Gobierno no define institución encargada de llevar registro de actividad petrolera.
“Las autoridades gubernamentales todavía no resuelven si es el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) [adscrito al Ministerio del Ambiente] o el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), la instancia encargada de registrar los pasivos ambientales”, aseguró el antropólogo Miguel Valderrama durante la presentación del Segundo Informe Semestral del Observatorio de Conflictos Socioambientales Amazónicos, el 7 de febrero, correspondiente al segundo semestre del 2012.
Aunque la ley que regula los pasivos ambientales provenientes de los hidrocarburos entró en vigencia en el 2007, OEFA y OSINERGMIN respondieron el año pasado a un pedido de la Defensoría del Pueblo que no tenían las competencias para llevar a cabo el registro de los pasivos.
Según la abogada de la Defensoría del Pueblo, Lizette Vásquez, “recién este año la OEFA respondió que se está planificando la identificación de pasivos, lo que implicará empezar con trabajo de campo en las zonas afectadas para luego hacer un registro, documento indispensable para que el Estado identifique a los responsables, disponga alguna forma de sanción, como el abandono del área deprimida, y empiece un plan de remediación”.
El informe del Observatorio también recogió las demandas de los pueblos indígenas y las dificultades que enfrentan para hacer valer sus derechos. “En el caso de las organizaciones de [los ríos] Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón, cuyos pueblos indígenas se han visto afectados por 40 años de actividad petrolera en la zona, han pedido explícitamente que se atienda toda una serie de pasivos ambientales e impactos sociales dejados por ella, antes de iniciar el proceso de consulta para un nuevo contrato de concesión”, dice el documento.
En abril del año pasado, la petrolera estatal Petroperú informó de la licitación de 22 lotes petroleros, incluido el 1AB, que pasó a llamarse lote 192. Este lote, el mayor del país con una producción de 15,000 barriles diarios, está ubicado en la parte norte del departamento amazónico de Loreto y será el primero donde se realice un proceso de consulta previa, de acuerdo con la legislación vigente desde abril del 2012. Sin embargo, las comunidades indígenas que habitan en esa zona han anunciado que no permitirán el inicio del proceso si es que antes no se resuelven los pasivos ambientales dejados por décadas de actividad petrolera.
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