Pluspetrol amenaza la supervivencia de pueblos indígenas en Perú

La multinacional Pluspetrol (principal operador del Consorcio Camisea) acaba de recibir luz verde de parte del gobierno peruano para explorar y explotar losyacimientos de gas del denominado Lote 88, una zona que ha estado en controversia desde hace más de 30 años. El inicio de operaciones implicaría la afectación de frágiles poblaciones de nativos de la selva peruana, algunos de los cuales ni siquiera tienen contacto con la civilización occidental desde hace décadas, por voluntad propia.

 

CON LA APROBACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE OPERACIONES, SE VULNERA LA INTEGRIDAD DE LAS POBLACIONES INDÍGENAS EN AISLAMIENTO Y EN CONTACTO INICIAL. FOTO: PERIODISMOHUMANO.COM

El problema de fondo es que un 75% del Lote 88 se superpone con un 23% del área de la Reserva; esto ha producido una situación difícil de manejar pues en ella se mezclan factores legales, sociales, antropológicos, y hasta políticos.

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EL GOBIERNO PERUANO HA APROBADO EL INICIO DE OPERACIONES PARA LA AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR PARTE DE PLUSPETROL. FOTO: PROACTIVO.COM.PE

Para muchos, la implementación del complejo extractivo conlleva un gran riesgo para los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial, pues se vulnera su zona de subsistencia, y además quedarán expuestos a contraer enfermedades para las que sus sistemas inmunológicos no están preparados. Por lo que una simple gripe nuestra, puede significar la muerte para algunos de ellos.

El Ministerio de Cultura (MINCUL), a través de una resolución emitida el miércoles 22 de enero, ha terminado levantando las observaciones al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) realizado por la petrolera Pluspetrol, principal inversionista del Consorcio Camisea.

Algunos datos importantes

El EIA, o Estudio de Impacto Ambiental, es la herramienta mediante la cual, se fiscaliza y verifica el grado de impacto detallado que alguna operación extractiva tendrá en el medio ambiente. Toda empresa con pretensiones extractivas debe presentar este EIA que debe ser analizado por el Estado peruano, y observado de ser necesario antes de su aprobación. Hasta el año 2013 el EIA era aprobado solo por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), lo que siempre provocó críticas por generar un proceso parcializado a favor de las empresas.

Para equilibrar el proceso evaluativo, el Gobierno peruano ha dispuesto que la evaluación de los proyectos sea multisectorial. Así, a partir de este año es el Ministerio del Ambinete el que se encargará de examinar los EIA a través de un órgano denominado SENACE, aunque solo para evaluar los grandes proyectos de inversión. De este modo, como explica el ministro del Ambiente, los procesos evaluativos serán más confiables e imparciales. Del mismo modo, cuando el proceso extractivo conlleva ingresar en territorios con poblaciones vulnerables, el EIA también debe ser evaluado y aprobado por Ministerio de Cultura.

El contrato suscrito entre el Estado peruano y el Consorcio Camisea el año 2000 establece los lineamientos para la exploración y explotación del Lote 88, una zona ubicada en la selva de Cusco que comprende una extensión de 143,500 hectáreas para trabajar hidrocarburos.

El Lote 88 se superpone a un área protegida, la Reserva Kugapakori, Nahua, Nanti y Otros. Esta se ubica entre las regiones de Cusco y Ucayali y cuenta con una extensión de 456,672 hectáreas, donde habitan indígenas en aislamiento y contacto inicial. Viven comunidades asentadas en pueblos como Marenkiato y Montetoni (los Nanti), Santa Rosa de Serjali (los Nahua); y otras aisladas voluntariamente que se trasladan alrededor de lugares como Martentari, Piriasentoni, Kuria, Kipatsiari, Manyokiari, etc.

