YPF, escaramuzas y estrategias

Por Diego Pérez Roig | Marcha
El miércoles se escribió un nuevo capítulo de la puja que el Gobierno Nacional y provincias extractoras de hidrocarburos mantienen con la multinacional española Repsol y sus socios locales en la gestión de YPF. El representante estatal en la compañía, Roberto Baratta, rechazó la propuesta del directorio de aumentar el capital social de la petrolera con las ganancias de 2011 -$ 5.296 millones- y un remanente de 2010 -$ 493 millones. Si bien de esta manera no se repartirían utilidades entre los accionistas -como pretende el Gobierno-, la capitalización tampoco asegura que dichos fondos se destinen a mayores inversiones en exploración y explotación de hidrocarburos que permitan aumentar los niveles de extracción y reservas -como también reclama el Gobierno. Por el contrario, la sospecha de la Casa Rosada es que esta maniobra permitiría a Repsol y a la familia Eskenazi mantener el dinero a resguardo, a la espera de una coyuntura política más propicia para la repartición de dividendos.
Así las cosas, la disputa continúa abierta, y mientras no se perciba un desenlace en el corto plazo, seguirá habiendo margen para la especulación financiera con las acciones de YPF. Los titubeos del Jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, a la hora de dar precisiones acerca del rumbo que tomará el Gobierno –nacionalizar o no nacionalizar, esa es la pregunta-, le valieron a la compañía un rebote en su cotización de US$ 1.000 millones en una sola jornada. Malas noticias, si la estrategia oficial consistiera en recuperar terreno mediante la compra de acciones.
Por el momento, no obstante, prima el rumbo fijado por los acuerdos celebrados en febrero con la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI) y representantes sindicales:
– La idea de que una sustitución de importaciones de hidrocarburos tendiente al autoabastecimiento de petróleo y gas, debe ser el principio rector de la política de estado;
– La exigencia a las empresas de una mayor inversión, tanto en lo que respecta a la producción –que debería incrementarse un 15 por ciento a nivel nacional– como a la reposición de reservas, quedando abierta la posibilidad de revertir inmediatamente las concesiones o permisos en aquellos casos en los que se verifiquen procesos de desinversión o subinversión;
– El incentivo a una mayor participación de empresas públicas, provinciales y nacionales, a fin de maximizar la producción y lograr una mayor captación de la renta;
– El requerimiento a las empresas refinadoras de hacerse cargo de parte del costo de la importación de combustibles para el abastecimiento del mercado interno, y de realizar las inversiones pertinentes para aumentar la capacidad de refinación de las plantas existentes.
En esta estrategia, y dado el esquema neoliberal de federalización del dominio de los recursos naturales vigente, la pelea diaria con las operadoras corre por cuenta de las provincias. Para la Casa Rosada esto tiene sus pros y sus contras. Por un lado, al correrse de la cotidianeidad del conflicto, y no ser la responsable directa de las medidas más severas hasta el momento –como la quita de concesiones implementada por Chubut y Santa Cruz–, disminuye su desgaste, y evita tensionar las relaciones diplomáticas con España. Pero por el otro, delega parte sustancial de un conflicto de proporciones sobre gobernadores que muchas veces han oficiado de administradores de los intereses corporativos en sus provincias, o, en el mejor de los casos, cuentan con pocas armas para hacer frente a la capacidad de presión y chantaje de las compañías privadas.
¿Qué tanto afecta a YPF la reversión de áreas marginales, de escasa o nula rentabilidad practicada hasta el momento? De producirse una escalada, ¿cuánto tiempo podrían sostener el conflicto provincias cuyas economías dependen en gran medida de los ingresos por regalías? Para ensayar una respuesta, valga el siguiente dato: Neuquén, que es la principal productora de gas, y la segunda en importancia en lo que respecta al petróleo, se ha despegado en los últimos días de la pelea con YPF, y paradójicamente, ha presionado al Gobierno Nacional reclamando mejoras en los precios del gas –recurrente reivindicación del lobby petrolero desde el desacople de los precios internos de los internacionales en 2007–, y en la coparticipación de impuestos.
Para el Gobierno será muy difícil -por no decir imposible- encontrar una fórmula que permita aplicar soluciones de fondo, y al mismo tiempo, atemperar pasiones corporativas y reclamos diplomáticos. Los US$ 9.400 millones destinados al sostenimiento del sistema energético durante 2011, dan la pauta de una situación cuya gravedad impone un cambio de paradigma con respecto a la realpolitik petrolera de los últimos ocho años. El Estado Nacional debe recuperar un rol activo y una presencia efectiva tanto en la gestión global de la cuestión energética, como en cada una de las etapas de la actividad –prospección, exploración, extracción, industrialización y comercialización–, con el propósito de fijar objetivos socialmente estratégicos que satisfagan las necesidades energéticas de la población, el cuidado del ambiente, los derechos de los trabajadores, y la autodeterminación de las comunidades actual o potencialmente afectadas por la extracción de petróleo y gas.
Si ha de aprenderse una (costosísima) lección de las últimas dos décadas, es que todas aquellas variables no pueden seguir a merced del criterio de máxima rentabilidad privada. La re-estatización de YPF, con la debida participación de las provincias, los trabajadores y los habitantes de las regiones petroleras en su administración, se impone como la piedra angular de una política soberana que entienda al disfrute de la energía como un derecho básico en una sociedad democrática.
Marcha