España: "Se rompe la seguridad jurídica"

El gobierno de Rajoy se mostró sorprendido por la decisión argentina; calificó de “hostil” y “arbitraria” la nacionalización de Repsol

Por Adrián Sack  | Para LA NACION

La expropiación de YPF llevó al gobierno de Mariano Rajoy a ser tomado, primero, por sorpresa, y luego, por una indignación que sus voceros oficiales no pudieron ni quisieron esconder. “La decisión del gobierno argentino es una medida hostil, arbitraria, penaliza a empresas españolas y a pequeños accionistas, rompe el principio de seguridad jurídica y carece de precedentes en las naciones que forman parte de nuestro entorno”, dijeron los ministros españoles que oficiaron de voceros de Rajoy.

La ordenada artillería verbal corresponde al canciller español José Manuel García Margallo, que repitió e intercaló todos esos conceptos a lo largo de una conferencia de prensa que ofreció junto con el ministro de industria, José Manuel Soria, tras una reunión que ambos mantuvieron a puertas cerradas con el presidente y otros funcionarios de alto rango.

El enojo de España fue tan grande que el ministro de Asuntos Exteriores no dejó de pasar factura al gobierno de Cristina Kirchner por los préstamos realizados por Madrid a Buenos Aires en la crisis de finales de 2001.

“Este gobierno también quiere recordar que España acudió en socorro de la Argentina cuando ese país atravesaba las peores horas”, dijo, tras destacar que el clima “de cordialidad y amistad” entre ambas naciones quedó formalmente “roto” tras la nacionalización de la petrolera hispano-argentina.

Por su parte, Soria volvió sobre sus palabras del jueves pasado, cuando se transformó en el primer miembro del gobierno español en reconocer la posibilidad de una expropiación, que ayer calificó de un ” gesto de hostilidad contra Repsol , el gobierno español y España”.

El titular de Industria también lamentó el desengaño generado por sus declaraciones del sábado pasado, cuando había afirmado a la prensa española que el conflicto por el control de YPF se había “encauzado” por aquellas horas. “Nosotros pensamos que no adoptarían ya la decisión [de expropiar la empresa], luego de que trascendió lo del proyecto, y por eso nos manifestamos así. Pero sólo 36 horas más tarde, hemos visto que el gobierno de la Argentina decidiría lo contrario”, dijo. Soria también destacó que el gobierno argentino “nunca” respondió a sus pedidos de diálogo y buscó mostrarse firme en la promesa de represalias. “Habrá consecuencias, que se conocerán en los próximos días. Y serán medidas claras y contundentes”, afirmó.

“Mani militari”
García Margallo añadió: “Nos ha sorprendido, porque la medida es sorprendente entre países que mantienen una antigua relación. La política exterior se basa en el diálogo. No en medidas extravagantes como expulsar «mani militari» a los dirigentes de una empresa mercantil. Yo no recuerdo experiencias similares en mi larga vida en este mundo”. El ministro también expresó su preocupación por una posible escalada de medidas del gobierno argentino contra otras empresas españolas radicadas en el país, especialmente en las compañías del sector financiero, energético y de telecomunicaciones. “Cuando se rompen las reglas del diálogo y la negociación, como aquí se han roto, cualquier temor es fundado”, dijo García Margallo, no sin antes reforzar su argumento en el hecho de que “el 32% de los casos que están pendientes de resolución en el [tribunal arbitral] del Ciadi” corresponden “al actual gobierno de la República Argentina”.

A pesar de que el canciller y Soria no adelantaron qué medidas podría tomar España contra la Argentina para contestar a la expropiación, ambos reconocieron que el gobierno llevará hoy el caso a la Unión Europea y a México, estado al que le pedirán su colaboración por estar a cargo de la conducción del G-20.

Por otra parte, fuentes de la cancillería española informaron anoche que García Margallo convocará hoy al embajador argentino en España, Carlos Bettini, a una reunión en la que sería informado sobre las represalias que el Palacio de la Moncloa tomará contra la Argentina en las próximas semanas. Se especuló con un posible boicot comercial de España y la posibilidad inevitable de recurrir a los tribunales internacionales.

