Eléctricas: dudas por el avance estatal y la falta de recursos

El Gobierno cambió las reglas de juego a las generadoras, pero no dio respuesta a las distribuidoras.

Lejos de calmar las aguas, las nuevas reglas de juego para las generadoras que ha impuesto el Gobierno abrieron más dudas sobre el horizonte de corto plazo que deberán afrontar las empresas eléctricas.

Mientras los operadores de las usinas analizan la “letra chica” del nuevo marco regulatorio que implica un mayor intervencionismo estatal, las distribuidoras metropolitanas siguen esperando que se cumpla la promesa oficial de una mayor recaudación que había hecho el viceministro de Economía, Axel Kicillof para abonar el aumento salarial acordado con el gremio de Luz y Fuerza.

Para los generadores privados, la reforma que introdujo la resolución 95 de Energía presenta tres aristas cuestionables. La primera es que el Estado –por medio de la CAMMESA– se convertirá en el único comprador de energía y todas las empresas dependerán de los recursos estatales y de los funcionarios de turno para cobrar los suministros entregados al sistema. En segundo lugar, para acceder a las nuevas remuneraciones que incluyen una suba promedio del 30%, las empresas tienen que levantar todos los reclamos y juicios efectuados contra el Estado por deudas atrasadas. Y el tercer aspecto polémico, es el que centraliza en manos del Gobierno y de YPF la provisión de todos los combustibles que demanden las centrales.

En el caso de Edenor y Edesur, lo que están aguardando es la mejora en los ingresos que Kicillof prometió a fines de febrero para destrabar la paritaria salarial. Además de tener que empezar a pagar en abril la primera parte del incremento de sueldos, las distribuidoras metropolitanas enfrentan una nueva presión gremial por el reclamo de incorporación a las plantas permanentes de todos los tercerizados.

La medida de fuerza lanzada por el sindicato que comanda el oficialista Oscar Lescano derivó en una “conciliación obligatoria” que vence en la segunda semana de abril Ante la falta de respuesta, las dos distribudioras–cuyas perdidas conjuntas saltaron de $ 899 millones en 2011 a $ 1.817 millones en 2012–ya tendrían resuelto volver a recortar los pagos de la energía a la CAMMESA. Las dos arrastran un “default parcial” en la cancelación de sus facturas desde mediados del año pasado y ahora todo indicaría que se va a profundizar, dejando al sector con menos recursos para cubrir los pagos a los generadores y transportistas eléctricos.

iEco