Nos reunimos para discutir las implicancias transfronterizas de los proyectos de hidrógeno verde y derivados en Paysandú (Uruguay) y Magallanes (Chile), tanto en sus países de origen como en las comunidades de Argentina con las que limitan. Impactos sociales, ambientales y estrategias de movilización comunitaria. Un diálogo con Alejandra Puglia, de Ambiente y Diversidad Paysandú y la Red No al Hidrógeno Verde, y Gabriela Garrido Toro, del Panel Ciudadano Magallanes; con comentarios de Lucio Cuenca, del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA, Chile), y Hernán Scandizzo, de GRATE y OPSur. Fue en el conversatorio Megaproyectos, territorios compartidos y transición energética en América Latina.
La refinería de combustibles sintéticos de HIF en Paysandú y la planta de producción de hidrógeno verde de Total Energies, en San Gregorio, son dos iniciativas que, a pesar de las distancias, tienen puntos en común: la gran escala, la falta de consulta a la población y de acceso a la información pública, y la afectación a parques nacionales o áreas naturales protegidas, entre otros. Proyectos a gran escala que son parte de una transición energética corporativa que busca cumplir el mandato de la asimetría norte-sur.
“Buscan garantizar insumos para que los países del norte global avancen con su proceso de descarbonización”, dijo Hernán Scandizzo de OPSur en la introducción de la charla, y señaló: “En esta década se observa mucho interés en promover la producción de hidrógeno, aunque aún ningún proyecto superó, en el caso de Argentina, la etapa de prefactibilidad”. A pesar de ser, todavía, anuncios, ya se puede observar en el caso de la Patagonia (Chubut, Santa Cruz, Río Negro) “un proceso de acaparamiento de tierras. Fortescue, por ejemplo, entre compras y arriendos controla unas 700 mil hectáreas en Chubut. Es decir que sin producción en marcha ya se empiezan a sentir los impactos”, agregó Scandizzo.
Más allá de que los proyectos anunciados en el país no están en actividad, sí hay un movimiento crítico que surge con fuerza a partir de iniciativas en países vecinos, como es la planta de producción de combustibles sintéticos que pretende construir HIF en Uruguay y que preocupa a los vecinas y vecinas de Colón (Entre Ríos), por sus potenciales impactos. Según señaló Scandizzo, “la falta de información y el carácter transfronterizo (de los impactos) genera especial incertidumbre en las poblaciones”.
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El caso de Paysandú
Alejandra Puglia, de Ambiente y Diversidad Paysandú y la Red No al Hidrógeno Verde, explicó que “el hidrógeno verde tiene una variedad de usos. En Uruguay, los proyectos están orientados a la producción como combustible para transportes de alta carga y como producción de metanol para exportación. Actualmente hay cinco proyectos en marcha con diferentes grados de avance en todo el territorio”.
El contexto de la instalación del proyecto de HIF Global en Paysandú es debido a que allí existe la planta de Alur -que produce bioetanol y alimento animal a partir del sorgo y otros cereales de origen nacional como maíz, trigo y cebada-, dependiente de la estatal ANCAP. Según Puglia, ANCAP “proveería de dióxido de carbono a la producción de metanol, pero su participación está todavía en discusión. En principio, estamos frente a un megaproyecto privado”.
Como en los diferentes casos, la empresa no permite el acceso a la información pública, y ese es un comportamiento que “compromete la soberanía sobre nuestros recursos, impide el análisis y la participación ciudadana en el debate ambiental y viola la ley de acceso a la información pública de Uruguay y el acuerdo Escazú”, detalló Puglia.
La ubicación de la planta respecto de las poblaciones cercanas.
Se trata de un proyecto que compromete a 440 hectáreas, “no es una planta de hidrógeno verde, el hidrógeno verde es un insumo para producir metanol y sus derivados: e-gasolina, gas licuado sintético y kerojet sintético. Es una planta de hidrocarburos sintéticos”, puntualizó Puglia acerca de las dimensiones y objetivos del proyecto.
Puglia explicó, además, que se generó el movimiento “Firmá por el río” como una iniciativa ciudadana para la recolección de firmas “para que podamos hacer escuchar nuestra voz en cuanto a lo que queremos para nuestros territorios”.
El caso de Magallanes
Gabriela Garrido Toro, del Panel Ciudadano Magallanes, explicó cómo allí debieron agruparse organizaciones de la sociedad civil frente a la ambición de los proyectos en la región y en todo el país. La alerta es que “no están siendo integrados los aspectos socioambientales dentro de la promoción y la instalación de la industria del hidrógeno”.
