Cuentan que la ruta nacional 81 fue alguna vez un camino de tierra bordeado por el monte. Esa línea, que atraviesa el noreste de Salta y la vecina provincia de Formosa, era casi imposible transitarla en los meses de lluvia. De ese camino de tierra sólo quedan las historias: hoy la ruta 81 forma parte de uno de los corredores bioceánicos requeridos para la integración comercial del Mercosur -una integración que los pobladores ven pasar en camiones de gran porte. Y aquellos árboles, aquel monte, en algunos tramos ha desaparecido totalmente, y en otros, aún resiste el avance de la frontera agropecuaria, la explotación forestal y las exploraciones hidrocarburíferas.
Por OPSur.- “Cuando yo tenía 10 años, no había nada, todo era monte. Ahí uno podía recorrer, buscar todo lo que es del monte, pero llegó un momento, en los últimos años, que uno no puede sacar nada porque todo está alambrado a la vuelta [alrededor]”, cuenta César Saracho, presidente de la misión wichí La Chirola. Su comunidad está en la entrada de Fortín Dragones, a la vera de la ruta 81; a un lado se levanta el pueblo, a los otros, los alambrados de los campos del Grupo Macri y los de un ex alto funcionario provincial -dicen los vecinos. “La situación económica es muy crítica, todo por la gente que viene a comprar lotes, que después desmontan”, acusa.
“La deforestación de la provincia se concentra actualmente en el departamento San Martín y, en forma creciente, en el departamento Rivadavia. Allí es donde se encuentran los principales remanentes el bosque tropical seco del Chaco Salteño. En 2007 fue autorizada la deforestación de una superficie de tierras sin precedentes en aquellos departamentos [435.399 hectáreas], poniendo en gravísimo riesgo la integridad ecológica de una región que […] es el territorio de ocupación tradicional y actual de más de 200 comunidades indígenas”, sostienen Andrés Leake y María de Ecónomo en su informe La deforestación de Salta 2004-2007, publicado en 2008 por la Fundación Acompañamiento Social de la Iglesia Anglicana del Norte Argentino (Asociana). “En los departamentos de Anta, San Martín y Rivadavia, habitan más de 23 mil indígenas cazadores-recolectores. Hasta la fecha –y tras décadas de reclamos- sólo han logrado legalizar en forma efectiva sus derechos de propiedad sobre tierras que, en conjunto, constituyen menos del 5% de la superficie afectada por los desmontes propuestos en los últimos tres años y tres meses [807.509 hectáreas]”, subrayan.
Según el informe Territorios Indígenas y Bosques Nativos del Chaco Salteño. Delimitación de territorios indígenas a ser considerados en el proceso de Ordenamiento Territorial de la Provincia de Salta, publicado en septiembre de 2008 por las organizaciones no gubernamentales Asociana, Fundapaz y Tepeyac, en el extremo sur del departamento San Martín viven alrededor de 1.141 familias indígenas. El área analizada comprendió la zona periurbana de la ciudad de Embarcación y las misiones asentadas sobre las rutas provincial 53 y nacional 81, entre Hickman y Dragones. Las comunidades de esas latitudes delimitaron su territorio en aproximadamente 339 mil hectáreas, de las cuales 65 mil -el 19%- fueron desmontadas.
-El cerco
“Ellos no sé de qué parte vienen, se instalan dentro de nuestro territorio, no nos consultan. Por eso decimos que ellos nos faltan el respeto. Y cuando uno pide algo, le pasan causa [lo denuncian]. Y eso tiene grande error”, continúa Saracho. “Poco a poco nos están corriendo, nos están prohibiendo, y hasta lo último quedamos aquí. Y los lugares que vivíamos mucho más antes… como el lugar que está instalado la empresa Tecpetrol [en la Finca El Yuto, del Grupo Macri], ahí tenemos un cementerio.”
“Si queremos visitar el cementerio nuestro ahí nos toman [abren] una causa porque nosotros no respetamos la finca, entramos sin permiso del encargado”, interviene Carlos Aparicio, que también integra la comisión directiva de La Chirola. “Nos prohíben todo, como si fuera que nosotros no somos nativos de acá. Por esa razón estamos encorralados, porque tenemos la finca a la vuelta. Incluso, [si] nosotros queremos sacar una maderita de una finca que está encerrado con la alambre, ya nos caen con estas denuncias… nos persiguen mucho”, relata. “Estamos muy preocupados porque nosotros [nos] vamos multiplicando y menos tierras tenemos. Viene la gente de las empresas, compran, y nosotros seguimos quedando así, sin tierra. Yo pienso que nosotros tenemos el derecho de la tierra.”
