“Era un cóctel explosivo en manos de Repsol”

Al disertar en el Departamento de Estado, el vicepresidente describió la deserción del negocio petrolero para privilegiar la valorización financiera que ejecutó Repsol. Dura respuesta a la crítica de Estados Unidos a la política de comercio exterior
El vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, señaló ayer en Washington que la situación de YPF en manos de Repsol “era un cóctel explosivo”, por la combinación entre desatención del “negocio real de la empresa (la extracción de petróleo), el alto nivel de endeudamiento y una política de (distribución de) dividendos muy agresiva”. En una disertación que ofreció en el Departamento de Estado, organizada por el Consejo de las Américas, aseguró que la empresa estaba “mucho más orientada a la mesa de dinero que a la de los geólogos e ingenieros”, metáfora con la que aludió a que en Repsol prevalecía el interés por “la valorización financiera por sobre la valorización productiva”.
Durante su participación en la 42ª Conferencia de las Américas, Boudou justificó la necesidad de expropiar la empresa “dada la importancia sistémica de YPF en Argentina, cuya economía es muy dependiente de los hidrocarburos”. La gestión de Repsol en la petrolera “generaba problemas de sustentabilidad en el corto plazo y dificultades para el conjunto de la economía”, sostuvo, lo cual “llevó al Gobierno a tomar la decisión de recuperar el control estratégico de YPF”.
En otro capítulo de su presentación, Boudou subrayó que Argentina duplicó su nivel de apertura comercial en los últimos años, rechazando los cuestionamientos a supuestas restricciones a las importaciones. “Cuando uno ve el nivel de apertura, que lo podríamos medir como el total de importaciones más exportaciones dividido el producto bruto, la Argentina muestra un índice de 33,7 por ciento. Si lo comparamos con Brasil, un país muy exitoso, con el cual tenemos una alianza estratégica, su índice llega al 19 por ciento”. Remarcó que Estados Unidos tiene un índice de 24,8 y Australia, de 24,6 por ciento.
El vicepresidente refirió que es “muy llamativa la crítica actual de los organismos internacionales de crédito, porque cuando eran más favorecidas y apoyadas las políticas públicas de Argentina desde los centros financieros internacionales, durante la década de los ’90, ese índice de apertura era del 15,1 por ciento, menos de la mitad del actual”.
En el encuentro, frente a un auditorio en el que sobresalía la presencia de embajadores, representantes de la Casa Blanca, del Departamento de Estado y de compañías privadas, como las petroleras Exxon Mobile y Chevron, Boudou señaló que “nos provoca mucha satisfacción decir que Argentina tuvo un 30,8 por ciento de crecimiento en sus importaciones entre 2010 y 2011, el nivel más alto alcanzado por un país miembro del Grupo de los 20”.
“Esto quiere decir que, lejos de haber sido un país que frenó las importaciones, Argentina fue uno de los más dinámicos en términos del crecimiento relativo”, puntualizó. Sentado junto a la presidenta del Consejo, Susan Segal, Boudou se refirió a la queja formal que un grupo de cuarenta países, encabezados por Estados Unidos, presentó semanas atrás en la OMC contra la administración del comercio que aplica Argentina. Boudou calificó también como “llamativo que de los diecinueve países (del G-20) que proponen una medida contra Argentina, dieciocho de ellos han aumentado las exportaciones que han remitido a Argentina, salvo el caso de Noruega”. “Y en el caso de la Unión Europea en particular, 25 de los 27 países han incrementado sus exportaciones” a la Argentina.
El ex ministro de Economía también se refirió a la deuda argentina con el Club de París, señalando que “nos gustaría mucho encontrar rápidamente una solución que sea aceptable para los acreedores y posible de pagar para el país sin tener que mermar su crecimiento”. Destacó que “cuando uno ve que se pone énfasis en pagar las deudas con fuertes reducciones fiscales, recuerda que la historia económica nos enseña que usualmente eso termina mal”.
