La presidente Cristina Fernández anunció en cadena nacional el proyecto para recuperar la “soberanía hidrocarburifera” de la Argentina. El dato más difundido es que se restatizaría el 51 por ciento de YPF, expropiando acciones de la empresa española Repsol. No obstante, el debate que no se da también es importante. ¿Por qué incluye como objetivo el petróleo “no convencional”? ¿Por qué también fomenta la creación de saldos exportables y no la inversión en energías limpias?
Por Eduardo Soler | Com Ambiental
Cuál petróleo
Esto último criticó también en las redes sociales Juan Carlos Villalonga, director de los Verdes sobre YPF: “Sería una buena noticia si no fuera el prólogo de una avanzada destructiva hacia los recursos fósiles `no convencionales´”. De hecho, la misma presidente felicitó la gestión empresarial en noviembre del año pasado, en ocasión de haber hecho descubrimientos en Neuquén. Son casi 500 kilómetros cuadrados en la localidad de Loma de la Lata que llegarían a los mil millones de barriles. Esto es lo que se ve como la gran oportunidad del país.
Según registró el Observatorio Petrolero Sur, hubo una serie de antecedentes que ubican este tipo de explotación petrolera como estratégica. Y así también se establece en el proyecto de ley, como uno de los principios de la política que seguiría YPF. Lo que no se dice, es que este petróleo “no convencional” significa un serio riesgo ambiental. Las técnicas de perforación horizontal y fractura hidráulica presentan objeciones por ser altamente contaminantes, como explica el documental “Gasland”. E inclusive no se informan los aditivos químicos utilizados en el proceso, que genera gran cantidad de fluidos tóxicos.
Algo similar ocurre con las explotaciones off-shore, como las que quieren iniciar en las costas de las Islas Malvinas, y también se planea para el resto de la plataforma continental del país. Aquí el principal peligro está en manejar perforaciones hechas a gran profundidad, con riesgo de derrames, como los ocurridos en el golfo de México hace dos años. Tanto las explotaciones off-shore como el shale-oil/gas se explican por el avance de la frontera petrolera, hecha para seguir buscando petróleo en la era del pick-oil. Como ya fue dicho, es equiparable a la “necesidad” económica de la mega-minería.
Petróleo para qué
El tema anterior en realidad debiera subordinarse a otra pregunta. Pensar para qué recuperar el petróleo significa plantear si se lo hace simplemente para proveer el suministro de energía que necesita una economía consumista o, por el contrario, si se tiene la decisión estratégica de asegurar la sustentabilidad energética de la sociedad actual y de las generaciones futuras. Esto último puede lograrse utilizando la renta petrolera (energía solar acumulada por millones de años) para construir la infraestructura de energías limpias y renovables, como la solar y la eólica.
Por ello es imprescindible discutir uno de los objetivos de la ley que tiene, al menos, una redacción ambigua. El mismo establece “la obtención de saldos exportables para el mejoramiento de la balanza de pagos garantizando la explotación racional de los recursos y la sustentabilidad de su explotación para el aprovechamiento de las generaciones futuras”. Se hace imprescindible saber que ambos elementos son incompatibles. El petróleo es un recurso finito, cuyo extractivismo genera también problemas de contaminación local, además de su contribución al cambio climático global.
Si se elige en cambio ir por la vía de la sustentabilidad bien entendida, no debemos hablar solamente de la explotación del petróleo. Junto con la minería metalífera, se trata de recursos no renovables. El enfoque debe ser sectorial, en este caso energético. Si es así, la recuperación de la petrolera y de su gestión por parte del estado, aunque fuera mixta, es importante. Se abre la oportunidad de poner de relieve el interés público y social, que va mucho más allá del interés económico particular que puede tener una empresa.
Los españoles que apoyan la medida: ambientalistas. Ante los rumores de estatización que se expresaron la semana pasada, la organización Ecologistas en Acción expresó que “este es un paso necesario en el avance hacia un mundo post-petrolero más justo”. Para ello, enfatiza que el control público es cualitativamente mejor que la gestión privada. No obstante ello, la ONG “es plenamente consciente de que las razones por las que el Gobierno argentino se está planteando la nacionalización no son precisamente las ambientales”. Ante esta situación, confía en la “presión social” para reconvertir este tipo de empresa.
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