Petrolera Piedra del Águila intentó nuevamente ingresar a la comunidad Huenctru Trawel Leufu, volvió la inseguridad a la zona.
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Amaneció tranquilo en Huenctru Trawel Leufu, aunque tranquilo es un decir. Ayer un oficial de justicia llegó acompañado por representantes de Petrolera Piedra del Águila (PPA) y policías -que se trasladaron en patrulleros sin patente- para cumplir una orden de la jueza civil de Cutral Có Nancy Noemí Vielma: que la empresa ingrese a la comunidad para realizar tareas de exploración. Los comuneros, al tanto de la medida judicial, esperaban en la tranquera y allí resistieron, apoyados por otras comunidades y organizaciones sociales. Hoy algunas camionetas de la compañía recorrieron la zona, pero la alarma continúa: trascendió que mañana el oficial de justicia volvería a la carga.
El conflicto en esa comunidad –ubicada en las afueras de Picún Leufú, a 130km al sur de Neuquén Capital- comienza a mediados de 2007 y a poco de iniciarse se instaló la violencia estatal y paraestatal: los comuneros sufrieron la quema de un auto y una vivienda, además de numerosas amenazas y agresiones. Por esos antecedentes no es descabellado anticipar que de no llegarse a una pronta solución el desempleo, que actualmente asoma en el horizonte del gremio petrolero, será utilizado para promover acciones de los trabajadores contra los mapuche.
Juan Carlos Curruhuinca, de la comunidad Huenctru Trawel Leufú, contó ayer la situación vivida en el lof. A continuación la conversación telefónica mantenida con el Observatorio Petrolero Sur.
-¿Qué anduvo pasando?
Llegó una orden de la jueza Vielma de Cutral Có donde autorizaba a abrir la tranquera por la fuerza, con la policía, en complicidad de la empresa Petrolera Piedra del Águila. Estuvieron [representantes de la empresa] Santiago Gastaldi [el Gerente de Producción], Alberto Zappa [ex secretario de Obras y Servicios Públicos del municipio de Plottier durante la gestión de Pilar Gómez, su cuñada]- y [David] Torres [sindicado por los comuneros como encargado de relacionarse con grupos de choque]-; la policía de Picún -el comisario y toda su gente-… Digamos, un grupo de 12 personas. El oficial de justicia, que venía a cargo de la jueza Vielma, y también un representante del gobierno provincial –el mismo que firmó la resolución 0310 para hacer en la comunidad el trabajo de [impacto en el] medio ambiente, cultural y relevamiento territorial. La misma gente que firmó esa resolución andaba apoyando esta injusticia, en la complicidad entre el poder y la justicia, la policía y la petrolera, tratando de entrar por la fuerza al territorio.
Lo que parecía vergonzoso es que el mismo abogado de la empresa Petrolera Piedra del Águila, Alejandro Diez, insistiera al oficial de justicia, lo presionaba, lo apuraba, para que le diga a la policía que actúe y tome cartas en el asunto.
-¿Ustedes recibieron una notificación de la Justicia que tenían que permitir el ingreso de la petrolera?
Sí, ayer, casualmente notificaron… Anteriormente ya habían querido ingresar, hace quince días atrás, los sacamos y con esa misma nota nos presentamos a los abogados y los abogados informaron a la provincia que hay que trabajar en la resolución 0310 y que no podían pasar por arriba de los derechos de los pueblos originarios ni por esa resolución; por lo tanto las veces que querían ingresar al territorio tenían que ser informados ellos. Hoy la jueza le mandó una nota a los abogados diciéndole que la empresa había solicitado, basada en una vieja medida cautelar, otra orden para ingresar al territorio y hacer el trabajo de sísmica, perforación, exploración, todas esas cosas… y empezar, como quién dice, a destruir el territorio.
