El basurero petrolero Comarsa ubicado en la ciudad de Neuquén es un emblema del desprecio de las petroleras hacia el ambiente y deja al desnudo la incapacidad gubernamental para controlar esa poderosa actividad. El publicitado traslado de los residuos desde la planta de Neuquén hacia Añelo aleja el foco de contaminación pero sirve también para afianzar la impunidad de Comarsa y las empresas generadoras de los residuos, y para realizar un extraño negocio entre las dos tratadoras intervinientes.
Por Fernando Cabrera Christiansen / Foto: Emiliano Ortiz .- Tras una década de denuncias contra el basurero petrolero Comarsa y mientras la Justicia investiga penalmente a sus autoridades, la secretaria de Ambiente de Neuquén Leticia Esteves informó públicamente la autorización del traslado de 210 mil metros cúbicos de residuos a una planta en Añelo. “Nosotros estamos resolviendo los problemas, no haciendo circo”, se jactó. Pero la funcionaria no informó que esos barros tóxicos abandonados en Comarsa por lo menos desde 2018 no serán tratados: los depositarán contaminados en la planta de disposición final de la compañía Indarsa.
La responsable de la oficina ambiental tampoco explicó cómo se iba a financiar todo ese movimiento. Según el contrato entre las dos tratadoras, Indarsa recibe la basura por unos 7 millones de dólares de los que aún no cobrará un peso a la espera de que Comarsa se libere de un embargo judicial que, en realidad, no le impide realizar ese pago. A esos 7 millones hay que agregarle el costo de traslado de los residuos de Neuquén a Añelo, que rondarían unos 4 millones de dólares.
La maniobra busca un triple beneficio. Por un lado, garantiza la impunidad a Comarsa y las operadoras responsables de generar el residuo abandonado en Neuquén. En segunda instancia, permite la expansión del poder empresarial del dueño de Indarsa, Claudio Urcera. Y, en tercer lugar, la posibilidad de hacer campaña política por “resolver” una de las manchas ambientales más escandalosas de la era del fracking.
Quién costea la propaganda gubernamental
En febrero de 2024 el fiscal de Delitos Ambientales de la provincia Maximiliano Breide Obeid realizó la imputación contra el dueño y dos gerentes de Comarsa. Los acusó por los delitos de contaminación y administración fraudulenta. En aquella oportunidad, Breide Obeid informó que las montañas de barro de las 19 hectáreas de la planta de Comarsa en el Parque Industrial de Neuquén poseen hidrocarburos totales de petróleo, que contienen compuestos volátiles y altamente tóxicos entre los que mencionó los BTEX (Benceno, Tolueno, Etilbenceno y Xileno) y HAPS (Hidrocarburos aromáticos policíclicos, como naftaleno, fluoreno, fenantreno) y metales pesados como plomo, bario y mercurio.
Accedé al informe La basura del fracking en Vaca Muerta sobre el tratamiento de residuos de la empresa Comarsa
En enero de 2025, mientras avanzaba el proceso de investigación judicial, la secretaria de Ambiente Leticia Esteves informó que había autorizado a Comarsa —por fuera de la causa penal— a trasladar 210 mil metros cúbicos de residuos acopiados. Ese permiso no incluyó el traslado de otros 31 mil metros cúbicos que se mantienen en biopilas y siguen un proceso de biorremediación. Ante un pedido de información realizado en el marco de la causa, se conoció que esos barros empetrolados y tóxicos que Comarsa alberga en Neuquén desde antes de su cierre en 2018 finalmente serán depositados sin tratamiento previo en las instalaciones de Indarsa, ubicado en Bajada del Mono, en las afueras de Añelo.
Al imputar a las autoridades de Comarsa, la Fiscalía estimó que el traslado de los residuos implicaría unos 10 mil viajes en camión, y calculó que el proceso completo —tratamiento, traslado y disposición final— costaría 7 millones 350 mil dólares. “Comarsa no puede responder. Las tierras no son de ellos, la plata se la llevaron. Entonces, ¿quién se va a hacer cargo? La provincia y los ciudadanos neuquinos”, advirtió el fiscal en esa oportunidad. El dilema planteado entonces era que Comarsa no podía afrontar el costo del traslado y tratamiento pero era responsable de hacerlo.
