Hacia fines de la década de 1990 el entonces gobernador Felipe Sapag impulsó el plan Neuquén 2020 con el propósito de dar un salto más allá de explotación de hidrocarburos y avanzar hacia el desarrollo de un modelo productivo agroindustrial. Si bien eran años en que la provincia consolidaba su perfil petrolero, un horizonte de agotamiento del recurso propiciaba un fuerte cambio de rumbo. Por esos días, también, la huella petrolera fue puesta de relieve como un condicionante para la reconversión productiva, un problema que luego fue desestimado con la fiebre de Vaca Muerta (1ra parte). -Ver 2da parte-
Hernán Scandizzo.- En 1997 Felipe Sapag lanzó el Plan Neuquén 2020. La provincia atravesaba un escenario contradictorio, por un lado se habían consolidado los hidrocarburos como el sector dominante del PGB[1], el Neuquén Petrolero; por el otro, se registraba una baja del precio de barril de crudo, las reservas estaban en caída y se presagiaba un cercano fin del petróleo. Como telón de fondo la alta conflictividad social, producto de la implementación de políticas neoliberales de ajuste fiscal, tanto a nivel nacional como subnacional. La alternativa que el Plan proponía era diversificar la matriz productiva, apostar fuertemente al desarrollo agroindustrial. “Buscaremos seriamente intentar cambiar nuestro paradigma productivo basado hoy en los hidrocarburos, sin dejar de explotarlos e industrializarlos. Debemos hacer que la economía agroindustrial sea el eje económico del próximo siglo porque genera mayor cantidad de empleos por unidad de inversión, porque es renovable y porque mejora el medioambiente”, aseguró el patriarca neuquino en el mensaje de apertura de las sesiones ordinarias legislativas de ese año (Copade, 1997: 3).
El Neuquén 2020 fijaba como objetivo para las siguientes dos décadas poner en producción 100 mil hectáreas agropecuarias y 200 mil forestales, y desarrollar el sector agroindustrial. El turismo, junto a la minería y la generación de energía funcionarían como “ejes complementarios y articuladores con el corto y mediano plazo”, de ellos se derivaría la dinamización de otros sectores como servicios, comercio e industria. También la conquista del mercado asiático, a partir del desarrollo de un corredor bioceánico, era otra de las metas planteadas (Giuliani; 2013: 161). La creación del Instituto Autárquico para el Desarrollo Productivo (Iadep) y del Centro del Promoción y Desarrollo para la Pequeña y Mediana Empresa (Centro Pyme) responden a esos objetivos. El primero, para asistir y promover el desarrollo y transformación de la estructura económica de la provincia a través de la entrega de créditos para la fruticultura, horticultura, ganadería y forestación; mientras que el segundo estaba orientado a estimular la actividad de pequeñas y medianas empresas.
En ese proceso el Gobierno neuquino también advirtió, por primera vez, que la degradación del territorio por la explotación de hidrocarburos podía convertirse en un condicionante del desarrollo productivo -paradójicamente, quienes hicieron esa misma afirmación en tiempos del boom de Vaca Muerta fueron considerados terroristas ambientales por las autoridades. A esa conclusión había arribado el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), convocado por el Ejecutivo provincial, tras evaluar los daños ambientales producidos por la actividad hidrocarburífera en Rincón de los Sauces, luego de una serie de derrames que habían afectado la cuenca del río Colorado lo que provocó que se declarara emergencia ambiental en la provincia. Los pasivos ambientales y económicos de tres áreas petroleras de Rincón de los Sauces, aproximadamente 555 mil hectáreas, fueron valuados en 949 millones pesos/dólares, eran años de paridad 1 a 1 (PNUD-Neuquén, 1998: 54), que la Provincia reclamó a las petroleras YPF, Pérez Companc y San Jorge.[2]
Ante este panorama la oficina de la ONU propuso alternativas de remediación y de producción sustentable. “Las emergencias ambientales -sostenía el informe- constituyen una evidente desarticulación en la relación sociedad–naturaleza, ya que resultan de la no consideración de la constante interacción entre los aspectos naturales, sociales, económicos y políticos referidos a la elevación de la calidad de vida. (…) [Esas] situaciones limitan y devalúan el efecto beneficioso de las actividades económicas para la provincia y amenazan las condiciones para un desarrollo sustentable, hecho agravado por la no renovabilidad de los recursos hidrocarburíferos” (PNUD-Neuquén, 1998: 2).
