CIDH entrega a Ecuador sus conclusiones en disputa con indígenas de Sarayaku

Washington, 29 ene (EFE).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entregó a Ecuador un informe, cuyo contenido es de momento confidencial, sobre la disputa entre Quito y el pueblo Kichwa de Sarayaku, al que el Gobierno presuntamente no consultó al autorizar a una petrolera argentina a explotar su territorio.
La CIDH anunció el pasado día 26 al pueblo indígena Kichwa de Sarayuka, al Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) y al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) que había aprobado el informe de fondo y que lo había entregado al Gobierno ecuatoriano, informó hoy el CEJIL en un comunicado.
El informe de fondo incluye las conclusiones y recomendaciones de la CIDH acerca de este caso, que data de 1996 cuando Ecuador firmó un contrato con la empresa privada argentina Compañía General de Combustible (CGC) para la exploración y explotación petrolera en una zona que afecta al territorio del pueblo Kichwa de Sarayaku.
Esta comunicad indígena, ubicada en la provincia amazónica de Pastaza, en el centro-sur de la región amazónica ecuatoriana, denunció ante la CIDH que la firma de ese contrato se hizo sin consulta previa con el pueblo Kichwa de Sarayaku y sin su consentimiento.
En defensa de la propiedad de sus tierras, el pueblo de Sarayaku se opuso a la presencia de la compañía en su territorio, a pesar de lo cual trabajadores petroleros entraron a la comunidad acompañados de patrullas militares fuertemente armadas, indica el CEJIL.
De acuerdo con los denunciantes, las actividades de la petrolera han implicado, entre otras cosas, la tala de bosque, la movilización de tierra, vegetación y materiales, la colocación y detonación de explosivos, y la construcción de helipuertos y campamentos, así como amenazas y violencia en contra de miembros de la comunidad.
Todo ello ha tenido un gran impacto en la vida comunitaria del pueblo de Sarayaku, afirman.
Al presentar el caso ante la CIDH, el 19 de febrero de 2003, el pueblo de Sarayaku, CDES y CEJIL alegaron que al firmar dicho contrato, y al permitir y apoyar el desarrollo de actividades en el territorio de esta comunidad indígena, Ecuador restringió el derecho de sus habitantes a la propiedad colectiva, entre otros derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Sarayaku y las organizaciones que lo apoyan solicitaron a la CIDH que establezca la responsabilidad internacional del Estado ecuatoriano por haber violado los derechos a la vida, a la integridad y libertad personal, a las garantías judiciales y protección judicial de estos indígenas.
Además, pidieron a la CIDH que recomiende al Estado adoptar las medidas adecuadas para reparar los daños producidos a las víctimas y asegurar que no se repitan esos hechos.
En noviembre pasado, en el marco del 137 periodo de sesiones de la CIDH, se abordó este caso así como otras peticiones de los indígenas de Ecuador.
Entonces, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), Marlon Santi, pidió a la CIDH que acompañara como observador el diálogo que se ha instalado entre el Gobierno y representantes de pueblos indígenas.
Por su parte, Patricia Gualinga, también de Conaie, instó a la CIDH a que emita cuanto antes el informe de fondo sobre el caso Sarayaku, porque estimaron que este documento sería un avance importante para reiterar las obligaciones del Estado ecuatoriano en cuanto a los derechos de los pueblos indígenas. EFE

Agencia EFE