Perú: "El Estado tiene la oportunidad para intentar recuperar la credibilidad en la Amazonía norte"

Entrevista con Jorge Tacuri, asesor legal de PUINAMUDT y abogado de Solsticio Perú.

En setiembre de 2011 se cumplieron 40 años de actividades para la extracción de hidrocarburos en la Amazonía norte del Perú. Durante este tiempo se originaron una serie de cambios cuyo impacto es profundo, afectando seriamente la vida, el ambiente y la cultura en territorios ancestrales indígenas ubicados en lo que hoy se denominan, bajo consideraciones exclusivamente económicas, lotes de producción petrolera. La territorios a los que hacemos referencia corresponden a las áreas de los lotes 1AB y 8.

En aquel setiembre, las organizaciones de los pueblos indígenas de Loreto afectados por cuatro décadas de contaminación petrolera y la vulneración de derechos colectivos, abrieron un espacio para la reflexión y coordinación de una agenda común, denominado PUINAMUDT. Tras algunos meses de gestiones y acciones conjuntas, FEDIQUEP, FECONAT, FECONACO y ACODECOSPAT, organizaciones que participan de este proceso, lograron crear un escenario completamente nuevo que, en el mejor de los casos, resulta nuevo y favorable.

Uno de los logros del PUINAMUDT es la creación de la Comisión Multisectorial RS N°200-2012-PCM, encargada de analizar, diseñar y proponer medidas para solucionar la problemática de las cuencas del Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón. Jorge Tacuri, abogado de Solsticio Perú y asesor legal de las organizaciones indígenas de PUINAMUDT, nos ofrece sus opiniones y valoración de este nuevo escenario.

RESPETO Y DIGNIDAD PARA EL DIÁLOGO

¿En qué marco se sitúa la conformación de esta Comisión Multisectorial?

Las agendas no son homogéneas. En los pueblos del Pastaza, por ejemplo, hay una ausencia total del Estado y una indiferencia total de la empresa. En la cuenca del Tigre hay una actitud cómplice del Estado, al esconder los impactos más graves que existen. En la cuenca del Corrientes, por la iniciativa de los achuares, hay un nivel de diálogo permanente entre empresa y las comunidades, esto ha empezado a resolver algunas problemas pero aún de manera deficiente. Con la marcha de quechuas del Pastaza en Alianza Topal, se están tratando de equilibrar las condiciones de diálogo, en las cuencas que están afectadas por estas actividades.

¿Qué representa la conformación de la Comisión Multisectorial?

Creo que es una nueva oportunidad que se dan el Estado y el movimiento social indígena en la Amazonía, para abordar la problemática de cuatro décadas de actividad petrolera. Hay expectativas por parte del movimiento indígena, que una vez más apostó por mecanismos democráticos como el diálogo, la incidencia y las gestiones en distintas instancias del Estado. A partir de la fecha queda en la responsabilidad del Estado cumplir los fines, las metas y los objetivos para la cual se creó la comisión.

¿Qué esperan los pueblos indígenas del Estado?

Primero respeto y dignidad, un principio básico para resolver los problemas y entablar un diálogo como corresponde. Luego está el respeto a sus derechos colectivos como pueblos indígenas, el cual ha sido vulnerado permanentemente en las zonas donde existe la presencia de la empresa petrolera.

NO PUEDE CONTINUAR LA IMPUNIDAD

¿De qué debe ocuparse esta comisión para que sea efectiva?

Lo que se espera es que la situación ambiental de la zona no continúe tal como la conocemos y la hemos visto. Se viene un proceso de consulta pero antes debe realizarse una especie de estudio ambiental independiente o una especie de auditoría ambiental, para saber en qué condiciones va entrar la nueva empresa. También es importante conocer las condiciones que han permitido eso.

Hay una legislación ambiental muy permeable para situaciones de contaminación. Hay una desprotección del medio ambiente y de los derechos de los pueblos indígenas. Todo eso tiene que cambiar. Esperamos que la Comisión Multisectorial permita hacer un comienzo para resolver esa problemática.

Lo otro es que no puede continuar impunidad. Tienen que acabar las malas prácticas de la empresa, tiene que acabar también esa cadena de omisión, de complicidad, del Estado, la cual genera impunidad. Por último, tiene que haber un diálogo para discutir reparaciones; estamos hablando de compensaciones e indemnizaciones por los impactos que han ocurrido en la zona.

¿La Comisión Multisectorial es el espacio para solucionar eso?

No, es un espacio pequeñísimo. Pero es el inicio, sólo una parte. La Comisión Multisectorial no va a resolver la problemática integral pero por lo menos va a ser el lugar donde se empiece a tratar. Creo que el Estado tiene una nueva oportunidad para intentar recuperar la credibilidad, por lo menos en la Amazonía norte, en zonas donde hay cuarenta años de actividad petrolera. De todo lo que hay ahí, los impactos, los pasivos, lo que se ha hecho en nombre del desarrollo contra esos pueblos, el gran responsable es el Estado.

CONTAMINACIÓN INCUESTIONABLE

A finales de junio, un grupo de trabajo del Congreso de la República viajó a las zonas impactadas por contaminación petrolera, como parte de un proceso de investigación. En estas investigaciones, para justificar los derrames de petróleo ocurridos, Pluspetrol tuvo un solo argumento: el vandalismo de parte de los pobladores de las comunidades.

Al momento del viaje, los congresistas involucrados en las investigaciones, estuvieron acompañados por los representantes de la OEFA y OSINERGEMIN, entidades públicas de fiscalización ambiental. Los hechos fueron evidentes: la contaminación estaba manifiesta a simple vista. Esto impulsó que, a pocos días, el Organismo de Evaluación y Fiscalización del Ambiente – OEFA, realizara una Supervisión Especial en el lote 1AB, para “establecer responsabilidades, respecto a las denuncias de contaminación ambiental”. Asimismo, tras el viaje de los congresistas, se realizó una alerta a la Fiscalía Ambiental sobre la necesidad de investigar los derrames en la zona.

El escenario actual indica que los daños ambientales y a los derechos colectivos de los pueblos indígenas son incuestionables. Esto es un logro; sin embargo, el escepticismo permanece en las organizaciones. Por mucho tiempo, no se han reconocido los derechos colectivos de las poblaciones indígenas mediante una práctica sistemática de exclusión y marginación. El Estado debe recobrar la credibilidad pérdida por medio de mecanismos que garanticen un marco de justicia en los territorios ancestrales, considerando las prácticas y visiones propias.

PUINAMUDT