En el contrato, Comarsa e Indarsa acordaron que la planta de disposición final de Indarsa en Baja del Mono recibirá los residuos a un precio de 27 dólares la tonelada. El documento no refiere a las cantidades pero multiplicando las toneladas —estimadas según los metros cúbicos— por el costo, la recepción de los residuos significa unos 7 millones de dólares. Indarsa financiará ese monto hasta el levantamiento del embargo judicial que pesa sobre Comarsa, aunque la resolución del Tribunal Superior de Justicia no impide que Comarsa disponga de sus fondos, sino únicamente que no se desprenda de sus bienes. A pesar de esto, la empresa ofreció estos mismos bienes como garantía para esa financiación, y extrañamente tampoco presentó un inventario que permita estimar una valuación de esos bienes.
Conociendo los actores y sus mañas, cabe realizar una serie de preguntas. ¿Qué motiva esa generosidad por parte del dueño de Indarsan Claudio Urcera? Cuesta pensar que no sea una compra encubierta de Comarsa. Y en ese caso qué rol cumple Esteves y el gobierno en este hecho. Finalmente, ¿cuánto vale Comarsa? ¿Cuántos son sus pasivos y cuántos sus activos?
Comarsa debe afrontar también otros gastos. En particular, el traslado de unos 10 mil camiones de residuos de Neuquén a Añelo, cuyo costo aproximado ronda los cinco mil millones de pesos, poco más de cuatro millones de dólares. La pregunta planteada por el fiscal al hacer la imputación permanece vigente: ¿Quien pagará los más de 11 millones de dólares que implican el traslado y disposición de estos residuos?
La basura petrolera que el fracking genera es una deuda sin resolver en los 12 años de Vaca Muerta. Las compañías tratadoras trabajan en estado de colapso, convirtiéndose en acopiadoras, y siguiendo el ejemplo de Comarsa podrían ser autorizadas a abandonar miles de camionadas de residuos altamente tóxicos sin tratamiento después de alojarlos algunos años en sus plantas. La perspectiva de crecimiento en la extracción de Vaca Muerta para multiplicar la exportación de hidrocarburos aumenta considerablemente el volumen de residuos. La impunidad de Comarsa, caracterizada por la inoperancia, la connivencia gubernamental y el abandono de residuos sin tratar, define un panorama espantoso para el futuro de quienes viven en la provincia.
Antecedentes
El predio de Comarsa en Neuquén está ubicado a pocos metros de viviendas y planes de desarrollo urbanístico. Esta proximidad representa un riesgo sanitario y ambiental que fue señalado en numerosas ocasiones por organizaciones y vecinos y vecinas de la ciudad. Incluso la fiscalía señaló la cercanía con los barrios como un serio problema sanitario.
Las denuncias que a partir de 2014 sostuvo la asamblea Fuera Basureros Petroleros en torno a Comarsa, derivaron en que, semanas antes de terminar su mandato, el gobernador Jorge Sapag firmara el decreto 2263. Debido a esa norma, las 19 hectáreas de la planta cerraron sus puertas al ingreso de residuos a mediados de 2018. Desde entonces, los barros empetrolados allí acumulados están a la espera de algún tratamiento.
El decreto 2263, que regula la actividad, dispone que este tipo de plantas deben ubicarse “fuera del ejido municipal, a una distancia mínima de ocho kilómetros de zonas urbanizadas o con proyectos de urbanización, considerando las proyecciones de crecimiento poblacional para los próximos veinte años”. Por otro lado, establece “una zona de cinco kilómetros, tomados desde el perímetro de la Planta, dentro de la cual no podrán existir asentamientos poblacionales”.
En 2020, la Asociación de Abogadas y Abogados Ambientalistas de Argentina denunció penalmente a Comarsa. A comienzos de 2024, la fiscalía formalizó la acusación contra el dueño y dos gerentes de la empresa por los delitos de contaminación y administración fraudulenta. Ese mismo año, en octubre, la secretaria de Ambiente Leticia Esteves autorizó a Comarsa a retirar 210.000 metros cúbicos de residuos almacenados en el predio del Parque Industrial de Neuquén. Tarea que desde diciembre la empresa lleva adelante pero incumple los plazos que había acordado con Ambiente. Hoy el municipio de Neuquén está entregando lotes con servicios en las inmediaciones de la planta de Comarsa del Parque Industrial.
