. También adelantó que la obra tendrá una ejecución de entre uno y dos años.
En cuanto a la obra del hospital de Trelew, no hay precisiones sobre los costos que demandará. Se sabe, sin embargo, que quedarán disponibles un máximo de 133 millones de dólares para concluir la obra en su totalidad y adquirir el equipamiento de alta tecnología que necesita el centro de salud.
El financiamiento surgiría de Naciones Unidas y el listado de los requerimientos aparece publicado desde diciembre del año pasado. Se encuentra en condiciones de ser licitado según las especificaciones establecidas en el portal direccionado al mercado mundial para los proveedores de las Naciones Unidas (UNGM).
La obra global del edificio, se supone, está terminada en un 95% y cuenta con más de 13 mil metros cuadrados, 114 camas de internación y cuatro quirófanos. En junio del 2023 la empresa a cargo entregó la construcción civil concluida al Gobierno provincial, pero desde hace casi dos años es una cáscara vacía. Le falta la casi totalidad del equipamiento necesario.
Lo cierto es que este hospital en Trelew fue anunciado en 2012 con una inversión de 100 millones de dólares para su construcción, aunque el monto incluía la edificación de otro centro de alta complejidad en Comodoro Rivadavia. A más de una década, el primero no está terminado y le falta todo el equipamiento, mientras que el segundo ni siquiera existe.
El hospital de alta complejidad de Trelew es una obra muy necesaria para la zona del Valle provincial. Sin embargo, se convirtió en la obra más cara de la historia de Chubut. Para financiarla, se recurrió a dos endeudamientos en dólares: uno durante la gestión de Martín Buzzi (peronista cercano al kirchnerismo en la segunda gestión de Cristina Kirchner)- y otro bajo el gobierno de Das Neves (también peronista, con origen en el duhaldismo y fundador de un partido provincial afín al peronismo). Ahora se sumará un tercero con la emisión de Torres (macrista) destinado a equipar el hospital.
La deuda y su vínculo con las renegociaciones petroleras
El último ciclo de endeudamiento en dólares se inició en el 2010, cuando Mario Das Neves emitió deuda por 150 millones de dólares a través del Fideicomiso Financiero “Chubut Regalías Hidrocarburíferas I” (Clase A por 104 millones y Clase B por 46 millones), con un plazo de vencimiento de diez años y una tasa de interés anual del 7,75%; aunque había sido autorizado para emitir por 300 millones de dólares en total.
Esa deuda estaba garantizada por regalías que pagaba exclusivamente Pan American Energy (PAE) y su destino debía ser la concreción de proyectos productivos en la provincia, obras de infraestructura y las inversiones estatales en empresas energéticas. Ninguno de los proyectos fueron detallados por ley, por lo que no es posible evaluar qué obras se realizaron y cuáles no.
Este endeudamiento había sido habilitado en octubre del 2008 durante la segunda gestión de Das Neves, cuando se aprobó la Ley 5798 (luego Ley II N°106) que lo habilitó a emitir deuda por 300 millones de dólares.
Un año antes, en abril de 2007, el propio Das Neves había renegociado con Pan American Energy (PAE) la extensión de la concesión de Cerro Dragón por 40 años y hasta el 2047. A cambio, el gobierno chubutense recibió la suma de 120 millones de dólares a pagar en cuatro cuotas destinadas al Fondo de Infraestructura Provincial y al Fondo de Diversificación Económica de la Cuenca del Golfo San Jorge. Allí se estableció el 3% extra de regalías petroleras por sobre el 12% fijado por la ley nacional.
Luego, en 2013 y 2015, sobre la base de la Ley II N° 106 de Das Neves y la Ley II N° 151 sancionada en abril de 2013 se produjeron otras dos emisiones de deuda en dólares por un total de 309 millones. Fue durante la gestión provincial de Martín Buzzi: el BODIC 1 del 2013 fue por 220 millones de dólares y el BODIC 2 del 2015 fue por 89 millones.
El primero fue con una tasa de interés anual del 4% y el segundo del 4,5%, garantizados con la totalidad de las regalías petroleras que se descontaban automáticamente de un Fideicomiso creado para efectuar la retención automática cuatrimestral de los pagos.
El objetivo era construir los dos hospitales de alta complejidad Trelew y Comodoro Rivadavia. Uno sin terminar, otro cuya obra no inició.
También se estableció la construcción de diez Centros de Encuentros para la inclusión social en diferentes ciudades de la provincia . Sin embargo, la mayoría de las obras quedaron inconclusas y fueron transferidas a los municipios para que fueran finalizadas con fondos propios.