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LA AMPLIACIÓN DEL PROYECTO IMPLICA LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE OTRAS ZONAS DENTRO DEL LOTE 88. FOTO: ACTUALIDADAMBIENTAL.PE

El origen del problema

Los problemas en la zona, sin embargo, empiezan hace más de 30 años. En la década de los ochenta, murieron 500 nahuas debido a las actividades dentro de su territorio por parte de la empresa Shell, que terminó retirándose de la zona. En 1990, para proteger a los pueblos NahuasNantis y Machiguengas que se encuentran en estado de contacto inicial o aislamiento voluntario, se creó la Reserva Territorial Kugakapori, Nahua, Nanti y Otros.

Sin embargo, lejos de servir para salvaguardar la integridad des estas poblaciones, se terminó generando un gran problema debido a una superposición de derechos e intereses no tan claro.

El Lote 88 fue establecido antes de que se creara la Reserva, lo que ha generado una situación denominada jurídicamente como de derecho pre existente: legalmente, no se puede restringir la actividad extractiva de Pluspetrol en la zona.

No obstante, por iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Estado peruano firma una Carta de 21 Compromisos Ambientales y sociales, que lo obligaban a contraer ciertas obligaciones para reducir los impactos del Proyecto Camisea (financiado justamente por el BID) en esa zona de la selva.

Por ello es que el año 2003 el Estado peruano eleva la categoría de la Reserva, de manera que se estipula que las actividades económicas quedan prohibidas dentro de la ella, así como el otorgamiento de nuevos derechos que impliquen el aprovechamiento de los recursos de la zona.

Todo esto ha resultado en un conflicto por el cual una gran extensión de terreno otorgada para la explotación está en una zona considerada sensible para la supervivencia de poblaciones humanas, esto debido a que un 75% del Lote 88 se superpone con un 23% del área de la reserva.

La ampliación de actividades en el Lote 88

Los trabajos de exploración y extracción proyectados por Pluspetrol son de dos tipos, pero ambos comprendidos dentro del Lote 88.

De un lado, en 2011, Pluspetrol pide la aprobación del proyecto de ampliación de actividades de exploración y explotación dentro del Lote 88, en la Locación San Martín Este; la empresa presentó un estudio de impacto ambiental que en 2012 fue refrendado por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) luego de haberse levantado las observaciones. No obstante, no hubo un documento oficial por parte del Ministerio de Cultura (MINCU) en el que este levantase las observaciones al estudio de Pluspetrol. Pese a ello, finalmente, el MINEM aprobó el EIA para la ampliación de actividades, basándose sobre todo en que la reserva no tiene categoría de Reserva Indígena.

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LOS TRABAJOS PARA LA AMPLIACIÓN PODRÍAN GENERAR CONTACTOS CON POBLACIONES NO CONTACTADAS QUE PODRÍAN AFECTARLAS. FOTO: INTERNET

De otro lado –y esta es parte medular del problema– también en 2011 Pluspetrol solicita autorización para realizar un proceso de ampliación de las actividades dentro del Lote 88 y la Reserva; lo que busca es acceder a algunas sísmicas 2D y 3D, realizar perforaciones exploratorias de 18 pozos en seis locaciones (en las zonas San Martín Norte, Kimaro Este, Kimaro Oeste, Kimaro Centro, Armihuari Sur y Armihuari Norte), así como establecer una línea de conducción entre los puntos San Martín Este – San Martín 3. Para eso, Pluspetrol presenta una serie de documentos para un nuevo proceso de evaluación del EIA en el Lote 88, superpuesto tanto a la Reserva como a la Zona de Amortiguamiento del Parque Nacional del Manu.

El problema actual

Esta ampliación de trabajos dentro del lote 88 contempla la realización de pruebas sísmicas a través de cientos de kilómetros cuadrados, la perforación de 18 pozos y la construcción de una línea de flujo de más de 10 kilómetros. Tal ampliación, de realizarse, implicaría extenderse hacia zonas tanto al sur como al norte (sistémicas 2D y 3D) que se superponen con casi la cuarta parte del área total de la Reserva Territorial Kugapakori Nahua, Nanti y otros, y donde habitan poblaciones no contactadas.

