Por Waldo Mendiluza.- La llegada de Hugo Chávez a la presidencia, en 1999, marcó el principio del fin de la subordinación a las transnacionales, del daño ambiental y de la depredación de los recursos naturales en el sector petrolero.
A partir de entonces comenzó un proceso legal y fiscal encaminado a recuperar la soberanía en materia de hidrocarburos, cedida por los gobiernos neoliberales.
El paso inicial fue la aprobación meses después de una nueva Constitución, la cual en sus artículos 302 y 303 otorga al Estado la actividad petrolera y la totalidad de las acciones de la empresa Petróleos de Venezuela (PDVSA), respectivamente.
Luego vino la Ley de Hidrocarburos de 2001, la introducción de reformas a esa legislación y otras acciones hasta la nacionalización de febrero de 2007, cuando tomamos el control de todas las entidades de la Faja del Orinoco, explicó a Prensa Latina el ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, durante un encuentro con periodistas nacionales y extranjeros.
Según el funcionario, resultó complejo desentrañar la madeja de regulaciones destinadas a favorecer a las transnacionales en detrimento del desarrollo del país.
“No me cansaré de repetirlo. Habían utilizado a la vieja PDVSA como caballo de Troya y estaba en marcha un acelerado proceso de privatización que se tradujo en la pérdida de nuestros buques, taladros y mulles”, apuntó.
Para Ramírez, uno de los grandes logros de la etapa fue materializar la migración de los 33 convenios operativos a empresas mixtas y un cambio radical en las reglas del juego.
Antes de la llegada de Chávez al Palacio de Miraflores, las compañías foráneas prácticamente poseían el dominio en la explotación de crudo, imponiendo sus intereses.
Se vino abajo el régimen fiscal, la regalía disminuyó de 16 por ciento hasta el uno, no pagaban impuesto petrolero, tomaron el control operacional y nuestras entidades no podían tener más del 33 por ciento, ilustró el titular.
De acuerdo con el también presidente de PDVSA, el escenario actual es bien diferente.
Hoy cobramos impuestos de extracción y petrolero (del 50 por ciento), la regalía es de 33,33 por ciento, nos reservamos la mayoría de las acciones y el monopolio de la comercialización, además de quedar descartado el arbitraje internacional en temas de soberanía, destacó. Ramírez consideró otra notable ventaja la proyección social y la preservación del medio ambiente en la actividad de hidrocarburos.
Las transnacionales acabaron con el entorno. Nos dejaron un lago y ríos envenenados, bosques arrasados y montañas de coque y azufre, dijo a Prensa Latina durante el intercambio con reporteros celebrado en la sede de PDVSA.
El funcionario contrastó la postura mostrada por las compañías en Venezuela con la aceptada en sus países de origen.
Mientras aquí hacían todo eso, en Estados Unidos respetaban los estándares, cuestión que ahora también exigimos desde la misma negociación de los convenios, precisó.
Para el dirigente, una buena iniciativa sería que las naciones productoras sacaran cuentas del daño ecológico provocado por las transnacionales.
Respecto al tema social, resaltó la promoción del desarrollo armónico de los lugares donde se ubican proyectos petroleros, entre ellos la Faja del Orinoco, principal reserva mundial de crudo.
Ya no aceptamos que las zonas de extracción de crudo estén rodeadas de cordones de miseria, aseveró.
Venezuela estimula además a sus socios extranjeros en el alcance del mayor rendimiento posible en la explotación de los yacimientos.
En la apertura petrolera ejecutada aquí antes de la Revolución Bolivariana el factor de recobro era inferior al nueve por ciento, lo cual provocaba que las empresas agotaran muy rápido el yacimiento y pasaran a otro y otro, practicando una verdadera depredación de nuestros recursos, subrayó Ramírez.
Nos parece insólita una recuperación tan baja. Por lo tanto exigimos un recobro de al menos el 20 por ciento, con perspectiva de llevarlo al 40 en 15 años, expuso.
Prensa Latina