La Chirola, que hasta hace pocas décadas disponía de miles de hectáreas para la campiada -la recolección de frutos del monte, caza y pesca-, hoy se encuentra encerrada en tan sólo 11 hectáreas. No muy lejos de allí, también sobre la ruta 81, la comunidad Las Llanas quedó recluida en 2 hectáreas.
La suerte de los criollos -los llamados chaqueños– no es muy diferente. La familia Burgos llegó en 1935 y se instaló a 25 km de Fortín Dragones, hoy suman unas 60 personas. Hasta hace cinco años ocupaban unas 20 mil hectáreas, que dedicaban a la cría de ganado. Para no devastar ese monte seco la carga animal es de 14 hectáreas por cabeza… un promedio imposible de alcanzar en estos días. Hoy, sus vacunos enflaquecidos, mueren de hambre; los esqueletos desparramados por el campo lo testimonian, también la mirada perdida, los movimientos lentos y el cuero pegado a las costillas de los que sobreviven. El monte está pelado, hasta la corteza de los árboles se han comido; quedaron hacinados en 5 mil hectáreas, las otras 15 mil fueron alambradas por la Finca El Yuto. “Se nos van a acabar todas las vacas, nos vamos a quedar sin nada”, dice Ignacio Burgos. En los últimos tres meses perdió más de 100 cabezas.
El desembarco del Grupo Macri, que en 2005 adquirió las fincas El Yuto y La Marianita, marcó la suerte de todos. El campo que ocupaban los Burgos es el mismo que los wichí de Las Llanas y La Chirola recorrían en sus campiadas, es el mismo donde está el cementerio y donde Tecpetrol perfora un pozo.
-El desembarco
El 15 de enero de 2007 el gobierno de Salta adjudicó el área Hickman a las empresas Tecpetrol y Petrobras -una superficie de 6.555km², que comprende a la localidad homónima y a Fortín Dragones. De acuerdo al programa de inversión presentado por estas compañías en 2008, el consorcio desembolsaría 18,7 millones de dólares hasta 2012.
Al poco andar, la actividad de las petroleras dio lugar a protestas de wichí y chaqueños. En febrero pasado comunidades de diferentes puntos del municipio de Embarcación confluyeron en Dragones, donde mantuvieron cortada la ruta 81 por 45 días. “La empresa ha ingresado a nuestros territorios hace aproximadamente dos años sin haber efectuado ninguna consulta previa a nuestras comunidades y sin haber realizado estudios previos de impacto ambiental”, señala la nota de la Federación Wichí de la Cuenca del Río Bermejo dirigida al presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Daniel Fernández. “Pese a nuestros reclamos permanentes de paralización de las obras por las razones expuestas, no pudimos entablar ninguna conversación en mesa de diálogo”, continúa la misiva entregada el 13 de octubre.
“Al decidir efectuar un corte de ruta para que alguien atendiera nuestros reclamos, la empresa se presentó en la Unidad Regional Nro 4 y hasta allí fuimos conducidos en móviles policiales para mantener un intercambio de opiniones, estando permanentemente custodiados por personal armado de infantería”, sigue el relato. “La empresa ha intentado quebrar la unidad de nuestras comunidades ofreciendo algunos puestos de trabajo y hasta [la] llave de un vehículo a distintos dirigentes nuestros[,] sin hallar el objetivo buscado.”
“Al presente la empresa sigue trabajando e ignorando nuestros reclamos, los que a su vez fueron dados a conocer al IPPIS [Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta]”, destacan. “Finalmente dejamos constancia que a partir de las medidas de lucha llevadas adelante por nuestras comunidades, no sólo no hemos recibido ninguna respuesta por parte de la empresa sino que además hemos sido hostigados por personal del Departamento policial de Dragones[,] quienes vestidos de civil y portando armas de fuego[,] se han hecho presentes en la ruta.”
La carta de la Federación Wichí concluye reiterando el pedido de intervención del INAI, que ya fuera formulado en otras oportunidades.
-“No paran de avanzar”
“Nosotros nos ubicamos en el chaco salteño, Departamento San Martín, un área muy amplia de comunidades, desde Embarcación hasta Dragones, en la que habitan de toda la vida hermanos wichí y nosotros, los campesinos. Ahí es donde están las empresas petroleras”, resume José Mamaní, coordinador de comunidades campesinas criollas. “Desde el mismo momento que abren las picadas para hacer los estudios [prospección sísmica], ya nos genera un grave impacto. Al abrir picadas y picadas sale nuestro ganado y por ahí también entran camionetas de cuatreros, que nos roban nuestros animales”, explica.
