El decreto que reglamenta la expropiación de YPF choca con las provincias

Por Lucía Salinas.- El Decreto N° 1.277 publicado en el Boletín Oficial de la Nación reglamenta la ley que declaró de utilidad pública a YPF. La normativa busca dar cumplimiento al plan nacional de inversiones hidrocarburíferas, creando una Comisión de Planificación y coordinación estratégica.

Algunos gobernadores integrantes de la OFHEPI manifestaron su preocupación sobre los alcances del Decreto. Aducen que el mismo interfiere en potestades otorgadas a las Provincias desde 1994 con la última reforma de la Constitución Nacional, como la determinación sobre las concesiones de áreas; y con la Ley 26.197, conocida como Ley Corta de Hidrocarburos, del año 2006.

La Comisión creada en la órbita de la Secretaria de política económica y planificación del desarrollo del ministerio de economía y finanzas publicas, estará integrada por la Secretaria de Energía de Nación a cargo de Daniel Cameron, junto a Guillermo Moreno y Axel Kicillof. Dentro de sus funciones, tendrán la responsabilidad del monitoreo de los hidrocarburos. También elaborarán el plan anual de inversiones en hidrocarburos, donde establecerán los presupuestos mínimos y “las metas en materia de inversiones en exploración, explotación, refinación, transporte y comercialización de hidrocarburos para el logro de los objetivos de la Política Hidrocarburífera Nacional”, versa el Decreto 1.277.

El piso mínimo de inversiones es un aspecto fijado por leyes provinciales en la negociación que inician los Gobernadores con las Operadoras y sus respectivos entes de aplicación. A partir de la creación de la Comisión, esas inversiones mínimas las determinará Nación.

El organismo encabezado por Kicillof determinará un régimen sancionatorio, para garantizar el cumplimiento del Plan de Inversión. El Decreto determina que dichas medidas se aplicarán en función de los estipulado en la Ley de de Hidrocarburos 26.197 en su artículo 6°. Allí se otorga toda potestad a las provincias, como Autoridad de Aplicación, para avanzar por ejemplo en medidas de sanciones en los registros, caducidad y condiciones establecidas en los contratos. También se otorga autoridad a los gobiernos provinciales para avanzar en cualquier otra medida de similares características, sea multas, suspensiones de registros. Esta acción es la que se arroga la Comisión en función del Decreto 1.277.

El presidente de la OFHEPI y Gobernador de Chubut, Martín Buzzi, sobre si la norma vulnera principios básicos de la Ley Corta explicó que se generó alguna inquietud en los gobernadores, pero que no hay una intervención en el sector. Chubut avanza en la Legislatura con el Marco Regulatorio de Recursos no renovables, con el que regirá la renovación de contratos a operadoras cuyas concesiones vencen en 2017.

Sin embargo, el Decreto estipula que la comisión tripartita será la responsable de determinar la información técnica, cuantitativa y/o económica, que las empresas que explotan recursos en suelo nacional, deberán presentar. La misma se utilizará para evaluar el desempeño del sector y en función de ello delinear el Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas. Esta instancia no incluye la presencia de representantes de las principales provincias productoras de gas y crudo.

Panorama de Santa Cruz

La empresa YPF tiene el 56% de las áreas de explotación de petróleo y gas en territorio santacruceño y la actividad tributa el 12% del Presupuesto Provincial. Durante el 2011 las regalías hidrocarburíferas se calcularon en $1200 millones. Para el año en curso, los valores no habían variado demasiado e ingresarían por regalías de petróleo $1,191.052.800 y por regalías gasíferas $24.307.200. El Gobierno Provincial busca repotenciar a la Operadora y desde su representación en el Directorio, incrementar la producción en Santa Cruz buscando una repercusión inmediata en la economía Provincial ante el nuevo horizonte Petrolero.

De la explotación gasífera y petrolera la Provincia percibe 150 millones de pesos mensuales en concepto de Regalías. Tras la conformación del Directorio y la puesta en marcha de inversiones, Santa Cruz espera que YPF duplique la producción, que en cálculos oficiales implicaría la incorporación de 30 millones de pesos más por mes en la reactivación de equipos con baja productividad.

Ante las inquietudes surgidas por el Decreto reglamentario, el Gobernador Daniel Peralta sostuvo “un Decreto nunca puede estar por encima de una Ley, Santa Cruz tiene su Ley Marco para regular la actividad hidrocarburíferas”.

La Provincia cuenta con seis leyes provinciales y una disposición interna en materia de Hidrocarburos. La más reciente y de mayor relevancia es la N° 3.117 conocida como “Marco Regulatorio para la prórroga de concesiones hidrocarburíferas”, sancionada en el año 2010 y en base a la cual Santa Cruz renegoció las áreas con la ex OXY ahora conocida como SINOPEC y que representa el 32% de la explotación de gas y crudo de la Provincia.

En función de la legislación provincial Peralta dijo que se regulará la renovación de concesiones a YPF. Las mismas vencen en 2017 y su renegociación otorgará un canon único del 16% sobre el valor total. Según la evaluación financiera del Gobierno, Santa Cruz pierde por mes cerca de 18 millones de pesos sobre las regalías por no cerrar la renegociación de áreas con su principal operadora.

Peralta confirmó después una reunión mantenida con Buzzi, que el Decreto viene a contribuir a exigencias de las inversiones. Negó que pueda existir un avance sobre la autonomía de la provincia.

Santa Cruz Digital