Antes de finalizar su presentación, Boudou se refirió al lema “un mundo nuevo con nuevas ideas”, utilizado por G-20 en la reunión de Cannes, Francia. “A ninguno se le escapa que éste es un mundo nuevo –señaló–, lo que no estamos viendo es que aparezcan nuevas ideas; al contrario, parece que las recetas son una y otra vez las mismas. Y cuando aparece un país o un grupo de países intentando nuevas ideas, lejos de fomentarlas o darles incentivos se los trata de estigmatizar y demonizar, como en el caso de Argentina.”
Página/12
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Primero, en Argentina
Por Sebastián Premici | Página/12
Si Repsol quisiera demandar a la Argentina ante el Ciadi –el tribunal arbitral del Banco Mundial–, primero debería entablar una demanda en la Justicia argentina. Así lo establece el Tratado Bilateral de Inversión (TBI) firmado con España en 1991 y ratificado por ley un año después. La Justicia local tiene un plazo de 18 meses para resolver. Recién ahí la compañía española podría acceder a un tribunal arbitral.
La Corte de Apelaciones de Estados Unidos del distrito de Columbia emitió un fallo, el pasado 17 de enero, donde fijó este mismo criterio en la puja legal que tiene la empresa BG Group (controlante de Metrogas) con la Argentina, originado tras la salida de la convertibilidad. Si bien se trata de una empresa inglesa, su TBI es similar al español. Esto da cuenta de que existe jurisprudencia internacional que obligaría a los inversores españoles a someterse primero a lo que falle la Justicia donde realizó las inversiones. Los españoles tendrán así una traba adicional por la expropiación antes de llegar a un litigio internacional.
“Si una controversia no pudiera ser dirimida dentro del plazo de seis meses (de manera amigable), será sometida a petición de una de ellas a los tribunales competentes de la parte en cuyo territorio se realizó la inversión. La controversia podrá ser sometida a un tribunal arbitral internacional… cuando no exista una decisión sobre el fondo después de transcurridos dieciocho meses contados a partir de la iniciación del proceso.” Así lo establece el artículo 10 del TBI con España.
El Tratado que tiene la Argentina con Inglatera fija el mismo criterio que el español. Además del caso de la Cámara de Apelaciones de Estados Unidos citado anteriormente, en febrero de este año la Corte Permanente de Arbitraje emitió un laudo preliminar sobre jurisdicción de un tribunal arbitral –el caso ICS Inspection and Control Services vs. Argentina– e insistió en que primero las empresas deberían llevar sus conflictos a los tribunales locales. “Ello parece indicar un cambio de orientración de la jurisprudencia internacional que, con anterioridad, parecía inclinada a soslayar ese requisito previo para iniciar un arbitraje internacional contra el Estado argentino”, indicó a este diario un abogado experto en arbitrajes internacionales, con asiento en España.
Más allá de esta salvaguarda comprendida en el TBI con España, distintos juristas en el mundo están discutiendo un nuevo esquema de regulación internacional. En agosto de 2010 se firmó la Declaración Pública sobre el Régimen de Inversión Internacional –luego revisado en 2011–, en el marco de las deliberaciones llevadas adelante por la Osgoode Hall Law School de York University (Toronto, Canada) y el Taller Perspectivas Socio-Jurídicas de la Adjudicación de Disputas Económicas Internacionales, realizado en el Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati.
“El arbitraje de inversiones basado en un tratado, en su forma actual, no es un método justo, independiente y equilibrado para la solución de controversias relativas a inversiones y por lo tanto no se debe confiar en él para este fin. Los gobiernos tienen fuerte razones morales y políticas para retirarse de los tratados de inversión y oponerse a un arbitraje inversionista-Estado, incluso negándose a pagar los laudos arbitrales en contra de ellos cuando éstos han seguido a una medida de buena fe, introducido con un legítimo propósito”, puede leerse en la declaración (el texto completo en http://bit.ly/Izh3iv).
Existe una corriente internacional y local que recomienda la suspensión de los TBI, como así también la salida del Ciadi, proceso iniciado recientemente por Venezuela, Ecuador y Bolivia. “No puede dejar de propiciarse que el proceso expropiatorio de Repsol sea también oportunidad para que el Congreso de la Nación examine la validez de tratados internacionales que renuncian a nuestra soberanía en materia de leyes y jurisdicción”, indicaron a este diario Eduardo Bacesat y Roberto Boico.

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