Frente a las intenciones de iniciar el proceso de ampliación en la zona, el MINCUL envió a la empresa una opinión oficial acerca de los Términos de Referencia que se debían tener en cuenta para diseñar el EIA de tal ampliación. El MINCUL dio el visto bueno a parte de la documentación y no presentaba objeciones a la actividad exploratoria siempre en cuando esta se realizara dentro del Lote 88. Sin embargo, el MINEM interpretó que el MINCUL estaba aprobando la actividad sin objeciones.

Frente al evidente visto bueno por parte del MINEM, el INDEPA realizó varias observaciones; afirmaba que tales actividades ponían en peligro a los pueblos en aislamiento y contacto inicial, basándose en la legislación establecida en el Convenio N° 169 de la OIT. Asimismo, la propuesta de ampliación del Lote 88 generó que varias organizaciones indígenas reaccionaran.

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LAS POBLACIONES NO CONTACTADAS QUE HABITAN EN LA SELVA SON ALTAMENTE VULNERABLES A LAS ENFERMEDADES COMUNES DE LAS PERSONAS QUE VIVEN EN ZONAS POBLADAS. FOTO: LAREPUBLICA.PE

Posteriormente, en 2012 Pluspetrol envía el EIA con la explicación de sus operaciones. El resumen ejecutivo de este informe recibe observaciones del MINEM,MINAG, MINCUL y del SERNANP. En 2013 Pluspetrol levantó muchas de las observaciones, aunque no las del MINCUL.

Un primer informe del MINCUL de julio de 2013 presentó 83 observaciones al EIA. El documento concluía que la ampliación del lote implicaría un gran impacto sobre las poblaciones indígenas que habitan la zona y viven en aislamiento voluntario, o están en condición de contacto inicial: epidemias fatales, falta de acceso a recursos, menos insumos para su alimentación, etc.

Frente a esta información, Pluspetrol aclaró que el EIA cumplíá con todas las normativas exigidas. Jorge Merino, ministro de Energía y Minas, afirmó que la ampliación no afectaría a los indígenas en aislamiento. El entonces primer ministro Juan Jiménez descalificó el informe. Finalmente, el informe fue dado de baja; elviceministro responsable renunció no sin antes emitir una resolución que dejaba sin efecto su polémico informe.

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EL EX VICEMINISTRO PAULO VILCA EXPLICÓ QUE EL INFORME (FINALMENTE NO TOMADO EN CUENTA) A SU CARGO SÍ FUE REALIZADO ADECUADAMENTE. FOTO: ACTUALIDADAMBIENTAL.PE

Para algunos el informe estuvo mal estructurado; según Paulo Vilca, en ese entonces Viceministro de Interculturalidad, el informe se realizó adecuadamente, y su renuncia se debió a discrepancias con el Ejecutivo.

En octubre, la nueva Viceministra de Interculturalidad, Patricia Balbuena, nombró un nuevo equipo para desarrollar un nuevo informe que no incurra en los errores del anterior. Y en noviembre se emitió el nuevo informe que, en palabras de la ministra, contenía mayor información y estudios de campo más exhaustivos.

El informe sorprende porque es considerado menos crítico. Este pide a Pluspetrol únicamente abandonar los planes para realizar pruebas sísmicas 3D en la región delAlto Paquiria debido a la presencia en esa zona de personas en aislamiento.

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BAJO LA GESTIÓN DE LA NUEVA VICEMINISTRA PATRICIA BALBUENA SE EMITIÓ UN INFORME EN UN SORPRENDENTE CORTO TIEMPO, QUE FUE FAVORABLE A PLUSPETROL. FOTO: LAREPUBLICA.PE

El 13 de enero, Pluspetrol respondió positivamente al informe del MINCU; reduciría su área de pruebas 3D en unas 8.198 hectáreas, lo que significa en realidad un muy pequeño porcentaje, pues el área total para pruebas en 3D es de 379 kilómetros cuadrados y el de 2D de 179 kilómetros cuadrados.

A pesar de que la respuesta de Pluspetrol no constituye una medida acertada para proteger a las comunidades indígenas, sorprendentemente el Viceministerio de Interculturalidad emitió una resolución que aprueba el EIA de Pluspetrol.

