El CAI ante los crímenes de la policía de Río Negro en el Nahuel Huapi, San Carlos de Bariloche

La policía –la común y los cuerpos especiales- es parte del dispositivo del Estado provincial de Río Negro del que disponen los gobiernos para llevar a cabo su proyecto político e ideológico. Para eso eligen, preparan, entrenan, adiestran y financian a los policías, por lo que sus condiciones físicas, psicológicas e ideológicas no son fruto de la casualidad. Así, de ningún modo aceptamos como error o exceso individual las ejecuciones realizadas por policías contra tres jóvenes en San Carlos de Bariloche días pasados.

Desde nuestra experiencia como parte del pueblo mapuche en lucha queremos aportar algunos elementos de casos en los que actúa la policía de Río Negro contra comunidades, para comprender que es parte fundamental del Estado contra el avance en la conciencia y en la organización en esta etapa de entrega de los bienes y recursos de la naturaleza.

* Privación ilegítima de la libertad y amenaza de muerte contra un peñi del lof Lleiful-Cayumil de la meseta de Somuncura;

* Desalojo con gases, persecución armada y detenciones contra la familia mapuche Loncón;

* Desalojo judicial a través del BORA del lof Kospi;

* Intervención de la comisaría de Huahuel Niyeu (Ingeniero Jacobacci) en contra del lof Sayhueque;

* Intervención de la comisaría de Maquinchao en contra del lof Lleiful-Cayumil y Paillecheo-Huayquilicán;

* Violencia y asentamiento de una unidad del BORA en Bolsón en amenaza a la comunidas José Manuel Pichún.

Secuestro del bicentenario

La madrugada del 25 de mayo pasado, el policía Daniel Montes, responsable del destacamento de El Caín, paraje rural del sur, golpeó, amenazó de muerte y dispuso la privación ilegal de la libertad de Cristian Lleiful, miembro del lof Lleiful-Cayumil de la meseta de Somuncura. “Si quiero le pego un tiro en la cabeza”, aseguró Montes ante la familia, a la vez que lo increpó por su pertenencia al CAI y a su presunta condición de “robador de campos” aludiendo a la recuperación territorial realizada en laguna El Unco en octubre de 2006. Cristian sufrió 48 (cuarenta y ocho) horas de virtual secuestro en la comisaría de Maquinchao.

Como CAI denunciamos el caso de privación ilegítima de la libertad, golpes, amenazas y persecución ideológica por parte de este efectivo de la policía, para lo que contó con la connivencia de la juez de Paz del paraje, también denunciada ante la justicia ordinaria con asiento en Bariloche. Hasta el momento de dar a conocer este pronunciamiento Montes sigue cumpliendo funciones en El Caín, a metros de la ruka de la familia de la víctima.

Desalojos de comunidades mapuche

El personal de la comisaría de Comallo intervino en el desalojo de la familia mapuche Loncón del paraje Tres Cerros, a unos 80 km al noreste de Bariloche, en cumplimiento de una orden judicial viciada de nulidad y a favor de un juez de Cámara de General Roca. Desalojó con gases lacrimógenos en una ruka aislada en pleno campo, persiguió a caballo a uno de los miembros de la comunidad a campo travieza, golpeó a otro delante de un menor de 10 años y detuvo a dos lammgen en forma irregular. Las víctimas denunciaron el caso ante la Defensora del Pueblo de la provincia, la secretaría de DD.HH. de la provincia y el entonces comisario Cufré, entre otros organismos públicos. Todos los policías continúan prestando servicios en la juridicción de las víctimas.

Meses después, en diciembre del 2009, fue desalojada la comunidad Kospi de Fiske Menuco (General Roca) a favor de un proyecto inmobiliario sobre la costa del Curru Leuvú (río Negro). En este caso, 100 (cien) efectivo del cuerpo especial BORA intervino contra 6 (seis) peñi y lammgen, entre los que se encontraban dos niños de 5 y 11 años y el jovencito de 15 víctima de golpes y persecución. La justicia no encontró delito en el accionar del BORA denunciado por Kospi.

Siempre a favor de los apropiadores del territorio

Otros dos casos denunciamos como CAI ante la Defensora del Pueblo de la provincia, la justicia ordinaria, el ministerio de Gobierno y el INADI, en los que la policía común interviene en casos de conflictos territoriales en contra de la lucha del pueblo mapuche y a favor de los apropiadores.

