Kicillof prometió a las eléctricas financiamiento estatal para la próxima semana

La semana pasada, una pequeña pero poderosa delegación de directivos del sector eléctrico se reunió con Patricia Charbay, jefa de Gabinete del viceministro de Economía, Axel Kicillof. La reunión, que tuvo lugar el miércoles en el Palacio de Hacienda, motivada en parte por el megaapagón que afectó a millones de personas en la Capital Federal el 7 de noviembre, giró en torno a garantizar la producción de energía para cubrir los picos de la demanda estival y sirvió de oportunidad a las generadoras para pormenorizar la delicada situación financiera que atraviesa el sector por la demora de los pagos de Cammesa, la administradora del mercado eléctrico. Es que por el incumplimiento de las distribuidoras que, a raíz del atraso tarifario, dejaron de pagar parcialmente las facturas de compra de energía y adeudan más de $ 1.100 millones a Cammesa, se quebrantó la cadena de pagos del negocio eléctrico, comprometiendo incluso los ingresos que las generadoras precisan para solventar la operación y el mantenimiento de las usinas termoeléctricas.

La funcionaria, mano derecha de Kicillof y quien está abocada a la implementación del sistema de costo plus en el mercado eléctrico en reemplazo del paradigma marginalista instaurado en los ’90, prometió a los directivos -encabezados por Gabriel Ures, titular la Ageera, la asociación que nuclea a los generadores- una solución de “cortísimo plazo” para aliviar los problemas de caja que enfrenta el segmento de generación, liderado por empresas como Costanera, Central Puerto, AES y Pampa Energía, entre otras.

“Nos dijeron que en 10 días (es decir, la semana que viene) habría novedades al respecto. Lo que se está estudiando son los mecanismos para que el Estado inyecte fondos en la industria para cubrir el rojo que Cammesa acumuló con las generadoras”, explicaron desde una eléctrica que contó con un representante en la reunión. También se abordó la posibilidad de reimplementar el acuerdo con los generadores firmado en 2010, que estableció mejoras para los cargos por disponibilidad de potencia (los incrementó de US$ 2 a US$ 10 por Mw instalado), pero que se dejó de pagar en enero de este año. Aún así, en la industria son escépticos sobre las chances de avanzar en este punto.

Entre las medidas que se están analizando figura la creación de un Fideicomiso con fondos del Banco Nación, que serviría para financiar obras en las redes de distribución eléctrica y mejoras en las centrales termoeléctricas, a fin de garantizar el suministro eléctrico en el verano, cuando se registran los picos de demanda por el uso de equipos de refrigeración.

 

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