Una década más tarde en el primer avance del informe El riesgo de desastres en la planificación del territorio del PNUD, realizado en el marco del Programa Nacional de prevención y reducción del riesgo de desastres y desarrollo territorial del Ministerio de Planificación de Federal de la Nación, advertía: “Los procesos de degradación que afectan la base productiva (sobre todo el recurso suelo) son de importancia central, si se tiene en cuenta que el modelo deseado territorial planteado por Neuquén propone un cambio en la matriz productiva, pasando de una economía basada en la actividad hidrocarburífera a otra más diversificada e integrada verticalmente, con predominio de la actividad agroindustrial. Este cambio también supone, hacia el futuro, una acción sobre los problemas de contaminación ligados a la explotación de hidrocarburos” (PNUD, 2010: 313).[3]
Fuentes:
-Documentos Oficiales
Consejo de Planificación y Acción para el Desarrollo (1997). Neuquén 2.020. Crisis y Oportunidad. Documento preliminar. (Online)
(2006). Plan Estratégico Territorial – Argentina 2016 -, Provincia del Neuquén.
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación (2011). Plan Estratégico Territorial Avance II: Territorio e Infraestructura. 1ra Edición. Bs As.
Programa Naciones Unidas para el Desarrollo y Provincia del Neuquén (1998). Proyecto ARG/97/024 Emergencia Ambiental, Hidrocarburos -Compensación y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Neuquén. Resumen Ejecutivo.
Programa Naciones Unidas para el Desarrollo (2010). El riesgo de desastres en la planificación del territorio: primer avance. Programa Nacional de prevención y reducción del riesgo de desastres y desarrollo territorial. 1ra Edición. Bs As. PNUD- Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública – Minplan.
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación (1998). Patagonia XXI. Estado actual de los conocimientos sobre los procesos de desertificación en Patagonia, su prevención y control. Estudio comparativo con regiones homólogas. Conclusiones y estrategias. Informe final. Versión preliminar. (Convenio de Préstamo Nro. 3948-AR)
-Bibliográficas
Giuliani, Adriana (2013); Gas y Petróleo en la economía de Neuquén. 1a Edición. Neuquén. Educo – Editorial de la Universidad Nacional del Comahue.
-Periodísticas
Clarín (Enzo Scilinguo), 11/10/1998. Ponen precio al daño ecológico. (Online)
[1]El Producto Geográfico Bruto (PGB) mide el valor de la producción (a precios de mercado) de bienes y servicios finales, atribuible a factores de producción físicamente ubicados en el territorio.
[2] Los directivos de las compañías manifestaron su negativa a asumir el pago (Clarín, 11/10/1998), la negociación que siguió a esa oposición no trascendió. El tema rápidamente desapareció de la prensa y el informe se mantiene vedado a la consulta pública.
[3]El estudio concluía que del conjunto de amenazas y procesos de degradación evaluados, la principal era la desertificación, que afectaba, de manera directa e indirecta, a aproximadamente dos tercios del territorio neuquino, donde reside el 70% de la población. Según este informe, la erosión por pérdida vegetal y actividad hidrocarburífera comprendía 934.909 hectáreas de manera grave y muy grave, y 1.478.872 hectáreas de manera moderada, mientras que la superficie total de la provincia ronda las 9.5 millones de hectáreas. En tanto la contaminación hídrica por descarga de efluentes de la actividad hidrocarburífera eran localizados en la margen sur del río Colorado, departamento Pehuenches, y prácticamente la totalidad de los departamentos Añelo, Confluencia, Collón Cura y Zapala (PNUD, 2010: 309-310). Existen otros informes oficiales que abordan esta esta problemática elaborados por el Ministerio de Planificación Federal (2011), el Copade (2006) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación (1998).
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