Por otro lado, se está permitiendo la exploración en la zona noreste del Lote 88, en las regiones del Alto Serjali y del Río Bobinzana sin tomar en cuenta que ahí habitan poblaciones en aislamiento. Lo mismo sucede con la zona sur-este del lote, la del río Cashiriari; el informe de noviembre afirma que no hay poblaciones indígenas ahí, mientras que el de julio sostiene que sí habitan.

A pesar de la importancia económica del proyecto para el Perú, varias organizaciones peruanas e internacionales han expresado su preocupación ya que se vulnera la integridad y los derechos de las poblaciones indígenas no contactadas.

James Anaya, relator especial de las Naciones Unidas sobre derechos de pueblos indígenas recomendó que se denegara la autorización a Pluspetrol para efectuar el proyecto de exploración y extracción. Del mismo modo, la congresista peruanaVerónika Mendoza venía pidiendo antes de la aprobación de la EIA, la realización de un nuevo estudio más exhaustivo.

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JAMES ANAYA, RELATOR ESPECIAL DE LAS NACIONES UNIDAS, RECOMENDÓ QUE EL PROCESO SEA MÁS TRASPARENTE. FOTO: SERVINDI.ORG

Y los cuestionamientos no cesan, otro tipo de críticas han resaltado una serie de dudas y hasta irregularidades acerca del procedimiento para la aprobación del informe. El Instituto de Defensa Legal ha presentado una investigación en la que se muestra que el informe fue elabodo por especialistas vinculados a
Pluspetrol, lo que establece un conflicto de intereses.

La aprobación del estudio por parte del Mincu constituye un giro radical respecto de su posición inicial acerca de la delicada situación y la integridad de los indígenas que habitan la Reserva Kugapakori, Nahua, Nanti y Otros. Esto empeora una situación que debió manejarse de manera mucho más cuidadosa tomando en cuenta la situación legal de la Reserva, las poblaciones indígenas, y el compromiso con Pluspetrol.

¿Qué va a pasar ahora con las poblaciones vulnerables?

Según Iván Lanegra, especialista en Derecho y Política Ambiental e Indígena, y también ex Viceministro de Interculturalidad, el proceso administrativo interno (de revisión tanto del EIA como de otros documentos, y del levantamiento de observaciones) ya ha finalizado. Las organizaciones y grupos de la sociedad civil que defienden los derechos de las poblaciones indígenas “podrían presentar acciones legales contra la decisión administrativa del MINEM”; sin embargo, desde su perspectiva parece ser que tales organizaciones podrían apelar ante organismos e instancias internacionales.

Según Lanegra, queda claro que el proceso administrativo ha tenido muchos problemas. Esto ha sido evidente incluso para entidades y especialistas internacionales en el tema. Por ejemplo, las dudas que se fueron generando por las características particulares del proceso de aprobación del EIA llevaron a James Anaya, relator especial para la ONU, a solicitar que se realice un estudio amplio y participativo previo al inico de las nuevas actividades de exploración y explotación.

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PARA EL ESPECIALISTA EN TEMAS DE DERECHO INDÍGENA, IVÁN LANEGRA, ES NECESARIO REALIZAR UN PROCESO DE CONSULTA A LAS POBLACIONES INDÍGENAS EN CONTACTO INICIAL. FOTO: OBSERVATORIOPETROLERO.ORG

“Es importante ver como Anaya no rechaza de plano las actividades nuevas, sino que plantea dudas sobre si existe información clara y un proceso participativo suficiente para tomar alguna decisión sobre las mismas, considerando la vulnerabilidad de las poblaciones en aislamiento (las más vulnerables) y las de contacto inicial (menos vulnerables)”, explica Lanegra.

Asimismo, además de nuevos estudios de impacto, Lanegra considera necesario realizar un proceso de consulta a las poblaciones indígenas en contacto inicial; son ellas las que deben sopesar los beneficios o daños de la ampliación de trabajos en la zona.

Fuentes: Espacio 360, y The Guardian

Sophimanía

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