La comunidad ya estaba alarmada, nos estamos organizando con otras comunidades, organizaciones sociales, partidos que apoyan la causa de los pueblos originarios -que se hicieron presentes en un grupo de 28, 30 personas-, impedimos que rompieran la tranquera. A pesar de todo eso nos llevamos los insultos de Alberto Zappa, Santiago Gastaldi. Insultaban a la comunidad, tratándonos de lo peor, que éramos usurpadores y que éramos indios no sé cuánto, por no decir “indios de mierda”. Y el abogado Alejandro Diez exigiéndole al oficial de justicia que tome cartas en el asunto y obligue al personal policial a que actúe…
En un momento fue Alberto Zappa a buscar una sierra a la camioneta que estaba estacionada sobre la ruta 237 y la comunidad le dijo que no lo iba a dejar entrar, que el derecho era nuestro, y por lo tanto la jueza, en complicidad con el gobierno provincial, los derechos de los pueblos originarios los quería solucionar reprimiéndonos, con gases lacrimógenos, con balas de goma. Lo lamentable de esto es que andaban todos armados, con escopetas tipo Itaka, no sé si eran con perdigones de goma u otro tipo, lanza gases, que con eso espantan a la gente.
La comunidad se basó en sus derechos y no está en condiciones de entregar su territorio para que lo vengan a destruir, hasta tanto el gobierno provincial no cumpla con lo que dice la Constitución Provincial. El gobernador Jorge Sapag, en complicidad con el ministro de Justicia, y ahora también de Acción Social, César Pérez, hace 10 o 15 días también mandó a reprimir unas comunidades en la cordillera, en la zona de Villa Pehuenia y Lago Aluminé, la comunidad Maliqueo y la comunidad Puel. Por lo tanto nosotros, sabiendo que vienen cometiendo estos atropellos, estamos alarmados y decidimos que si le van a pegar a todas las comunidades, que nos peguen a nosotros también. El derecho es nuestro y si no hay una consulta, como dice la Constitución, nosotros nos vamos a negar a dejarlos entrar, y que el gobierno provincial respete los derechos de los pueblos originarios.
-La situación fue de alta tensión hoy, ¿cómo se resolvió eso? ¿La empresa se retiró, la policía, el oficial de justicia también?
Sí, se retiró el oficial de justicia porque en la tranquera había mujeres, había niños, adolescentes, konas, había algunas ñañas, las ñuke, estaba el lonko, las lamgien, werkenes. Peñis que estaban acompañando y gente que venía de otras organizaciones.
-¿Hubo algún diálogo antes que ellos se retiren o al ver la posición de quienes estaban resistiendo en el territorio de la comunidad tomaron la decisión de irse?
Como siempre hicieron un acta entre la empresa petrolera, el oficial de justicia y la policía y se retiraron callados la boca.
-¿Con ustedes no tuvieron ningún diálogo?
No, con nosotros no tuvieron ningún diálogo. Lo único que hicieron, cuando recién llegaron, notificaron a cuatro personas de la comunidad que venían con orden de la jueza de abrir la tranquera para que ingrese la Petrolera Piedra del Águila. Por lo tanto la jueza Vielma no reconoce la comunidad, nos trata como personas comunes y corrientes, porque el oficial de justicia dijo: “Vengo a hablar con los ciudadanos de apellido Curruhuinca, Victorino Curruhuinca, Teresa Curruhuinca, Juan Carlos Curruhuinca y Rufino Curruhuinca”, y por lo tanto le dijimos: “Acá hay una comunidad con personería jurídica que se llama Huenctru Trawel Leufu”. Él dijo que la orden que traía era abrir la tranquera, por lo tanto traía el cerrajero, y si nosotros nos negábamos, él podía utilizar la fuerza pública. La comunidad le dijo que utilizara la fuerza pública y que estamos [con el] derecho a resistir, a defender el territorio, porque es vergonzoso lo que está haciendo el gobierno de Jorge Sapag, el ministro César Pérez, de reprimir a las comunidades para que abandonen su territorio.