En agosto de 2008, ante la recuperación del lof Paillecheo-Huayquilican de Bajo El Caín, efectivos de la comisaría de Maquinchao intervienen a favor del apropiador de esa fracción del territorio persiguiendo especialmente a miembros del lof Lleiful. El caso fue denunciado ante el ministerio de Gobierno y el entonces comisario general Cufré.

En marzo del 2009, el comisario de Huahuel Niyeu, junto con el delegado local del Senasa, se negaron a realizar una medida dispuestas por autoridades competentes en contra de los intereses del lof Sayhueque del paraje Colitoro y a favor del usurpador del territorio mapuche. También fue denunciado oportunamente ante distintos organismos públicos.

Represión preventiva

En octubre del año pasado, el gobierno provincial dispuso la instalación “en forma preventiva” de una unidad del BORA en El Bolsón. Lo hizo semanas después que el propio gobierno pidió judicialmente el desalojo de la comunidad José Manuel Pichun de Cuesta del Ternero, paraje ubicado a 15 km al nor-este de El Bolsón. La excusa política para el desembarco del BORA fue la muerte violenta de un remisero en agosto.

El ministro Larreguy dijo entonces que “las ocupaciones son siempre ilegales. Sea quien sea, haya llegado cuando haya llegado. Sabemos que esas tierras son mapuches, pero si revisamos la historia no va a faltar alguien que diga que son de los vikingos. Se pasaron de la raya y por algo la provincia actuó de esa manera”.

Después de por lo menos tres detenciones y golpizas a jóvenes de la localidad, en diciembre del año pasado trabajadores de la subdelegación de Promoción Familiar de El Bolsón agremiados en ATE solicitaron la intervención de la Defensora del Pueblo de la provincia ante la vulneración y amenaza de derechos de los menores por parte del BORA.

Crímenes de estado, políticas de estado

La ejecución con armas de fuego reglamentaria por efectivos de la policía de RN en cumplimiento de sus funciones en los casos de Bariloche, para las que fueron entrenados y para las que reciben instrucciones y órdenes oficiales, hacen que los homicidios, los desalojos, las privaciones ilegales de la libertad (secuestros, de hecho), los golpes … sean prácticas previstas y legitimadas por quienes hoy son gobierno.

Si el crimen de Diego Bonifaz (15 años) hubiera sido un error y un exceso, el gobernador radical “K” Miguel Saiz –como Larreguy, como Cufré, nombres y hombres circunstanciales del sistema- habría intervenido inmediatamente para limpiar el escenario del crimen y ser garante de la tan mentada paz social.

No sólo no lo hizo, sino que redobló la apuesta: cubrió políticamente a la policía, dispuso la represión de la protesta y militarizó la ciudad de Bariloche, ante la mirada especuladora del gobierno nacional que hace como que no tiene nada que ver.

Los crímenes de la policía en Bariloche, una ciudad con nombre propio ante el mercado internacional, hace que lo que haga Saiz sea un mensaje simultáneo para el pueblo y para los mercados y las fracciones del capital que hacen o pretenden apropiarse y hacer negocios con y en el territorio. El mensaje político del gobernador “K” es la firme decisión de enfrentar con violencia y terror a los que no acuerden con la hiperexplotación, la misera y el despojo del que Bariloche es ejemplo exitoso. El mensaje es de aliento a la fractura social irreconciliable si es necesario en pos de defender el modelo a toda costa, con cualquier costo.

Como Neuquén que ofreció a Poblete por el crimen del maestro Fuentealba, este gobierno pretende cerrar el caso entregando al autor material de la ejecución de Diego.

No desconocemos que el gobierno se nutre de la gente nuestra para alimentar sus cuerpos represivos. Y que, para el gobierno los policías como la vida de los Diego son descartables. Que no subestime al pueblo y nuestra capacidad de pensar, analizar y comprender el plan estratégico de fondo que lleva adelante. En este sentido, como parte del pueblo mapuche en lucha estamos comprometidos a contribuir a amasar una mirada colectiva de los distintos sectores y organizaciones que enfrentamos el despojo estructural del territorio.

El dolor por la violencia, la discriminación, la represión y las muertes no debe anular nuestra capacidad para analizar serenamente el camino que debemos seguir en la decisión irrenunciable de seguir viviendo como pueblo libre en paz, justicia e igualdad.

Como pueblo mapuche, seguimos la decisión ancestral

Marici Weu!!! Marici Weu!!! Marici Weu! (diez veces nos mataron, diez veces estamos vivos)

CAI

Puelmapu