El dirigente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), Saúl Puerta Peña, rechazó el nuevo proyecto de ley de desplazamiento obligado de poblaciones en función del desarrollo de grandes proyectos, sin tomar en cuenta la consulta previa, y lo calificó como una provocación del Ejecutivo.
Cabe indicar que una de los principales reclamos de los pueblos de la Amazonía es que se respete la consulta libre, previa e informada para cualquier miedida o acción que se desarrolle en territorio indígena, tal como lo establecen las normas internacionales, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Puerta Peña agregó que con esta medida se demuestra las “mecidas” del gobierno frente a las demandas de los pobladores amazónicos y que tiene “dos discursos”.
“En las mesas de diálogo se comprometió a desarrollar la consulta previa a las comunidades y ahora saca este proyecto que es totalmente rechazado por la población”, manifestó.
Puntualizó que “con este proyecto el gobierno demuestra que hace oídos sordos a los pedidos de la Amazonía y no duda en provocar la violencia. Es del gobierno de donde nace la violencia, primero trató de imponer los decretos legislativos y ahora quiere entrar por otro lado”.
El dirigente indígena lamentó que el Ejecutivo no tome en cuenta que con ello viola el Convenio 169 de la OIT, en lo relacionado a la consulta previa a las poblaciones naturales, más aún cuando el tema está en debate en el Congreso.
El proyecto firmado por el presidente Alan García y el premier Javier Velásquez Quesquén fue presentado con carácter de urgencia y derivado a las comisiones de Justicia y de la Mujer del Congreso. Pide modificar el artículo 8º de la Ley Nº 28223, Ley de Desplazamiento Interno.
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Congresista Huancahuari advierte intención del gobierno para desplazar nativos y campesinos
La Ley de desplazamiento interno que ampara a las personas o grupos de afectados por conflictos armados o desastres naturales pretende ser utilizada para promover megaproyectos de inversión minera, hidrocarburos y represas que serían declarados de interés superior o primordial, denunció la congresista Juana Huancahuari Páucar.
El 4 de febrero pasado, el Ejecutivo presentó un proyecto de ley que modifica el artículo 8 de la ley 28223, para que el ministerio de la Mujer autorice los desplazamientos en caso de inversiones en gran escala.
“El gobierno insiste en aplicar una política de despojo de tierras y arrasamiento de los derechos de las comunidades campesinas y amazónicas con la intención de dejar que la amazonía, las fuentes de agua, los minerales y los hidrocarburos, queden a merced de las industrias extractivas” anotó.
“De aprobarse el proyecto, el Estado podrá disponer de los territorios comunales y que en aras de un interés nacional (extracción de minerales, petróleo, gas) los indígenas deben irse a otro sitio. Se está desvirtuando el carácter de una ley que nació para amparar los derechos de los desplazados”, dijo.
Aún cuando el artículo 7.2c posibilita el desplazamiento arbitrario en caso de proyectos de desarrollo que estén justificados por un interés público superior, no se puede confiar en un gobierno que busca declarar de “interés nacional” cualquier proyecto de envergadura en la sierra y selva, dijo Huancahuari.
“Hay un interés desmedido por comercializar y privatizar los recursos que posee la sierra y la selva, sin respeto por quienes habitan y conviven en armonía con su entorno ni del Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas”.
Al respecto, el Convenio 169 dispone que “los pueblos indígenas que no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios. No se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas interesados”.
De otro lado, Asunta Santillán, especialista de la ong DAR, advirtió en el proyecto una distorsión del proceso de consulta y de consentimiento a las comunidades campesinas y amazónicas, reducidas a un mero trámite administrativo.
“El gobierno no ha aprendido nada de lo que le están pidiendo los pueblos indígenas: respeto a sus decisiones, a su territorio, a sus derechos y a un medio ambiente sano. Deliberadamente el presidente García y sus acólitos están generando más enfrentamiento y derramamiento de sangre”, agregó la parlamentaria.
Datos:
* El proyecto 3817 ha sido enviado a las comisiones de Justicia y de la Mujer para su discusión, sin embargo, extraña que no se haya remitido también a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología, sabiendo que se trata de un proyecto que pone en peligro la integridad social, política y económica de las comunidades y pueblos de la amazonía.
* En el análisis costo-beneficio del proyecto se dice que garantiza la mejora en la atención por parte del Estado a los desplazados. Sin embargo, el texto de la iniciativa no contiene ninguna línea en ese sentido.
* En Apurímac, la empresa minera Xstrata ha intentado infructuosamente desplazar a la comunidad de Fuerabamba hacia otro departamento, lejos del área de operaciones del proyecto Las Bambas.
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