YPF: No todo lo que brilla es petróleo

El anuncio del proyecto de Ley de expropiación de YPF cierra un debate y abre otros. Terminó la especulación presente en los medios en relación a los tires y aflojes entre el Gobierno Nacional y Repsol
Por Itai Hagman | Marcha
La resolución da cuenta también del peso de un tercer actor en el conflicto, cuya presencia podría explicar la demora en el anuncio, a saber: los gobernadores petroleros y su rol en la nueva configuración de la empresa. El proyecto de Ley tiene por objetivo principal tomar el control de la compañía, abastecer la demanda local de energía y combustibles, equilibrar la balanza comercial y como demostró la Presidenta en su discurso, poner a la Argentina a tono con el resto de la región y el mundo en esta materia.
El saqueo al desnudo
La presidenta dedicó parte de la cadena nacional a exponer el comportamiento predatorio de Repsol desde que se hizo cargo de la compañía en 1999. Mencionó que hasta el 2011, la empresa obtuvo una ganancia neta de 16.450 millones de dólares, de los cuales 13.246 millones fueron distribuidos como dividendos. Es decir que más del 80% de las ganancias de Repsol fueron sacados del país para financiar la expansión de la empresa en otras partes del mundo. Esta falta de reinversión de utilidades en nuestro país explica la caída sistemática de reservas y producción que obligó a la Argentina a importar combustibles, llegando el año pasado a la suma de U$S 9.400 millones y generando por primera vez en 17 años un saldo negativo en la balanza comercial en esta materia. El saqueo de Repsol puso a nuestra economía en peligro, lo que explica que la iniciativa gubernamental no sólo se trata de una reparación histórica, sino de una necesidad inexorable para revertir la crisis energética.
La medida muestra también el fracaso del intento de “argentinización” que el gobierno ensayó en 2007 haciendo ingresar en el control de la compañía al Grupo Petersen, controlado por la familia Ezquenazi. El “empresariado nacional” se acopló a la lógica de Repsol por obvias razones. Su ingreso a YPF fue sin poner un solo peso, ya que toda la compra se financiaría a partir de los dividendos obtenidos en el futuro. Su comportamiento en la compañía fue, por tanto, en plena sintonía con Repsol. Este puede resumirse en la siguiente máxima: extraer todo lo factible, invirtiendo lo mínimo indispensable y distribuyendo la mayor cantidad de ganancias posibles.
En su discurso la presidenta también realizó otra cuenta que será vital en la definición del modo y monto de expropiación. Repsol compró YPF por U$S 13.158 millones en1999. Ala fecha, considerando las ganancias obtenidas y acciones vendidas la empresa española no solo recuperó su inversión inicial sino que se retiraría con un saldo positivo de U$S 8.813. Esto significa que aún sin cobrar un solo peso en compensación por la expropiación Repsol ya se llevó de nuestro país el valor completo de la inversión más una fabulosa ganancia en poco más de 10 años.
El comportamiento de Repsol como verdadera maquinaria de saqueo viene siendo denunciado desde hace años por numerosos intelectuales y organizaciones populares, señalando que a su vez esta modalidad forma parte de una lógica global de acumulación por parte de las grandes empresas transnacionales. Similar modus operandi ocurre con el caso de la gran minería. En este sentido, quizás el caso de Repsol sirva además para desmontar algunos mitos liberales tan presentes en la discusión económica y en los argumentos de la oposición conservadora al gobierno.
¿Modelo Petrobras?
Uno de los debates que se abren es sobre el modelo de gestión a implementar. Como se dijo hasta al hartazgo, casi todos los países del mundo cuentan con empresas petroleras con participación estatal. La presidenta citó las cifras de África, Asia, Europa y otros países latinoamericanos. Tuvo especial cuidado en aclarar que el modelo a seguir era el de la petrolera brasilera Petrobras, es decir un modelo de empresa mixta, manteniendo el status de sociedad anónima y actuando en el mercado nacional e internacional como el resto de las empresas.
El “modelo Petrobras” contrasta con la experiencia de PDVSA, la petrolera estatal venezolana que al momento de asumir la presidencia Hugo Chavez, funcionaba como una empresa mixta con participación estatal y privada. Este modelo llegó a su fin con el lockout petrolero-patronal de 2002, que impulsó al gobierno bolivariano a avanzar en el 100% del control de petróleo y de PDVSA.
En Argentina, en cambio, desde la reforma constitucional de 1994, el Estado Nacional cedió la administración de los recursos naturales a las provincias. La pérdida de la soberanía nacional sobre el petróleo y el gas reforzada por el decreto 546/03 y la llamada “ley corta” del año 2006, habilitó la atomización del sector y la proliferación de contratos con diversas compañías multinacionales. Hoy YPF representa tan sólo entre el 30 y 35% de la producción petrolera y entre el 20 y 25% de la gasífera. En este marco, de aprobarse el proyecto de ley de expropiación del 51% de las acciones “clase D” en manos de Repsol, se estaría dando un importante paso, real y simbólico, en la perspectiva de obtener soberanía energética. No obstante aun queda muchísimo por hacer en pos de la recuperación de la propiedad y explotación de la totalidad de los hidrocarburos en particular, y de los recursos naturales en general.
La sustentabilidad a largo plazo
La medida anunciada supone un cambio importante en la configuración actual del mercado de combustibles. Para avanzar en una perspectiva de soberanía energética y apropiación de las fabulosas rentas que genera el sector, resulta necesario recuperar la plena soberanía nacional perdida con la reforma de1994. Asu vez, en el marco de la crisis ecológica global, resulta necesario avanzar en la diversificación de una matriz energética que hoy se basa casi exclusivamente en los hidrocarburos y que amenaza con avanzar con métodos sumamente contaminantes en la explotación de fuentes “no convencionales”.
Una Argentina industrializada, con desarrollo económico y distribución del ingreso, necesitará sin lugar a dudas recuperar el control estatal sobre los recursos naturales. Terminar con la lógica del saqueo y de la inserción económica en el mercado internacional como exportadora de “commodities”. Si nos decidimos a avanzar en este camino, el petróleo y el gas deberán ser considerados como recursos estratégicos y una YPF 100% estatal será necesaria para recuperar la soberanía sobre la totalidad del sector. La posibilidad de un cambio social profundo depende de ello.
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