Se incluyeron también otros cuatro proyectos de infraestructura socio productiva en las principales comarcas provinciales que tampoco se pudo conocer en qué consisten y su nivel de concreción.
Los diez Centros de Inclusión Social iban demandar el 62,7% del total de la deuda contraída durante la gestión de Buzzi; el 27% se destinaría a los proyectos de infraestructura socio productiva de las cuatro Comarcas (Senguer/San Jorge, VIRCH Valdés, Los Andes y Meseta Central); el 22,4% para el nuevo Hospital de Comodoro Rivadavia y el 18,4% para el centro de Alta Complejidad en Trelew.
Aún sin poder afirmarlo con certeza absoluta, se podría inferir que entre el 50% o el 70% del endeudamiento no se concretó o se utilizó para otros fines, y no hay ninguna duda de que como mínimo el 30% se esfumó en un hospital inexistente en Comodoro.
En tanto que los Centros de Encuentro podrían haber utilizado cerca del 70% de lo destinado, ya que algunos se terminaron, otros tuvieron avances significativos y una buena parte estaban a medio terminar; mientras que de la infraestructura a las Comarcas no se tiene ningún tipo de detalle sobre el destino de los fondos.
Nuevamente las renegociaciones en materia de concesiones petroleras coincidieron con la emisión de deuda de Buzzi. En el 2012 Chubut jugó un rol protagónico en la quita de las concesiones de Repsol y en la estatización parcial de YPF, mientras a finales de ese mismo año la Legislatura provincial sancionó una nueva Ley de Hidrocarburos donde se estableció el 3% extra de regalías para todas las operadoras. Eso derivó en la renegociación de las concesiones con YPF que incluyó el canon especial del 3%.
En agosto del 2013 Chubut renegoció la concesión con Tecpetrol, en el 2014 hizo lo propio con PAE y en 2015 firmó el acuerdo CAPSA para adecuar a las compañías a la nueva ley sancionada en el 2012. Nuevamente los años de endeudamiento coinciden con las renegociaciones petroleras.
Para la primera mitad del 2016 la deuda en dólares se había transformado en una pesada carga para las cuentas provinciales y las obras estaban inconclusas. Para hacer frente a esos desafíos de vencimientos y terminar algunas de las obras que se habían iniciado se volvió a emitir endeudamiento en moneda extranjera.
En julio de 2016, durante la última gestión de Mario Das Neves, se emitió deuda en dólares por 700 millones de dólares en dos tramos conjuntos de 650 millones (BOCADE) y 50 millones (BOPRO), con altísimas tasas de interés en dólares que llegaron al 7,75% para el primer tramo y al 8,87% para el segundo. El BOPRO había sido autorizado a emitir hasta los 120 millones, pero emitió solo por 50 millones.
Del total del BOCADE, el 34% debía destinarse a la finalización de obras comprometidas, el 50% al pago de deudas previamente contraídas, el 15% a obras en municipios y el 1% a las comunas rurales. Muchos de los fondos que se direccionaron a las municipalidades fueron utilizados para gastos corrientes, aunque algunas pocas gestiones municipales sí concretaron obras de infraestructura.
Desde hace varios años se argumenta que buena parte de la deuda del 2016 se esfumó en gastos corrientes -algo que también sucedió en la Legislatura a la hora de aprobar el nuevo endeudamiento-. Este enunciado es una verdad a medias.
Si bien es cierto que una parte de los fondos se destinó a los pagos mensuales del gasto público, ese uso representó, como máximo, el 16% del total emitido en dólares. Es más, ni siquiera se utilizó la totalidad de ese porcentaje.
Todas las deudas emitidas en dólares desde 2013 se hicieron bajo legislación extranjera, lo que habilitó a los tenedores de los bonos a litigar en los Tribunales de Estados Unidos.
Esa última emisión de deuda fue renegociada y extendida en sus plazos por el entonces gobernador Mariano Arcioni (a cargo del ejecutivo provincial entre 2017 y 2023) a finales de 2020, con vencimientos que se prorrogaron en la actual gestión de Torres y que concluyen en el año 2030.
No se modificaron las condiciones originales ni los intereses y no se aplicó ninguna quita de capital. Lo que sí que se hizo fue extender los plazos de vencimientos, con la particularidad que la mayor carga de pagos recae en los cuatro años posteriores a su gestión y en el actual gobierno provincial.
Además, Arcioni emitió deuda en dólares por un total de 222 millones con el respaldo de legislaciones previas. De ese monto, 111 millones se emitieron a través del TIDECH y se colocaron en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) correspondiente a los jubilados nacionales.
Esa deuda fue renegociada en marzo del 2024 por Torres que extendió los plazos de vencimiento hasta el 2030, más allá de la duración de su gestión actual.
