Líderes indígenas piden transparencia
El Gobierno Regional de Loreto en el norte del Amazonas de Perú ha recientemente trazado planes para la primera investigación independiente del medio ambiente de las zonas contaminadas por las empresas petroleras en el infame Lote petrolero 1AB, después de que las comunidades indígenas quechuas del río Pastaza se movilizaran para obligar al gobierno del Perú a negociar.
Esta prueba sin precedentes de los peces, el agua, el suelo y los sedimentos en más de 50 sitios en las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre y Corrientes – la primera de las cuales podría comenzar en el Pastaza a partir de mediados de septiembre – es una gran victoria para los grupos indígenas a lo largo del Amazonas de Perú, que han denunciado durante décadas el envenenamiento de sus aguas, sus fuentes de alimento y de sus tierras en el bosque por los vertidos, fugas y derrames de las empresas.
También es una responsabilidad de gran importancia para el gobierno y la industria petrolera en auge del Perú.
Wilfredo Panduro Cárdenas, director de Loreto de Medio Ambiente y Recursos Naturales, dijo a los líderes indígenas en Iquitos la semana pasada que los resultados dramáticos en los primeros estudios sobre los ríos Pastaza y Corrientes podrían desencadenar una declaración de estado de emergencia, lo que abriría una investigación más amplia y forzaría al gobierno central a enviar ayuda médica, económica y de otra índole a la región.
Un estado de emergencia podría también escandalizar a la industria en un momento en que muchos recién llegados internacionales están aumentando las operaciones de hidrocarburos, con la esperanza de duplicar la producción de petróleo de Perú en los próximos cinco años.
Los líderes indígenas dicen que esperan que esto obligue al extractor de petróleo argentino PlusPetrol a pagar una indemnización por daños y limpiar la región, que ha sido devastada por una industria petrolera considerablemente incontrolada por más de 40 años.
La contaminación de Loreto se inició con la empresa extractora de EE.UU. Occidental Petroleum en 1971 y continuó por la empresa argentina PlusPetrol, después de que se hicieran cargo del contrato de cesión del lote en el 2000. Las protestas masivas de los Achuar y otros grupos indígenas en la cuenca del Corrientes en el 2006 obligaron a PlusPetrol a cambiar la peor de sus prácticas – el vertido de las aguas de producción tóxicas – mas la contaminación continúa.
Los líderes indígenas y su equipo de abogados están presionando a los funcionarios del gobierno para incluir a sus propios observadores nativos, quienes irían acompañados de expertos internacionales y representantes de la empresa para garantizar la legitimidad de las pruebas. Ellos dicen que temen que los errores o la manipulación del proceso podrían ser contraproducentes y arriesgarían con librar a las empresas de décadas de transgresiones.
“Hemos visto esto antes en el Corrientes”, dijo Jorge Tacuri, abogado del Programa para la Defensa de los Derechos Indígenas, que representa a FEDIQUEP, la Federación Indígena de los Quechua del Pastaza, entre otras federaciones.
“Ellos examinaron sus propios sitios, no donde los miembros de la comunidad sabían que estaba el petróleo”, dijo Cárdenas, el jefe del medio ambiente, el 16 de agosto. “Luego, dijeron que no había contaminación.”
“No vamos a permitir que eso suceda esta vez”, dijo Tacuri.
El Gobierno central de Perú sólo accedió finalmente a examinar los resultados de 40 años de contaminación, después de que cerca de 500 pobladores quechuas de río arriba y abajo del Pastaza se movilizaran en la comunidad ribereña de Alianza Topal en junio.
Esa histórica semana de protesta, convocada por el presidente de FEDIQUEP Aurelio Chino Dahua cuando una delegación del Congreso de Perú repentinamente canceló un viaje previsto para investigar, dio lugar a la llegada de Ministros de primer nivel del Gobierno central quienes firmaron una lista de compromisos para evitar un conflicto más amplio. Las negociaciones culminaron en un acuerdo histórico, el Acta de Alianza Topal, que prometía un paquete de servicios y ayudas e incluía la investigación ambiental.
En reuniones de la semana pasada, lo que sorprendió a algunos de los líderes indígenas más escépticos con su aparente sinceridad, los jefes de la agencia GOREL presentaron informes de avances, incluyendo la construcción de nuevas clínicas, la contratación de nuevos profesores, una escuela secundaria y la entrega de los techos corrugados a los pueblos – entre muchas otras mejoras.
Aunque fuera del Lote 1AB, las áreas del río Marañón contaminadas por Pluspetrol también será incorporada en la evaluación más amplia.
Las negociaciones polémicas sobre la elección de los lugares para las cuatro regiones fluviales de Iquitos continuarán esta semana.
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