Tras conseguir un fallo favorable en una corte de Estados Unidos, Chevron pretende evitar el pago de la remediación ambiental en la Amazonía determinada por la Justicia ecuatoriana. Los abogados de los afectados por la petrolera señalan que dicho fallo no tiene jurisdicción y no afecta el inminente cobro de la sentencia. En Argentina, organizaciones solidarias con los afectados criticaron que ese caso se utilice como parte de la negociación por la inversión de Chevron en Vaca Muerta.
Humberto Piaguaje, líder de la Nacionalidad Indígena Siekopai, uno de los representantes de los afectados (Fuente, Hoy)
Por OPSur.- El martes 4 de marzo, mientras en Ecuador se festejaba el último día de carnaval, Lewis Kaplan, un juez el distrito sur de Nueva York, condenaba a los abogados de los indígenas y campesinos amazónicos afectados por Chevron. La sentencia sostiene que los letrados obtuvieron de manera ilegal un fallo favorable de la Corte Suprema ecuatoriana en contra de Chevron, por el desastre ambiental que dejó Texaco (adquirida en 2001 por Chevron) en su operación en la Amazonía entre 1964 y 1992.
A pesar de no tener jurisdicción sobre el área contaminada, el Juez Kaplan consideró que la sentencia del máximo tribunal ecuatoriano se había conseguido con “evidencia fraudulenta” y “corrupción” por parte de los afectados por la petrolera. Con este fallo, de primera instancia, se impide la ejecución del cobro en Estados Unidos. El abogado de las víctimas, Juan Pablo Saez señaló a la agencia Andes que apelarán a la sentencia calificándola como “un fallo injusto producido por un juez ilegítimo dentro de un proceso absurdo”. En septiembre de 2011 el Tribunal de Apelaciones revocó una sentencia similar del juez Kaplan, en la que pretendía detener las acciones de cobro de las víctimas de Chevron en todo el mundo.
A través de un comunicado, la Unión de Afectados y Afectadas por las operaciones de Chevron-Texaco rechazó el fallo, señalando que “no existe fundamento jurídico para que un juez de primera instancia de un país, pretenda bloquear o entorpecer la ejecución de una sentencia firme de un país diferente”. Además de la falta de jurisdicción, las víctimas denunciaron que toda la evidencia presentada durante el juicio ya había sido desestimada en los tribunales de su país y que el fallo se sustenta en el testimonio de un solo testigo, el ex juez Alberto Guerra, quien recibió US$ 350 mil por su declaración, según señalaron.
El fallo del juez norteamericano es una escena más del largo proceso judicial que se inició en Estados Unidos en 1993 cuando un grupo de pobladores amazónicos inició una demanda en contra de la entonces Texaco, por la contaminación de más de 450 mil hectáreas en las provincias de Orellana y Sucumbios, en el noreste ecuatoriano. Por petición de Chevron, el caso pasó a los tribunales ecuatorianos en 2002. En 2011 la Corte de Nueva Loja falló a favor de los indígenas y campesinos afectados, sentenciando a la petrolera a pagar US$ 8.6 mil millones para iniciar la remediación del área, monto que sería duplicado si Chevron no pedía disculpas públicas a las víctimas. Finalmente en 2013 la Corte Suprema ecuatoriana confirmó la sentencia, aunque eliminó la duplicación del pago.
Debido a que la compañía petrolera retiró sus activos de Ecuador, desacatando su compromiso de respetar los fallos de los tribunales de ese país, las víctimas han iniciado acciones de cobro en otros países donde Chevron sí tiene activos, como Canadá, Brasil y Argentina. Las acciones de cobro en esos países no se verán afectadas por el fallo del tribunal norteamericano, según señalaron los abogados ecuatorianos.
En Argentina actualmente se está llevando adelante un proceso de homologación de sentencia, que permita efectivizar el pago para la remediación ambiental en la Amazonía. Debido a que Argentina y Ecuador firmaron la Convención Interamericana sobre el Cumplimiento de Medidas Cautelares, el proceso judicial fue acompañado por un embargo sobre los activos de Chevron Argentina SRL. La medida fue dictada en primera instancia en noviembre de 2012, por el Juez Civil Adrián Elcuj Miranda y confirmado en enero del año siguiente por la Cámara de Apelaciones.
Representantes de los afectados junto a las autoridades de la Comunidad Campo Maripe, en Vaca Muerta.
El inicio de las acciones judiciales contra Chevron en el país, coincidió con la búsqueda de nuevos socios de YPF, tras su renacionalización parcial, enfocada sobre todo en la formación Vaca Muerta. Chevron apareció como la primera empresa dispuesta a asociarse con YPF para iniciar un plan piloto de explotación de shale oil a través de la cuestionada técnica del fracking. En marzo de 2013 George Kirkland, Vicepresidente de Chevron condicionó la firma, al señalar al diario Financial Times “no podemos seguir adelante con el acuerdo mientras esto esté pendiente porque embargarían el dinero que llevemos para gastar allí”. Al llegar el embargo a la Corte Suprema la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, elaboró un dictamen que consideraba la medida cautelar como un riesgo “para la política energética y el desarrollo económico del país”. En estas circunstancias, y desconociendo la Convención Interamericana sobre el Cumplimiento de Medidas Cautelares, la Corte Suprema levantó el embargo contra Chevron.
Tras el fallo del pasado martes, el CEO de Chevron, John Watson señaló que ahora esperaba “un rápido avance en la perforación de la zona de Vaca Muerta”. A través de un comunicado público, la Red Argentina de Solidaridad con los Afectados por Chevron en Ecuador criticó los dichos de Watson, considerando que “estas palabras demuestran que la inversión de Chevron en nuestro país siempre estuvo condicionada al proceso judicial en Ecuador”. Según la Red, que nuclea a más de una decena de organizaciones sociales, la empresa norteamericana busca una escalada judicial con el objetivo de “invisibilizar a las víctimas de la petrolera, que son las más de 30 mil personas que viven en el territorio contaminado”, añadiendo que Argentina tiene la obligación de cumplir con la sentencia emanada por el máximo tribunal ecuatoriano, de manera de permitir la remediación ambiental en el territorio amazónico afectado.
