Ecuador podrá embargar bienes de Chevron por deuda con amazónicos

El Gobierno de Ecuador podrá embargar bienes de la compañía petrolera estadounidense Chevron para cobrar la deuda millonaria de ésta por una querella interpuesta por ciudadanos amazónicos a causa de daños ambientales.
La posibilidad se abrió luego que desde la Corte de Justicia de la provincia de Sucumbíos, el juez Wilfrido Erazo emitiera una orden para incautar las propiedades que mantiene esa empresa en este país suramericano a través de sus subsidiarias.
Esta disposición permite a los demandantes disponer de las compañías, acciones y cuentas que mantiene la petrolera para cubrir el monto de la sentencia que existe en su contra de unos 18 mil millones de dólares.
La Chevron deberá pagar ese monto tras duplicarse la pena aplicada por un tribunal nacional luego de 18 años del daño ambiental y a nueve de haberse iniciado el litigio.
El conflicto proviene de la contaminación provocada por Texaco (comprada por Chevron en 2011) al derramar más de 18 billones de galones de desperdicio tóxico en la tierra y los ríos en el oriente de Ecuador, desde 1964 a 1990.
Como consecuencia, los pobladores de la región padecen las secuelas de la contaminación ambiental como enfermedades cancerígenas, alto porcentaje de abortos en las mujeres, entre otras afecciones, y daños a los ecosistemas y a sus culturas.
La Asamblea de Afectados por la Chevron-Texaco había solicitado una disculpa pública con los pueblos amazónicos, pero ante la negativa de la petrolera se duplicó el monto de la sentencia inicial.
De acuerdo con el dictamen más reciente, la ejecución de esta condena será imponible sobre la totalidad del patrimonio de Chevron Corporation, hasta que la petrolera pueda cubrir el monto total de la obligación impuesta por las cortes ecuatorianas.
El año anterior, una corte de Sucumbíos ordenó pagar a la multinacional un monto total de 19 mil millones de dólares a los afectados que la demandaban, y, además, se exige la reparación de las zonas en las que laboró la petrolera hasta 1990.
En marzo pasado la compañía inculpada intentó que una instancia de la ONU suspendiera la sanción en su contra, tomando como referencia el Tratado Internacional de Protección Recíproca de Inversiones, aprobado en 1997, cinco años después de la salida de ese grupo del territorio ecuatoriano.
Los colonos y habitantes amazónicos esperan utilizar esa suma en la recuperación de territorios de las nacionalidades indígenas, limpieza de caminos y carreteras regadas con petróleo y recuperación económica de las comunidades dañadas.
El abogado ecuatoriano Pablo Fajardo dijo que luego de nueve años de permanecer la demanda ante una Corte de Nueva York, las autoridades de la empresa solicitaron que el caso pasara a un tribunal ecuatoriano, en un intento por evadir su responsabilidad.
Sin embargo, dijo, los jueces no se doblegaron pese a intentos de sobornos y fueron los propios afectados quienes vigilaron el proceso todo el tiempo.
En la actualidad es posible apreciar las secuelas de la explotación desmedida de petróleo en la Amazonía ecuatoriana, sin que haya habido una reparación a la naturaleza ni a los habitantes. (Prensa Latina)
Argenpress