La ONU pide medidas urgentes por la situación de los indígenas en Argentina

El Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas James Anaya dijo que en Argentina “persiste una brecha significativa entre el marco normativo establecido en materia indígena y su implementación” y realizó una serie de recomendaciones de corto y mediano plazo para acotarla. Si bien reconoció que el Estado tanto a nivel federal como provincial, ha dado “pasos importantes” para reconocer esos derechos, le reclamó que adopte “políticas públicas claras” y que elabore “medidas legislativas y administrativas adicionales” para su efectivo cumplimiento. También pidió que cesen las amenazas e intimidaciones a las poblaciones “tanto por parte de funcionarios como de particulares” y los desalolojos ilegales de territorios.
El funcionario de la ONU, que visitó varias comunidades aborígenes del país entre el 27 de noviembre y el 7 de diciembre pasados, presentó ayer desde Ginebra en video conferencia, su informe preliminar al que las autoridades y organizaciones podrán hacerle aportes antes que en setiembre, el documento final sea elevado ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. A la presentación en el Centro Cultural Recoleta, asistieron representantes de pueblos originarios, ONG y dos funcionarios de Cancillería.
Anaya solicitó que los plazos de las leyes 26.160 y 26.554, que declaran la emergencia en materia de propiedad de tierras, se extiendan más allá de 2013 y pidió a los gobiernos que redoblen esfuerzos para finalizar esa tarea inconclusa, de la que se deriva la mayoría de los reclamos de las comunidades. Para ese labor, consideró “escaso” el presupuesto con el que cuenta el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, clave en el relevamiento territorial. Según el censo 2010, la población indígena auto reconocida es de 955.032 personas, un 2,38% del total del país. El 29,5% habita en viviendas deficitarias y tanto el uso de gas a leña como el de agua de cursos naturales superan la media del país.
“Existe todavía en Argentina una falta de seguridad jurídica respecto de los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras y recursos naturales tradicionales” advierte el informe de 35 páginas. Resalta que, pese a la obligatoriedad legal de consulta a las comunidades ante cada avance sobre los territorios reclamados, no son tenidas en cuenta. El texto reclama además la actualización de los códigos Civil, Penal y Minero y aunque no incluye conclusiones sobre la reforma al primero de ellos que debate el Congreso, Anaya tomó nota de la preocupación que tienen las comunidades sobre la iniciativa. La abogada Elena Picasso, del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen dijo que el proyecto se hizo “sin consultar a las comunidades y desde un punto de vista teórico, que desconoce las luchas de los pueblos de los últimos 30 años”.
En otro orden, el Relator solicitó una revisión de la política oficial sobre el establecimiento de parques nacionales y áreas protegidas, que permita a las comunidades el aprovechamiento de los beneficios turísticos. En el caso de la Quebrada de Humahuaca, declarada Patrimonio de la Humanidad, le pidió tanto al gobierno nacional, como al de Jujuy y a UNESCO que fortalezcan la participación de los pueblos indígenas aledaños en el manejo de la zona y aseguren el mantenimiento de sus actividades tradicionales y de subsistencia.
Félix Díaz, dirigente de la etnia Qom en Formosa resaltó la “falta de interés de las autoridades provinciales para solucionar problemas fundamentales” y denunció persecuciones. “Estamos siendo avasallados por la estrategia de una política estatal que excluye a los verdaderos líderes que defienden a las comunidades” afirmó Díaz, de la comunidad La Primavera, una de las visitadas por Anaya.
ADN Río Negro