El Gobierno apura acuerdos para que las petroleras produzcan más gas

Roberto Baratta, mano derecha del ministro De Vido, inició contactos con las compañías para que firmen convenios con el Estado; el objetivo: reducir las importaciones.

A principios del año pasado, un empresario petrolero de trato frecuente con Roberto Baratta, coordinador de la cartera de Planificación y hombre de confianza del ministro Julio De Vido, lo llamó por teléfono. Le hizo un pedido específico relacionado con un tema operativo. Pero por primera vez se topó con una respuesta negativa: “No puedo hacer nada por vos”, le respondió. Eran tiempos en los que el poder del viceministro de Economía, Axel Kicillof, estaba en pleno período de consolidación tras su nombramiento en diciembre, y los hombres de De Vido resignaban a manos de jóvenes recién llegados una a una las tareas que habían desempeñado.

La evidencia de los problemas energéticos (fuerte importación, caída en la producción de gas y de petróleo, compañías eléctricas sin recursos para pagar ajustes salariales) que siguieron durante el año pasado pese a la estatización de YPF y el desembarco de los hombres de Kicillof, revivió a la mano derecha de De Vido en temas energéticos. Hoy, Baratta es el elegido por el Gobierno para convencer a las grandes petroleras de que firmen acuerdos para pagarles más por el gas a cambio de incrementar la producción, algo que permitiría reducir las importaciones y la erogación de dólares. Desde la mirada de la Casa Rosada, la tarea es importante: la inició la propia presidenta Cristina Kirchner el miércoles 28 de noviembre pasado en Cardales, en el marco de la 18a. Conferencia Anual de la Unión Industrial Argentina (UIA), cuando informó que había firmado un acuerdo con YPF para que la petrolera estatizada cobrara US$ 7,50 el millón de BTU (el triple que el promedio de la empresa en el país, en torno de US$ 2,30).

En ese mismo gesto, la Presidenta invitó a firmar acuerdos similares con el resto de las petroleras. Pan American Energy, de la británica BP y Bridas, una sociedad de los hermanos Bulgheroni con la china Cnocc, fue la segunda en rubricar ese convenio.

El objetivo de Baratta, ahora, es sumar al resto de las grandes empresas, como Total, Apache, Pluspetrol y Petrobras, entre otras. El funcionario inició la ronda de contactos en las últimas dos semanas, confirmaron fuentes del sector privado. Para las empresas, la iniciativa encierra más incógnitas que certezas. Varias de ellas apenas pudieron ojear borradores, luego de un arduo trabajo de búsqueda. Hay, incluso, altos ejecutivos de Bridas y de YPF que aún no tuvieron acceso a ellos. Y quienes accedieron a los papeles sostienen que no está claro quién pagará los incrementos en el precio. Están, sin embargo, convencidos de otro punto: comenzarán a cobrar más en cuanto demuestren que aumentaron la producción.

Sustento legal

El objetivo del funcionario va más allá de firmar acuerdos entre el Gobierno y las empresas de manera individual. Un ejecutivo que participó de las negociaciones con Economía y Planificación explicó a LA NACION, con pedido de confidencialidad, que la idea es que los acuerdos que se vayan firmando con las empresas sirvan de base para elaborar una resolución que los englobe y les dé mayor sustento legal. Es por eso que la etapa previa es importante: el Gobierno quiere otorgarles un precio mayor a las petroleras que suban la producción, pero también establecer una penalidad en caso de que no cumplan. Las posiciones en el sector privado están divididas con respecto a ese punto: hay quienes no están dispuestos a firmar ningún papel que contenga una cláusula de ese tipo y critican que un convenio de ese tipo favorecería a YPF, ya que su producción viene en caída y parte de un nivel muy bajo para la comparación. Otros, en cambio, priorizan la posibilidad de obtener mayores ingresos.

La Nacion