Desafíos ante la nueva frontera

 

Por OPSur.- Cuando las asambleas socio-ambientales cuestionan la mega-minería metalífera y afirman: “el agua vale más que el oro”, logran la adhesión de amplios sectores de la población, incluso de abrumadoras mayorías, en algunas regiones. El agua es tan necesaria para la vida como el aire que respiramos; la ecuación es sencilla: sin agua no hay vida. En cambio, podemos prescindir del oro. Pero si afirmamos: “el agua vale más que los hidrocarburos”, esa certeza entra en crisis, se establece una paridad entre ambos, aunque biológicamente podemos vivir sin consumir los derivados de los hidrocarburos. Es decir, lo que entra en juego no es la vida misma sino un modelo de vida: la Era Petrolera, que comenzó hace poco más de 150 años, es un ínfimo fragmento de la historia de la Humanidad.

La respuesta más común a esa consigna es: “vos usas tu auto y yo también”, cerrando el paso a pensar cualquier alternativa, trasladando todo el peso de la existencia de esta matriz energética al consumidor individual y no a decisiones políticas. Aceptando, por ende, la creación de zonas de sacrificio como un hecho irreversible. (Zonas de sacrificio que son territorios que albergan pueblos, culturas, ecosistemas: diferentes formas de vida.) Se evita la reflexión sobre quiénes habitan esas zonas de sacrificio y qué derechos tienen; por acción u omisión se valida la existencia de ciudadanos de segunda.

Desde el momento que se aceptan las zonas de sacrificio, se recrea el “desierto”: todo lo existente en ese lugar virtualmente desaparece, se crean una nueva geografía y un nuevo sentido del territorio con un único objetivo: extraer la energía almacenada en las entrañas de la Tierra.

Sin duda la dependencia de la sociedad actual respecto de los hidrocarburos es muy fuerte y no sólo en términos energéticos -que en Argentina representan la base de nuestra matriz-, ya que sus derivados están también presentes en el día a día: desde la ropa, el calzado y los recipientes plásticos a una amplia gama de productos que los requieren como insumo. Nuestro vínculo -dependencia- con los hidrocarburos no tiene punto de comparación con la relación que mantenemos con el oro -cuyo valor responde a una convención social más que a una aplicación material.

El punto no es dejar mañana de extraer hidrocarburos y de consumir sus derivados -ya que sencillamente es imposible-, sino empezar de una vez la transición hacia otras fuentes en lugar de profundizar la matriz existente, con sus costos socio-ambientales, sus zonas de sacrificio; y buscar otras alternativas para el desarrollo regional.

Hace años que se debate en ámbitos internacionales si hemos alcanzado o no el pico del petróleo, el Peak Oil,  el fin del petróleo barato. Haber llegado a él significa que en adelante extraer hidrocarburos demandará mayores inversiones, por lo que su precio aumentará y se trasladará a toda la cadena de producción y consumo; además del incremento de los riesgos ambientales, ya que se avanza en yacimientos ubicados en aguas profundas o en ecosistemas continentales muy delicados, fuentes de biodiversidad. (En el marco del concepto de desarrollo vigente, basado en la acumulación, la muletilla de la existencia de avances tecnológicos que disminuyen esos riesgos, los controles estatales y el compromiso ambiental de las empresas, se desvanecen ante catástrofes como el hundimiento de la plataforma de British Petroleum en el Golfo de México.)

La carrera del petróleo (los sueños del emirato propio)

La necesidad de seguir inyectando hidrocarburos en el mercado energético se conjuga, en nuestro país, con otra necesidad: la de inyectar fondos para las alicaídas economías regionales. En 2006, con la sanción de la Ley 26.197, culminó la transferencia de la propiedad de los hidrocarburos de la Nación a las provincias -proceso que se inició en 1994 con la reforma constitucional. Desde ese año al presente 21 de las 23 provincias se han lanzado a la carrera de licitar y adjudicar áreas de exploración -por el momento están fuera Catamarca y Buenos Aires, que ya adecuaron su legislación para sumarse a la competencia, y la Capital Federal. Una carrera que no guarda relación con las iniciativas que, desde el ámbito público, se promueven para el desarrollo de energías limpias. (Energías limpias de verdad, no agro-combustibles.)

