Córdoba, 18 de agosto de 2012
Después de más de dos meses de proceso, donde pudimos presentar con libertad, respeto y atención los testimonios y las pruebas científicas y sanitarias sobre la contaminación que generaba las aplicaciones con agrotóxicos y de qué forma se fue afectando la salud y la vida de los vecinos de Bº Ituzaingo anexo; el próximo martes 21, el Tribunal de la Cámara 1º del Crimen de Córdoba dictara su sentencia.
Desde hace más de 10 años ciudadanos del interior del país denuncian que las fumigaciones los enferman; a la par que el agronegocio se expande más y más sobre la base de un modelo de agricultura tóxica con semillas transgénicas, un sistema que consume cantidades crecientes de venenos y que en este ultimo año utilizo 370 millones de l/kg de diversos venenos (68% glifosato). El gobierno nacional y los gobiernos de muchas de las provincias del país, impulsan con entusiasmo este modelo, negando sus efectos tóxicos, a pesar de contar, ante sus propios ojos, con la evidencia de las consecuencias que producen sobre la vida y la salud de su población.
Los reclamos de los pueblos fumigados son acompañados por médicos, biólogos, agrónomos críticos, abogados de derechos humanos y ambientales, periodistas y ciudadanos comunes. Sus denuncias siempre fueron rechazadas por la policía y por la justicia en todo el país. Últimamente quedaron firmes recursos de amparo presentados con la finalidad de parar fumigaciones en las periferias de pueblos de Santa Fé, Chaco, Salta; la semana pasada el Tribunal Superior de la Provincia de Buenos Aires falló sobre un Amparo Ambiental, prohibiendo fumigar dentro de los 1000 metros que rodean al pueblo de Alberti en esa provincia.
En el juicio en curso, las denuncias por fin fueron escuchadas, y como resultado de la investigación, los fiscales concluyeron en que, fumigar contaminando zonas pobladas, viola el artículo 50 de la ley de Residuos Peligrosos nro. 24.051 y el artículo 200 del Código Penal. Durante las audiencias del debate, claramente se expresó un conflicto, entre los intereses de los empresarios sojeros, instigados por las empresas biotecnológicas (como Monsanto y Syngenta) que buscan sostener la forma tóxica en que despliegan su negocio, por un lado; y el derecho a la vida, a la salud y al ambiente sano de las poblaciones expuestas, por el otro.
La Justicia tiene hoy la palabra. Por su parte, el gobierno provincial, en estos días procura garantizar el establecimiento de Monsanto en nuestra provincia, fijando posición en este conflicto: más agricultura tóxica para todos.
Una sentencia de absolución significaría: glifosato libre para todos. Significaría que Parra, prepare su barbecho químico al día siguiente, y los vecinos de Ituzaingó vuelvan a recibir sus dosis sistemáticas de veneno, entre los meses de agosto y marzo, durante todos los años. Significaría que las 3000 escuelas rurales del país que son fumigadas con los chicos adentro, no tengan otra alternativa defensiva que cerrar puertas y ventanas y soportar los efectos de los plaguicidas. Significaría que para la Justicia, prevalezcan los derechos privados y comerciales, por sobre los derechos humanos. Significaría también consolidar el poder hegemónico de este bloque construido entre la Mesa de Enlace del “campo”, las empresas transnacionales más siniestras y el gobierno nacional y provincial.
Una sentencia que reconozca el carácter delictivo y contaminante de las fumigaciones indiscriminadas; una sentencia que castigue conductas sostenidas en la codicia y la desaprensión; que se apoye en el principio precautorio y no en los hechos consumados; que ponga a la Justicia en el rol de priorizar valores y principios de humanidad, de solidaridad, de defensa del ambiente y de la vida sobre los intereses de grupos económicos, será una sentencia de una Justicia que aporte a la convivencia en una sociedad más ética y más justa.
Esperamos con expectativa el veredicto; conscientes de que, una sentencia “justa”, requerirá de los jueces de la Cámara 1º del Crimen, suficiente valor, coraje y dignidad para permitirles, como representantes de nuestras instituciones judiciales, responder al reclamo de los vecinos de Barrio Ituzaingó.-
Madres de Ituzaingo y Colectivo Paren de Fumigar
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Después de más de dos meses de proceso, donde pudimos presentar con libertad, respeto y atención los testimonios y las pruebas científicas y sanitarias sobre la contaminación que generaba las aplicaciones con agrotóxicos y de qué forma se fue afectando la salud y la vida de los vecinos de Bº Ituzaingo anexo; el próximo martes 21, el Tribunal de la Cámara 1º del Crimen de Córdoba dictara su sentencia.
