Enarsa busca reflotar la megaobra que lleva 6 años de atraso y demandará una inversión de US$ 1500 millones; el proyecto había sido presentado originalmente por el grupo Techint
Por Pablo Fernández Blanco | LA NACION
La foto muestra otra Argentina: el ministro de Economía, Roberto Lavagna; el de Planificación, Julio De Vido, y una tropa de empresarios industriales ilusionados con la promesa de la recuperación económica reunidos en un ámbito de intercambio, en el que se podía hablar en voz alta sobre eventuales aumentos de tarifas.
Fue el 6 de noviembre de 2003, durante el II Encuentro Federal de Industriales, que se llevó a cabo en Rosario. Allí también se dio a conocer la intención de construir el Gasoducto del Nordeste (GNEA) para traer gas de Bolivia, a esta altura la obra más postergada del kirchnerismo.
Nueve años más tarde, De Vido, uno de los pocos funcionarios que perduran en el tiempo, intentará relanzar el proyecto a través de la empresa estatal Enarsa. Así lo anticipó en una presentación pública que realizó hace unos 10 días. Y es el mensaje que los equipos del Enargas, el ente regulador del servicio de gas, les dio en las últimas semanas a algunos empresarios del sector.
Las dos versiones tienen un punto en común: si bien los estudios técnicos están avanzados, aún nadie dio precisiones sobre cuál será el origen de los fondos para financiar la obra. Un ejecutivo familiarizado con el proyecto sostuvo que “se están analizando alternativas para empezar algunos trabajos”. Hasta ahora se hicieron poco más de 20 kilómetros en Santa Fe y 50 kilómetros del gasoducto Juana Azurduy, en Salta.
El GNEA nació por iniciativa del grupo Techint. Es un proyecto a la medida de sus empresas: la constructora lo llevaría a cabo y Tenaris, que aglutina a sus plantas productoras de tubos, aportaría los caños.
De Vido acompaña el proyecto desde su génesis. Lo anunció por primera vez en Rosario junto a Luis Betnaza, director del grupo siderúrgico. En esa ocasión sostuvo que para cuando se pusiera en marcha el ducto, en 2006, habría “otros cuadros tarifarios”. Diecisiete días más tarde sus jefes –el ex presidente Néstor Kirchner y Paolo Rocca– lo dieron a conocer formalmente en la Casa de Gobierno. Fue el inicio de una tradición kirchnerista: anunciar obras de infraestructura mucho antes de que estuvieran en condiciones de concretarse.
En aquel momento, el proyecto, que fue propuesto como una iniciativa privada (significa que si el Gobierno lo impulsa debe llamar a licitación, pero la empresa que lo presentó tiene prioridades en el concurso), no atravesó el terreno fangoso que le preparó la oposición política, que reclamó la realización de una licitación directa.
Algunas de las demoras del proyecto vinieron desde fronteras afuera. El triunfo de Evo Morales en las elecciones de 2005 originó un proceso de nacionalización de la industria petrolera en Bolivia que puso en duda la capacidad de ese país de abastecer del fluido a la Argentina.
La primera versión de la obra tenía por objetivo llevar gas a Salta, Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, Santa Fe y Entre Ríos, con una inversión de US$ 1000 millones, de los cuales 750 millones provendrían del grupo privado y el resto, del Estado. Hoy se habla de 1448 kilómetros por no menos de US$ 1500 millones para la obra troncal, que estará bajo la supervisión y posterior operación de Enarsa, según un decreto de 2007.
El ducto integró también el repertorio de anuncios de Cristina Kirchner. En febrero de 2011 llamó a una nueva licitación, pero con obras complementarias el presupuesto se elevó hasta $ 24.726 millones (unos US$ 5317 millones al tipo de cambio actual, incluidas derivaciones).
La licitación en curso, según describe Enarsa en su página web, comprende tres tramos: el primero arranca en el norte de Salta, en la conexión con el gasoducto Juana Azurduy, hasta el límite con Formosa; el segundo llega hasta la localidad de Ibarreta, en el centro formoseño, y el tercero parte de la zona de Vera, en el norte de Santa Fe, hasta su conclusión en Sauce Viejo, cerca de la capital provincial. De acuerdo con fuentes al tanto del proyecto, el presupuesto supera los US$ 800 millones y los resultados están “en estudio”. Aún no se llamó a concurso por el tramo entre Formosa y Santa Fe.
Al igual que en los últimos años, el presupuesto 2012 contempla la creación de un fondo fiduciario que se integraría con “un cargo a pagar por los usuarios de los servicios” de transporte y distribución de gas y por los consumidores que lo reciben directamente de las petroleras (como las industrias). En otros términos, con un aumento en la factura de los usuarios, algo que hasta ahora no se animó a aplicar el Gobierno.
De acuerdo con el acta del 8 de abril de 2011, presentaron ofertas para la ingeniería, provisión y de materiales y construcción del ducto consorcios integrados por BTU, Esuco y Contreras; Contreras Hnos. e Isolux; Iecsa-Vertúa; CPC-Pamar, y Techint-Petersen (del grupo Eskenazi, ahora ex dueños de YPF).
La Nación