Este fenómeno recuerda el recorrido hecho por la agroindustria con el boom del precio de la soja: un veloz desplazamiento de la frontera agropecuaria, aumentando año a año las superficies cultivadas, al costo de desmontes y desalojos de comunidades indígenas y familias campesinas. El avance de la frontera hidrocarburífera ha comenzado a levantar polvo en los departamentos salteños Gral. San Martín y Rivadavia, donde ya se escuchan protestas de comunidades wichí y familias campesinas. Nuevamente ven caer el monte bajo las topadoras, esta vez abren picadas para realizar la prospección sísmica.

Esas voces que se alzan preguntan qué pasará con el agua si avanzan con la perforación de pozos y si de los estudios surge que la extracción de gas y petróleo es rentable. Se lo preguntan porque, en algunos casos, no tienen acceso al agua en la cantidad y calidad necesaria para el desarrollo de una vida digna. Se lo preguntan porque no fueron informados sobre lo que se haría en sus tierras y territorios; porque las comunidades indígenas no fueron previamente consultadas; y porque -como ha sido denunciado en algunos casos- las obras comenzaron sin la aprobación de los correspondientes Estudios de Impacto Ambiental ni la realización de Audiencias Públicas -todos requerimientos de la legislación vigente.

Por sus propios medios esas familias indígenas y campesinas se han enterado que durante la perforación de pozos podrían comunicarse reservorios de diferentes calidades o secarse sus actuales fuentes de provisión de agua, si no se toman los recaudos necesarios durante las operaciones. También que podrían contaminarse las napas con los productos utilizados para la lubricación de la broca que se adentra en la tierra, agujereando las rocas; o por un inadecuado manejo de los residuos generados. Se preguntan todo eso porque poco va quedando del monte que los alimenta y sustenta sus culturas. El despojo del agua sería su final.

Su temor es igual al manifestado por los pobladores de Zapala ante la adjudicación de áreas de exploración en esas latitudes. Porque bajo esa ciudad neuquina se extiende el Acuífero Zapalino, que provee agua de excelente calidad y permite la vida en esa urbe levantada en el desierto. Lo mismo en la provincia de Entre Ríos, donde temen por la suerte del Acuífero Guaraní, una de las reservas de agua dulce más importantes de la región.

Los temores no nacen de la “imaginación”, del “desconocimiento”, de la “ignorancia” que se le suele adjudicar al pueblo en estos casos; sino de casos concretos, como el de las comunidades mapuche Kaxipayiñ y Paynemil, en Loma de La Lata, Neuquén. Ambas se levantan sobre el principal yacimiento de gas del país, cuya explotación empezó a fines de la década del ’70. Tras 20 años de actividades, promediando la década del ’90, se descubrió la presencia de hidrocarburos y metales pesados en el agua que consumían en ese paraje, sustancias que fueron halladas -en niveles alarmantes- en los cuerpos de mujeres y hombres, niños y ancianos, que explicaban su deteriorada salud. Su historia llegó a la prensa de tirada nacional, a los canales de televisión, e incluso varias películas documentan aquella situación. Y ese es tan sólo un caso emblemático, pero antecedentes de contaminación de aguas superficiales o subterráneas, de territorios degradados, pueden encontrarse en cualquiera de las 10 provincias que históricamente han extraído gas y petróleo.

La emergencia de asambleas socio-ambientales a comienzos del milenio instaló en la agenda pública nacional temáticas que resultaban marginales en años anteriores, incluso aportó una ‘dimensión ambiental’ a quienes históricamente denunciaron las políticas de saqueo de los bienes comunes. Esa emergencia instaló en amplios sectores de la población que, más allá de las necesidades inmediatas, el agua vale más que el oro. El desplazamiento de la frontera hidrocarburíferas en ciernes plantea el desafío de darle otra vuelta de tuerca a nuestra comprensión de mundo, instándonos a cambiar nuestro modelo de generación y consumo energético.