La idea en cuestión está en la agenda de algunos sectores de La Cámpora, que plantean la necesidad de agregar valor a los minerales extraídos.
El desarrollo e industrialización del litio, considerado un “recurso estratégico” por su proyección futura, debería ir acompañado por la creación de una entidad estatal.
De ese modo se podrían “articular los intereses” económicos, sociales y ambientales con la expectativas privadas, según un trabajo académico que analiza las “oportunidades y desafíos” del mineral que permitiría sustituir parcialmente al petróleo.
Esa idea, del Estado al frente de un organismo con poder de control, sigue en la agenda de algunos sectores de La Cámpora, que plantean la necesidad de agregar valor a los minerales extraídos.
La definición no es menor porque la Argentina posee el 13,3% de las reservas mundiales de litio que pueden emplearse en la fabricación de baterías. Junto con Bolivia (35,9%) y Chile (19,95%) conforma del denominado “triángulo del litio”, que se utiliza para alimentar celulares y computadoras.
Además, se convirtió en el tercer productor mundial con sus salares Hombre Muerto (Catamarca), Rincón (Salta) y Olaroz (Jujuy), que tienen una gran calidad por su baja concentración de impurezas y son operados por empresas de Estados Unidos y Australia.
“La explotación del litio no debe limitarse a la producción primaria y exportación como commodity, sino que deben realizarse todos los esfuerzos para que su extracción se convierta en la etapa primaria para el posterior desarrollos de una industria de tecnología de punta, en este caso el de las baterías y sistemas de almacenamiento de energía”, subrayaron el economista Julio Sevares y el especialista en relaciones internacionales Juan Pablo Krzemien.
Advirtieron, además, que este proceso debe ir acompañado por “la creación de una entidad estatal” que sea capaz de controlar y orientar el proceso.
En su trabajo “El litio en la Argentina: oportunidades y desarrollos de un recurso estratégico”, que publicaron en la revista especializada Realidad Económica, los académicos señalaron la preocupación del sector privado: las automotrices ya cerraron acuerdos estratégicos con las empresas extractivas.
La necesidad de crear un organismo que pueda “definir el rumbo y perfil productivo del sector minero” también está planteado en un paper que recorrió parte de La Cámpora y suma simpatías de otros sectores del kirchnerismo, como Kolina, la corriente que lidera Alicia Kichner.
El documento, que el año pasado publicó Federico Basualdo (investigador de Flacso), advirtió sobre el “escaso poder de negociación que tienen las provincias mineras” frente a las empresas extractivas trasnacionales y consideró que “la reversión de esta situación requiere necesariamente la recuperación por parte del Estado nacional de los resortes fundamentales para definir el rumbo y el perfil productivo del sector minero”.
Por eso, publica Bae, destacó la necesidad de “concretar el funcionamiento efectivo de un organismo nacional que ejerza el control y seguimiento de las empresas”.
Además, estimó que “la redefinición del papel del Estado nacional permitirá crear una empresa estatal que participe en la explotación minera mediante la implementación de proyectos propios que permitan modificar paulatinamente el actual perfil productivo del sector”.
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