Desde hace más de 10 años ciudadanos del interior del país denuncian que las fumigaciones los enferman; a la par que el agronegocio se expande más y más sobre la base de un modelo de agricultura tóxica con semillas transgénicas, un sistema que consume cantidades crecientes de venenos y que en este ultimo año utilizo 370 millones de l/kg de diversos venenos (68% glifosato). El gobierno nacional y los gobiernos de muchas de las provincias del país, impulsan con entusiasmo este modelo, negando sus efectos tóxicos, a pesar de contar, ante sus propios ojos, con la evidencia de las consecuencias que producen sobre la vida y la salud de su población.
Los reclamos de los pueblos fumigados son acompañados por médicos, biólogos, agrónomos críticos, abogados de derechos humanos y ambientales, periodistas y ciudadanos comunes. Sus denuncias siempre fueron rechazadas por la policía y por la justicia en todo el país. Últimamente quedaron firmes recursos de amparo presentados con la finalidad de parar fumigaciones en las periferias de pueblos de Santa Fé, Chaco, Salta; la semana pasada el Tribunal Superior de la Provincia de Buenos Aires falló sobre un Amparo Ambiental, prohibiendo fumigar dentro de los 1000 metros que rodean al pueblo de Alberti en esa provincia.
En el juicio en curso, las denuncias por fin fueron escuchadas, y como resultado de la investigación, los fiscales concluyeron en que, fumigar contaminando zonas pobladas, viola el artículo 50 de la ley de Residuos Peligrosos nro. 24.051 y el artículo 200 del Código Penal. Durante las audiencias del debate, claramente se expresó un conflicto, entre los intereses de los empresarios sojeros, instigados por las empresas biotecnológicas (como Monsanto y Syngenta) que buscan sostener la forma tóxica en que despliegan su negocio, por un lado; y el derecho a la vida, a la salud y al ambiente sano de las poblaciones expuestas, por el otro.
La Justicia tiene hoy la palabra. Por su parte, el gobierno provincial, en estos días procura garantizar el establecimiento de Monsanto en nuestra provincia, fijando posición en este conflicto: más agricultura tóxica para todos.
Una sentencia de absolución significaría: glifosato libre para todos. Significaría que Parra, prepare su barbecho químico al día siguiente, y los vecinos de Ituzaingó vuelvan a recibir sus dosis sistemáticas de veneno, entre los meses de agosto y marzo, durante todos los años. Significaría que las 3000 escuelas rurales del país que son fumigadas con los chicos adentro, no tengan otra alternativa defensiva que cerrar puertas y ventanas y soportar los efectos de los plaguicidas. Significaría que para la Justicia, prevalezcan los derechos privados y comerciales, por sobre los derechos humanos. Significaría también consolidar el poder hegemónico de este bloque construido entre la Mesa de Enlace del “campo”, las empresas transnacionales más siniestras y el gobierno nacional y provincial.
Una sentencia que reconozca el carácter delictivo y contaminante de las fumigaciones indiscriminadas; una sentencia que castigue conductas sostenidas en la codicia y la desaprensión; que se apoye en el principio precautorio y no en los hechos consumados; que ponga a la Justicia en el rol de priorizar valores y principios de humanidad, de solidaridad, de defensa del ambiente y de la vida sobre los intereses de grupos económicos, será una sentencia de una Justicia que aporte a la convivencia en una sociedad más ética y más justa.
Esperamos con expectativa el veredicto; conscientes de que, una sentencia “justa”, requerirá de los jueces de la Cámara 1º del Crimen, suficiente valor, coraje y dignidad para permitirles, como representantes de nuestras instituciones judiciales, responder al reclamo de los vecinos de Barrio Ituzaingó.-
Madres de Ituzaingo y Colectivo Paren de Fumigar
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Comisión Prensa y Comunicación
UAC Unión de Asambleas Ciudadanas