Con ese posicionamiento nos plantamos y también le dijimos a la jueza que por el cargo que tiene en el poder de la Justicia conoce bien los derechos de los pueblos originarios y no puede estar violando estos derechos que tenemos en la Constitución Provincial y en la Constitución Nacional. En eso nos basamos y ahí fue toda la discusión hasta que se retiraron.
-Antes hablabas de la resolución 310, ¿de qué se trata?
El 8 de septiembre de 2008, en presencia del ministro [de Gobierno] Jorge Tobares, la Confederación Mapuche Neuquina, los abogados de la Confederación Mapuche, la comunidad Huenctru Trawel Leufú y la Petrolera Piedra del Águila se hizo en Picún Leufú el lanzamiento de la Comisión Evaluadora de Impacto Ambiental [creada por la resolución 0310/08] para empezar a trabajar en el territorio y ponerle un fin a todos los conflictos que se venían generando dentro de la comunidad. Petrolera Piedra del Águila aceptó y firmó esa acta de acuerdo para tratar de que no siguieran surgiendo estos inconvenientes que venían sucediendo adentro territorio de la comunidad.
Pero con el tiempo esto se fue pinchando, Petrolera Piedra del Águila empezó ante el gobierno de la provincia del Neuquén a presentar contrapropuestas dejando de lado la resolución 0310. Ellos pedían que los dejen ingresar al territorio, hacer todos los trabajos de sísmica, perforación, exploración y el tránsito libre de todas las contratistas que pudieran contratar ellos para hacer los trabajos dentro del territorio. Así que el gobierno provincial tampoco respetó [la resolución], porque se prestó para el juego de Petrolera Piedra del Águila. Empezamos a ir a las reuniones a Nuequén, aparecieron diferentes actores, como Guillermo Coco [secretario de Recursos Naturales], el doctor [Ricardo] Rivas [subsecretario de Justicia y Derechos Humanos], la doctora Belén López [que responde al ministro Jorge Tobares], este muchacho [Darío] Estrella, [director de general de Exploración y Explotación]. Empezaron a aparecer estos personajes que a la hora definir no tenían ninguna [poder de] decisión política. Y así, del 8 de septiembre del 2008 hasta ahora, no se ha adelantado nada.
En otra oportunidad la provincia dijo que no tenía fondos para pagarle a los profesionales para que hagan los estudios en el territorio, recurrieron a Nación, Nación le dijo que tampoco tenía fondos, por lo tanto la provincia quería que arregláramos con la empresa, que dejáramos la resolución 0310 de lado y la comunidad se negó. La resolución se cayó y empezó el conflicto otra vez, hace más o menos que esto viene sucediendo… muchas veces nos hemos quedado callados. Después del 8 de septiembre han pasado muchas cosas, hasta que hace 10, 15 días sacamos a una contratista del territorio y la policía dentro del territorio sigue estando.
Acá el único responsable es el gobierno provincial llamado Jorge Sapag, junto con la jueza Vielma de Cutral Co, que son cómplices, que se prestan para venir a reprimir a las comunidades, que muchas veces son indefensas, se basan en el único derecho que tienen: los derechos como pueblos originarios. No utilizamos armas, para nada, sino que nos basamos en el derecho, nada más.
-Juan Carlos, ¿cómo sigue ahora la situación?
Nosotros estamos apostados en la tranquera, veo que está llegando más gente, estoy acá arriba de un cerrito, veo que está llegando más gente a acompañar esta lucha. Nosotros ya tenemos la ruka pegada a la tranquera y nos vamos a quedar acá. No vamos a permitir estos manoseos del gobierno de la provincia y la jueza Vielma, que nos vengan a desalojar como si fuéramos animales que nos tienen que arrear y correr para el lugar que ellos se les antoja. Así que la comunidad ha decido resistir hasta las últimas consecuencias, porque esto ya no da para más, basta de manoseos, creo que nos han cansado. Nos hemos cansado, la comunidad está cansada, porque en ninguna comunidad este gobierno ha dado alguna solución, todo lo que ha llevado es conflicto, desconociendo los derechos ancestrales de todas las comunidades.