En relación a la posición del gobierno de Chile, Garrido Toro dijo que desde la gestión de Sebastián Piñera, se publicita al hidrógeno como una salida a la crisis climática. Antes de finalizar su mandato publicó la Estrategia Nacional del Hidrógeno, que apunta a “transformar a Chile en el productor más barato del planeta (sic)”.
Si bien la exportación es un objetivo de buena parte de los emprendimientos, en el caso de la región de Magallanes, es sólo con ese fin: pretenden producir el 13 % del hidrógeno a nivel mundial. El presidente actual, Gabriel Borich, de origen magallánico, “dio continuidad y defendió esa estrategia como política pública”, planteó Garrido Toro y advirtió: “Está en curso el Plan de Acción Hidrógeno Verde 2023-2030, que omite información acerca de la potencial ocupación territorial, riesgos y potenciales impactos de los proyectos”.
Mapa de proyectos en la región
Si bien ya hay proyectos instalados en fase piloto, los que ingresaron recientemente al Servicio de Evaluación Ambiental son tres, de las compañías HIF Global, HNH Energies y Total Energies. Abarcan 93 mil hectáreas y se suman a las 177 mil correspondientes a otras iniciativas y a las 458 mil de interés potencial. En total, más de 730 mil hectáreas comprometidas en emprendimientos de hidrógeno en Magallanes.
La empresa Total Energies, en particular, plantea “desarrollar este proyecto en la comuna de San Gregorio (en Magallanes, Chile), asegurando que vienen con una solución energética para el mundo, aprovechando los vientos y considerando que no existe nada, que es un ambiente estéril y desierto”, explicó Garrido Toro. San Gregorio, sin embargo, es una localidad que no llega a los mil habitantes, y cuya actividad económica principal es la ganadería. En este sentido, la ubicación no es casual: “ahora está netamente enfocada en prestar servicios para la industria petrolera y de tránsito. Es muy importante el límite con Argentina porque es la vía de ingreso y salida hacia Río Gallegos, pero también paso obligado para llegar a Tierra del Fuego”, detalló Garrido Toro. Los argumentos para el desarrollo de estos proyectos son económicos y logísticos: “No existe una ponderación de los impactos ambientales, sociales y culturales”. La intención es realizar exportación de amoníaco producido a través del procesamiento de hidrógeno verde.
Lobby regional
Lucio Cuenca, del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), puso en su dimensión lo que parece ser un hervidero de emprendimientos en diferentes zonas del Cono Sur, en el que se cruzan -a pesar de las distancias- los problemas y las empresas: “No son sólo proyectos, tienen que ver con políticas más gruesas que se conectan con esta transición energética a nivel global que cruza la mayoría de nuestros países”, aseguró. “El lobby y la comunicación estratégica de esta campaña de escala global que se funda sobre ilusiones y falsedades”. En particular en Chile puede observarse, en palabras de Cuenca, “una gran operación comunicacional y gubernamental detrás de estos proyectos”
Respecto de la publicidad de la empresa HIF, Cuenca explicó lo débil de su promoción como una compañía de larga trayectoria: “Es un consorcio que surge acá (Magallanes) y lo único que tiene es una planta piloto, existe más o menos del año 2021 y crea en consorcio con otras empresas, incluida la Empresa Nacional del Petróleo de Chile. Es decir, una empresa que tiene apenas una planta piloto en este proyecto, se promociona como de alcance global. Esa es su trayectoria”, sentenció Cuenca, para dimensionar el lobby y la comunicación estratégica que hay a favor del hidrógeno verde, a escala global, que involucra muy directamente a los países de América Latina, “y que se va fundando sobre ilusiones y sobre falsedades, porque HIF, de un año para otro, apareció con un proyecto en Estados Unidos, un proyecto en Uruguay, un proyecto en Australia y con oficinas en Berlín”, graficó el director de OLCA.
Recientemente, el presidente Borich anunció un proyecto de ley para Fomento del Hidrógeno Verde en Chile, “en el que compromete un beneficio tributario de 2800 millones de dólares para la instalación de emprendimientos”. Es decir, más endeudamiento para la transición del norte global. Queda por delante el recorrido de las incipientes alianzas transfronterizas para lograr una fuerza que traccione contra el avance de estos proyectos en detrimento del acceso a la información pública y del cuidado y la preservación de los territorios como prioridad. Esta actividad tuvo por objetivo contribuir a ese proceso, entendiendo que en las diferentes localidades impactadas hay habitantes y organizaciones que reclaman ser parte del debate y de las decisiones productivas de cara a la inevitable -pero no necesariamente popular y democrática- transición energética.