Hillary Clinton cuestionó la expropiación
En una conferencia de prensa con el canciller brasileño, Antonio Patriota, la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, criticó anoche la decisión del gobierno argentino de expropiar las acciones de Repsol en YPF. “Esta decisión será muy debatida, y con razón. Las decisiones tomadas por los diferentes países son decisiones que ellos deben justificar y deberán vivir con ellas. No quiero opinar aquí, pero la competencia y la presencia de un mercado abierto en las áreas de energía y commodities es un modelo más preferible”, agregó la secretaria, dos días después de haber participado de una reunión con Cristina Kirchner.

La Nación

La Izquierda Unida apoya

La oposición de España también dijo lo suyo sobre el proyecto enviado ayer al Congreso argentino por la presidenta Cristina Fernández. Según el diario Público, Izquierda Unida consideró que la expropiación de YPF no es un “ataque a España” pues Repsol es una entidad privada “de distintas nacionalidades” y cree “una vergüenza” que el gobierno español haya salido en defensa de la compañía petrolera. En este sentido, el vocero económico de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y diputado de IU por Málaga, Alberto Garzón, señaló que “Repsol no es técnicamente una empresa española”, pues más del 50 por ciento de la multinacional está en manos de capital extranjero, y además “proporciona beneficios a la economía española que podrían considerarse nimios”, ya que en nuestro país declara el 25 por ciento de sus beneficios totales por todo el mundo. “En este conflicto no están enfrentados los intereses de dos naciones distintas, sino los intereses nacionales de Argentina y los intereses económicos de sujetos privados de distintas nacionalidades, y entre ellas, en menor grado, españoles”, dijo Garzón. “Por lo tanto, es una falacia considerar esta medida económica como un ataque a España –escribió en un artículo publicado en su sitio web personal–. Es una compra legal, que en todo caso podría estar minusvalorada, y que afecta los intereses de unos sujetos económicos (grandes empresas y bancos) que no comparten beneficios con el resto de la sociedad”, agregó.

Página/12

La vendetta española, con impacto limitado

Por Guillermo Laborda | Ámbito Financiero

En el Gobierno no avizoraban anoche sanciones relevantes por la expropiación a pesar de las fuertes amenazas provenientes desde Madrid. El eterno fantasma de una expulsión del país del selecto Grupo de los 20 no es fácil de concretar: España no pertenece a él. Paradojas de los foros internacionales. Distinto sería que la Unión Europea se solidarice con el Gobierno de Rajoy y lidere la embestida contra la Argentina. Aun así tampoco parecería que ello pudiera ocurrir fácilmente. El camino diplomático para esa expulsión es largo, desgastante e incierto, con el Gobierno norteamericano como árbitro principal, y Brasil y México, como eventuales defensores de la permanencia argentina en el G-20.

Lo más probable sí es que haya sanciones comerciales al país motorizadas por España. En ese caso, el costo a pagar sería el que tienen las triangulaciones habituales, con ventas a un país tercero, Brasil por ejemplo, que luego coloque el mismo producto en España o en la Unión Europea, en caso de extenderse el bloqueo. La recesión que atraviesa la economía ibérica crea el clima ideal para este tipo de medidas proteccionistas.

Otro camino posible abierto para España es el de buscar trabar en organismos internacionales los desembolsos de créditos a la Argentina como en 2011 hizo Estados Unidos. Pero también ello es complejo. En el Banco Mundial y en el Banco Interamericano de Desarrollo el peso del Gobierno español es mínimo y el de la Unión Europea por sí solo tampoco alcanza. Además hay un factor adicional a tener en cuenta a la hora de considerar represalias: todavía existe una amplia lista de inversiones españolas en el país en sectores sensibles que van desde el juego hasta telecomunicaciones, energía y bancos. El CIADI, tribunal del Banco Mundial, será el destino obvio de los reclamos españoles. Allí la Argentina viene demorando los pagos, utilizando una picardía: ante los fallos en contra, solicita que se presenten en el país para el cobro, y luego ese pedido se pierde en la burocracia estatal, sin que el Congreso jamás autorice una partida de gasto a ese fin.

Ayer los papeles argentinos sufrieron por la medida. Es que quedó el temor de que pueden repetirse casos como el de YPF. Primero fueron las AFJP, después vinieron las reservas del BCRA, luego su Carta Orgánica y ahora YPF. El dilema es quién sigue en la lista. No pareciera que hubiera empresas que puedan seguir el mismo camino de YPF. Pero el temor está instalado en la plaza local.