“Estamos en la lucha para que de una vez por todas se respete el chaco salteño, que ya no se lo desmonte más y podamos vivir en paz; que nuestros hijos puedan estudiar acá y puedan quedarse para servir a nuestras comunidades. Cada atropello que hay, cada desmonte en una finca, es un criollo que tiene que salir, es una cultura que se pierde, que tiene que migrar a lugares periféricos, donde por ahí se puede mezclar con la droga, con el malvivir. Nosotros eso no queremos y por eso estamos unidos, para la lucha”, advierte Mamaní.
“Ellos nos van a traer mucha contaminación”, afirma Ramón Paz, coordinador de la Federación Wichí por Misión Salim. “Por seguridad del pueblo solicitamos que se tome intervención; más bien optamos que no haiga petroleras en la zona, para seguir existiendo, porque el recurso que nosotros defendemos es el agua, y sabemos que estas petroleras seguro van a contaminar el agua”, agrega. Incluso wichis y criollos temen que Tecpetrol no esté cumpliendo las normas ambientales y que la perforación del pozo en la Finca El Yuto afecte las napas subterráneas.
“Desde que se han instalado las petroleras en las áreas estas de Hickman y Dragones no paran de avanzar, a pesar de que nosotros, como dirigentes comunitarios, hemos denunciado, y no nos ha servido para nada, porque vemos que la empresa [tiene] tanto poder que las demandas de nosotros siempre han rebotado. Desde que han ingresado nunca han parado, buscan la parte más frágil, saben la debilidad de nosotros, de que aquí hay una extrema necesidad económica, con eso confunden a la gente”, denuncia Paz.
“La gente del pueblo yo creo que está de acuerdo con todos los proyectos [de desarrollo comunitario que financia Tecpetrol], los reciben porque algunos trabajan; pero la gente del campo no. Ellos están totalmente en desacuerdo con lo que hace la empresa”, cuenta Patricia Burgos. Ella vive en Hickman, en el pueblo, pero el resto de su familia está en la finca de Dragones. “Estuve escuchando que la empresa dio una computadora, que no saben dónde está. [También] pintaron la sala [de primeros auxilios] y ahora están trabajando con [la construcción de] los lomos de burro [badenes]. Según dicen, las están haciendo con altura que la que tienen que tener… Así que no sé en realidad.”
-La periferia de la periferia
Según la versión 2010 del Informe para el Obispado de la Nueva Orán, elaborado por la Universidad Católica de Salta, “los Departamentos del norte de Salta y una docena de sus municipios, sufren por dos centralismos. El más incomprensible, el propio de la Provincia[,] y el impuesto desde el orden nacional. Los índices sociales, son claros y determinantes cuando se los analiza, marcando la real situación de vida de no menos de 250.000 argentinos. Su mal mayor ha sido, desde siempre, estar ubicados en la periferia nacional y, si esto fuera poco, en la periferia provincial. En estas condiciones, el lógico anhelo del país integrado nos es viable, mucho menos que departamentos doblemente periféricos, pretendan integrarse”.
“El poder provincial hacia el interior […] se trasunta con datos de la realidad: hasta Septiembre del 2008, de $48 millones ejecutados en obras, la Secretaría de Obras Públicas invirtió en el Departamento Capital $19 millones, lo que representa un 45%, de ese valor. En el Depto. San Martín menos de $3,5 millones, el 7%, y Guachipas [en el sur de la provincia] no recibió nada”, continúa el Informe. “Podrá argumentarse que el grueso de la población vive en la Capital pero, queda flotando un interrogante: ¿cuál será el motivo del éxodo desde el interior?” El ruido de las topadoras no permite escuchar la respuesta.
“Todo lo que es desmonte nos deja limpio el campo, nosotros por el monte vivimos… como que nos quitan la vida, como que nos matan. [Es como] una bomba atómica para que moramos, porque ya no tenemos vida, porque ya no tenemos más dónde recolectar algo o cazar. Porque esa es la vida de nosotros”, dice Ramón Sánchez, cacique de la comunidad wichi La Golondrina, de Hickman, y coordinación local de la Federación Wichí. “Mientras los chicos sufren la desnutrición, no tenemos trabajo, todos los días vivimos mendigando un pedacito de pan, si conseguimos.”
Más información:
– Nuevos coletazos del avance de la frontera hidrocarburífera en Salta (9/06/10) http://opsur.wordpress.com/2010/06/09/nuevos-coletazos-del-avance-de-la-frontera-hidrocarburifera-en-salta/
-Tecpetrol en Territorio Wichí: Responsabilidad Social Empresaria y criminalización (31/03/10) http://opsur.wordpress.com/2010/03/31/comunidades-wichi-en-disputa-con-tecpetrol-responsabilidad-social-empresaria-y-criminalizacion/