Con los 650 millones de dólares que la Legislatura de Chubut aprobó emitir este año se prevé cubrir los 357 millones pendientes de pago del BOCADE, además de destinar fondos al equipamiento del Hospital de Alta Complejidad de Trelew y a la ejecución del acueducto en el sur de la provincia.
En la misma sesión legislativa se aprobó la renegociación con PAE para reconvertir la concesión de Cerro Dragón a hidrocarburos no convencionales (shale gas de la formación D-129, extraíbles con la técnica del fracking), por un lapso de 45 años (hasta el 2070). El acuerdo incluyó una disminución de las regalías, de un 30% a un 9%, y la eliminación del canon extra del 3%.
Como resultado de esta renegociación, PAE abonará a la provincia un total de 87,5 millones de dólares, distribuidos de la siguiente manera: 20 millones de manera inmediata, 20 millones en abril del 2026, 15,8 millones en abril del 2027, 15,8 millones en abril del 2028 y 15,9 millones en abril del 2029.
En paralelo, se redujo del 12% al 6% (es decir, una disminución del 50%) la alícuota de regalías que deberá pagar PECOM por la producción convencional incremental que logre en el yacimiento Escalante – El Trébol hasta el 2035. A partir de ese año, la empresa pasará a pagar un 9% en regalías, lo que representa un descuento del 30% respecto de la tasa original.
En cuanto a la producción básica, PECOM pagará solo el 9% en concepto de regalías durante los próximos diez años, lo que implica una reducción del 30%. Una vez cumplido ese plazo, comenzará a abonar el 12% correspondiente.
Por cercanía temporal o por llamativa coincidencia, las emisiones de deuda en dólares se concretaron en tiempos muy cercanos o paralelos a las renegociaciones petroleras que se dieron en Chubut durante los últimos quince años.
Si bien no se puede demostrar el vínculo directo, ya que la identidad de los bonistas tenedores de la deuda chubutense es confidencial y secreta, no es ilógico pensar que los endeudamientos estén relacionados de alguna manera a las compañías petroleras que operan en la provincia.
Aumento de la deuda y disparada de los vencimientos
La deuda total de Chubut ascendió a 735.497 millones de pesos a fines de 2024, según la información oficial de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales dependiente del Ministerio de Economía de la Nación. Convertida a moneda extranjera, esa cifra equivale a 712,3 millones de dólares al tipo de cambio oficial. Durante todo el año pasado la provincia canceló vencimientos por 142.300 millones de pesos, lo que representa 137,8 millones de dólares. Respecto del 2023 el endeudamiento total de Chubut se incrementó un 13,6% y los pagos de deuda crecieron en un 151%.
Hasta 2024, el 80,9% del endeudamiento provincial estaba colocado en dólares y el 19,1% en pesos Con la nueva emisión autorizada por la Legislatura, esa proporción cambiará de forma significativa y la participación de la deuda en dólares superará el 90%.
Durante 2025 se sumará la nueva emisión autorizada por 650 millones de dólares. El endeudamiento total de Chubut volverá a rondar los 1.300 millones de dólares, según el momento en que se concrete la colocación y una vez que se resten los pagos efectuados por la provincia a lo largo del año. De esta manera, se igualarán los niveles récord registrados en 2016 y 2017.
El altísimo nivel de dependencia de la deuda en moneda extranjera pone a la provincia en un difícil equilibrio entre las regalías que se destinan a los vencimientos, la inestabilidad cambiaria y las cuentas públicas.
Un nuevo sacudón devaluatorio haría subir las regalías traducidas a pesos, pero al mismo tiempo impacta de manera negativa en crecimiento de la deuda total de la provincia, tal como sucedió en el 2024 sin que se haya emitido nuevo endeudamiento en pesos o en dólares.
Desde el 2010 y hasta la actual habilitación de emisión, la provincia terminará colocando endeudamiento por 2.031 millones de dólares, pero por pagos solamente de vencimientos de capital e intereses de la deuda colocada moneda extranjera ya lleva pagados 1.586 millones de dólares.
A finales del 2025 restan pagar 329 millones por el BOCADE, los vencimientos del TIDECH (Títulos de Deuda de la Provincia del Chubut) renegociado y los 650 millones cuyos intereses y plazos aún no se conocen. Los pagos pendientes podrían ascender, como mínimo, a 1.400 millones de dólares.
La ecuación toma relevancia en tiempos de ingresos escasos, decrecimiento de las regalías petroleras que garantizan trimestralmente los pagos de deuda y un panorama de incertidumbre en materia cambiaria y económica.
*Periodista especializado en petróleo y economía
