En una fuerte ofensiva, acusa a compañías como Chevron, Petrobras, PAE, Sinopec y hasta YPF, entre otras, de no producir lo suficiente en esas áreas
El Gobierno acaba de poner en marcha la mayor amenaza que esgrimió en los últimos años contra las empresas petroleras: desde la semana pasada, comenzó a ofrecer a empresas locales una participación en los yacimientos de grandes compañías privadas que mostraron una caída en la producción en los últimos meses.
Los nombres de las principales compañías del país figuran en una planilla, a la que tuvo acceso LA NACION. Allí se menciona a casi 40 yacimientos en manos de todas las grandes petroleras, desde Chevron, a punto de convertirse en la mayor socia de YPF, hasta la propia compañía estatizada, la brasileña Petrobras; la francesa Total, la norteamericana Apache; las argentinas Pluspetrol y Roch; la china Sinopec; Tecpetrol, del grupo Techint; Oil, de Cristóbal López, y Pan American Energy (PAE), bajo la conducción de los hermanos Bulgheroni.
La planilla cuenta con cuatro columnas: provincia (en referencia a la ubicación del yacimiento), concesión, operador y acción a tomar. Bajo el último ítem, figuran referencias como “acordar con la provincia”, “reunión con el operador” o “reunión con YPF”.
Roberto Baratta, el polifuncional emisario del ministro de Planificación, Julio De Vido, hizo circular la lista por primera vez a principios de la semana pasada. Ocurrió en una reunión que mantuvo el 25 de junio con compañías de menor tamaño, casi todas desconocidas, en el Ministerio. A firmas como Technoil, Gora y Seismic, entre otras, Baratta les recordó que el principal objetivo del Gobierno es encarar acciones que permitan aumentar la producción de petróleo y, en especial, de gas, que viene en franca caída.
Nada de eso sorprendió a los asistentes. En cambio, se miraron azorados cuando vieron los nombres del paquete en juego. La lista incluye, por ejemplo, algunas de las joyas de las petroleras: el yacimiento salteño Ramos, concesionado a Pluspetrol; Aguada Pichana, uno de los activos más importantes de Total; Loma La Lata, de YPF; El Trapial, de Chevron; El Tordillo, de Tecpetrol, y Cerro Dragón, el principal pulmón petrolero del país, en manos de PAE, que sufrió una caída en la producción debido a la ocupación y los destrozos que provocaron en esa concesión Los Dragones -una facción disidente de la Uocra- hace un año. Baratta definió a esos activos como “áreas con potencialidad”.
El funcionario les propuso avanzar en negociaciones entre las empresas convocadas para acordar la conformación de Uniones Transitorias de Empresas (UTE) que pudieran desembarcar en la operación de algunas de esas áreas. Por el tamaño del negocio en juego, los empresarios se mostraron incrédulos ante la propuesta. Para convencerlos, Baratta sostuvo que a las UTE podría sumarse Enarsa, la compañía estatal de energía, y de esa manera recibir financiamiento por parte del Ministerio de Planificación.
Enarsa, que no tiene presidente desde la renuncia de Exequiel Espinoza, en mayo, está bajo la conducción del camporista Juan José Carbajales. Luego de Cammesa, es la segunda entre las mayores beneficiadas con los subsidios que aporta el Estado. El año pasado recibió casi $ 20.000 millones por esa vía.
Entre el miércoles y el jueves, además, el Comité Técnico de Seguimiento del Acuerdo Federal para el Cumplimiento de los Objetivos de la Soberanía Hidrocarburífera, que lideran Baratta y Kicillof, se reunió con Total, Apache, Tecpetrol, PAE, Petrobras y Pluspetrol.
Otro punto sorprendió a los empresarios. En la mesa estaba sentado Juan Carlos Lascurain, presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra), ex timonel de la Unión Industrial Argentina (UIA) y de muy buena sintonía con el Gobierno. Por orden de Baratta, Lascurain hace las veces de coordinador del grupo de empresas convocadas en los últimos días. De hecho, fue el anfitrión de la reunión que se realizó el jueves en Adimra para avanzar en las negociaciones. Por la molestia que les provoca la salida de dólares debido a las importaciones de energía, los ministerios de Economía y de Planificación tienen bajo estudio desde la semana pasada la performance inversora de las petroleras.
Las áreas que ofreció Baratta fueron remitidas a ambas carteras por las provincias la semana pasada a través de la Organización de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi). El miércoles pasado hubo otra reunión importante en Planificación. Estuvo conducida por Baratta y por Nicolás Arceo, uno de los hombres de mayor confianza de Kicillof. Por el sector privado participaron algunas de las principales empresas internacionales proveedoras de servicios petroleros, como San Antonio, Weatherford, Halliburton y Schlumberger.
Los funcionarios les plantearon a los empresarios que querían que trajeran más equipos de perforación petrolera al país. Sucede que poco después de la estatización de la empresa, YPF aumentó la contratación de esas unidades con la intención de mejorar la producción. Si bien logró ese objetivo parcialmente, agotó la disponibilidad de equipos de perforación. Ése se convirtió en el principal argumento que usa el resto de las petroleras para explicar sus problemas para aumentar inversiones.
A cambio, los funcionarios les prometieron hacer gestiones para facilitar los trámites de Aduana, siempre lentos debido a las trabas ideadas por el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.