En medio de la liquidación de los dólares de la soja no se aguardan bruscas oscilaciones en el tipo de cambio. Ayer el BCRA se hizo de u$s 50 millones para sus reservas. Marcó del Pont, en un almuerzo con banqueros extranjeros, ayer confesó que se enteró de la expropiación de YPF y aseguró que «si se hacen las cosas bien, no habrá mayores problemas». El problema es qué significa «hacer las cosas bien» para Marcó del Pont. Por lo pronto, en caso de haber mayor demanda de dólares en las sucursales de los bancos, es cuestión de dar un giro a la canilla a disposición del Gobierno que determina quién compra hoy. Hasta ahora, los depósitos en las cajas de ahorro en dólares están estabilizados. No habría mayores sacudidas en este segmento tampoco. Pero antes el 15% de los dólares que se adquirían terminaban en cajas de ahorro. Ahora el colchón es el único destino. Allí va el 100% de las compras. Así como el default en 2001, se crea la sensación de que la medida es gratuita. Pero en esta ocasión, ya por antecedentes de todo tipo, las inversiones extranjeras directas son rara avis en el país. Más allá de la sorpresa que generó la medida, especialmente en funcionarios de España, está en línea con las medidas que se vienen adoptando desde el Gobierno. Por ello es que además de que resulta difícil que haya «vendettas», tampoco puede haber impacto mayor en la economía. No se esperaba otra cosa.

Ámbito Financiero

La Unión Europea ve una “señal negativa”

Por Martín Dinatale | LA NACION

Más allá del pleno respaldo que la Unión Europea (UE) garantizó a España para llevar sus reclamos en los tribunales internacionales por la expropiación de Repsol YPF, ayer en Bruselas y en las embajadas europeas en Buenos Aires empezaron a evaluar los “daños colaterales” que generará la decisión del gobierno argentino.

En lo formal, la Comisión Europea dijo que la expropiación forzada de la petrolera con capitales españoles enviará una señal “muy negativa a los inversores en la Argentina y dañará el ambiente de negocios” en el país y que “habrá consecuencias”.

El próximo paso de la UE será apoyar a España en el tribunal arbitral del Ciadi como lo prevé el Tratado de Lisboa. Nadie duda de que habrá un respaldo pleno de la UE a España por este tema en ese ámbito, pero también ayer se mencionó que el reclamo podría trasladarse a la Organización Mundial del Comercio (OMC). Así lo deslizaron varios embajadores europeos consultados por LA NACION.

Sin embargo, hacia el futuro inmediato se analiza el impacto que tendrá la expropiación de Repsol YPF respecto de las inversiones europeas en la Argentina. En esta línea, el gobierno español advirtió que la nacionalización de YPF convertiría a la Argentina en un “apestado internacional”, cuya consecuencia más directa se dejaría sentir no sólo en sus relaciones con el país ibérico sino con toda la UE. Sobre este punto hablaban ayer los diplomáticos europeos. Entre los eventuales “daños colaterales” que podría haber en el plano práctico se mencionaban: el retiro de inversiones, represalias en el intercambio comercial o eventuales planteos en foros internacionales como la reunión del G-20, que se hará en junio próximo en México. Está claro que cualquiera de estas decisiones sumadas a la expropiación de YPF dañarán las relaciones de la UE con la Argentina.

Pero la diplomacia europea cree que la embestida de la Argentina contra sus empresas no termina allí. Según confirmaron a LA NACION fuentes de la Cancillería, en las últimas horas se recibió una queja que el primer ministro italiano, Mario Monti, habría presentado a Cristina Kirchner por la quita de subsidios a la generadora eléctrica española Endesa, que tiene acciones de Italia. En la embajada italiana no quisieron hacer comentarios al respecto.

Este caso y el tema de Repsol YPF serán ejes de debate de la Comisión Mixta UE-Argentina que se realizaría pasado mañana y que estaba prevista desde enero pasado. La reunión es de rutina y allí se analiza la relación bilateral, pero la expropiación de Repsol podría generar un debate mayor en ese ámbito. Por esto, anoche se analizaba en Bruselas la posibilidad de suspender ese encuentro diplomático hasta que las aguas se calmen.

La Nación