Morillo: Desmontes en zonas protegidas por la Ley de Bosques

En el departamento Rivadavia Banda Norte de la provincia de Salta se vive hoy una pesadilla inexplicable: el desmonte de al menos tres latifundios privados (la finca de Fernando Gustavo Cenci, la finca La Juanita y finca La Santafesina). El desmonte es una pesadilla no sólo para las comunidades wichís y para los pequeños campesinos criollos que dependen ineludiblemente del monte, sino también para todos los ciudadanos de Salta, de la Argentina y del mundo que son conscientes de que con cada metro de monte chaqueño que se destruye se comete un daño irreparable a la diversidad biológica y sociocultural del planeta. La pesadilla es inexplicable porque las tierras que van siendo devastadas están en teoría protegidas por la Ley Nacional de Bosques (Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, Nro. 26331 del año 2007), en base a la cual se ha clasificado al área en cuestión en la “categoría II” (amarillo), una categoría que permite el uso sustentable del ambiente, pero bajo ningún concepto el desmonte.Aunque el desmonte es ilegal, en días como hoy resulta, sin embargo, difícil detenerlo. En las aproximadamente mil quinientas hectáreas que forman la finca de Fernando Gustavo Cenci (número de catastro 5431), ubicadas a unos mil metros al sur del pueblo de Coronel Juan Solá (mayormente conocido por el nombre de su estación de trenes: Morillo), desde la primera semana de septiembre las máquinas avanzan dejando detrás la tierra arrasada. Comenzaron con un supuesto “deslinde”: la topadora desmontó una franja de quince metros en todo el perímetro del predio y aprovechó la ocasión para destruir impunemente el monte de veinte hectáreas colindantes que pertenecen a dos de las comunidades wichís de Morillo (La Cortada y Chañar II). Por entonces, los indígenas no supieron cómo reaccionar. Ahora, y desde hace una semana, una topadora, un tractor y una camioneta 4 x 4 trabajan en la finca de Cenci en un supuesto “desbajerado”; hoy hemos podido comprobar visualmente y registrar fotográfica y fílmicamente que en realidad se trata lisa y llanamente de un desmonte. Según nos confesaron los operarios de las máquinas, el objetivo es “limpiar” quinientas hectáreas.
La intendenta Marcela Carabajal y su equipo de trabajo están interesados en detener este y los otros desmontes que avanzan simultáneamente en el territorio del municipio, pero no siempre consiguen las herramientas legales y el apoyo policial necesarios. Ayer, la intendencia y tres particulares (entre ellos, los autores de esta nota, investigadores que trabajan con las comunidades wichís de la zona desde hace diez años), acompañados por los presidentes de las asociaciones civiles indígenas afectadas y por la ONG local Tepeyac, asentamos dos denuncias policiales a fin de detener urgentemente las máquinas, que tiran árboles día y noche, sin descanso. Hasta el momento el juez Medina, de la ciudad de Tartagal, competente en la causa, no ha dictado ninguna medida cautelar, y por lo tanto la policía no interviene. Hemos realizado también la denuncia correspondiente en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia de Salta, a partir de la cual el personal del área de Fiscalización y Control nos confirmó mediante reiteradas comunicaciones telefónicas que el desmonte en la finca de Cenci no cuenta con permiso, es decir, es ilegal. Mientras se espera la orden judicial y/o la venida de los inspectores de la Subsecretaría, los indígenas, los criollos, los miembros de la ONG, los funcionarios de la intendencia y los investigadores ponemos el cuerpo en la finca de Cenci para impedir que las máquinas reanuden la destrucción del monte.
La protección del bosque nativo salteño es fundamental al menos por dos razones. En primer lugar, porque el monte nativo del área constituye uno de los últimos reductos nacionales y continentales de un ecosistema valiosísimo per se, por la altísima biodiversidad que alberga (la cual no está aún lo suficientemente documentada científicamente) y por su potencialidad en cuanto a desarrollo sostenible. En el contexto de un país y un planeta que atraviesa una agudísima crisis ambiental, el resguardo del hábitat del Chaco Seco salteño no sólo debe preocupar a los habitantes del área, sino también a todos los argentinos y a la humanidad. En segundo lugar, el monte chaqueño posee un valor económico, social y religioso sumamente significativo para los habitantes de la zona: para los campesinos y vecinos de los pueblos criollos, pero fundamentalmente para las comunidades wichís que habitan el territorio desde hace miles de años. Tanto material como simbólicamente, la vida de los indígenas depende del monte: él les provee frutos, animales de caza, pasturas para sus pequeños hatos de cabras, leña, maderas y fibras textiles para sus artesanías, remedios naturales, entre muchísimos otros recursos. Asimismo, cada planta, cada animal y cada lugar del monte forma parte del universo de significados donde la vida wichí cobra sentido. Es pasmoso que en un escenario regional y nacional donde se proclama como fin deseado el desarrollo sostenible y se reivindica constantemente, al menos de palabra, los derechos de los pueblos indígenas, se pueda destruir con tanta soltura el monte y el mundo social complejísimo que los wichís han sabido desarrollar en simbiosis con su entorno natural. El fin del monte es en parte el fin de los wichís, y es un nuevo hito en una historia provincial y nacional signada por la destrucción irresponsable de los recursos naturales, la pauperización de los campesinos, la reducción de la diversidad lingüística y cultural en el área, y el menosprecio y la opresión de los pueblos indígenas.
Lic. Rodrigo Montani (Antropólogo, Universidad Nacional de Rosario)
Dra. María Eugenia Suárez (Etnobióloga, CONICET – Universidad de Buenos Aires)
Morillo, 19 de septiembre de 2012.