Neoliberalismo y “comoditización” de los hidrocarburos

El neoliberalismo operó profundas transformaciones en la política petrolera argentina. Apropiación material, valorización financiera y operaciones simbólicas de un recurso estratégico históricamente asociado a la soberanía nacional.
http://3.bp.blogspot.com/-DijLLwit3K4/UVS0eIpBg1I/AAAAAAAACp8/s-C0dNle-_0/s400/Para+texto+6.JPG
Por Ignacio Sabbatella* | La reforma estructural del sector de hidrocarburos en la década del noventa implicó no sólo la desregulación del mercado y la fragmentación y privatización de YPF, sino también la “comoditización” del petróleo y gas.
El menemismo –en sintonía con los intereses de las petroleras privadas- operó desde el Estado un giro discursivo en relación a la histórica política petrolera argentina. Desde Menem a Julio César Aráoz (Secretario de Energía), pasando por José Estenssoro (presidente de la YPF privatizada), la dirigencia menemista atacó furibundamente la caracterización de los hidrocarburos como recursos estratégicos que había prevalecido desde la creación de YPF, identificada con la soberanía nacional y el desarrollo industrial. Era necesario romper el “mito” de la energía abundante y barata en pos de avanzar en la creación de “un mercado petrolero abierto, desregulado, competitivo, desmonopolizado e integrado al comercio mundial”.
Bajo la hegemonía neoliberal, el menemismo consagró a los hidrocarburos como commodities, es decir, simples mercancías exportables sin valor agregado, en función de un proyecto de desindustrialización –inaugurado por el golpe cívico militar de 1976-, orientado a la valorización financiera y a la primarización de las exportaciones. La actividad petrolera se independizó del resto de la economía nacional para convertirse en apenas un “negocio rentable”. Por tanto, los hidrocarburos empezaron a valorarse como “recursos económicos” y el petróleo como un “bien comerciable internacionalmente” al igual que los cereales o los metales y también “cash” o una “moneda de cambio corriente”. A tal fin, los decretos desreguladores de 1989 establecieron, entre otros principios, la libre disponibilidad de los recursos extraídos por las petroleras y la libre exportación e importación de los mismos.
No bastaba con su apropiación material para convertir al petróleo y gas en commodities, era necesario, además, derribar todas las barreras políticas, sociales y culturales. La subordinación de la producción de petróleo y gas a la valorización capitalista requería el despojo de toda concepción, ideología o representación que afectase la libre circulación de los hidrocarburos como cualquier otra mercancía. De modo que el esfuerzo discursivo puesto en la descalificación del “nacionalismo petrolero” apuntaba a cimentar las condiciones socioculturales que transformasen la explotación de los hidrocarburos en una actividad específicamente capitalista, sin regulación estatal ni distorsión simbólica alguna.
Cabe aclarar que a diferencia del petróleo, el gas natural no puede ser considerado íntegramente como un commodity ya que su transporte es más complicado y, por tanto, no se comercializa globalmente. Su precio está sujeto a la ubicación de los yacimientos y al transporte hasta los centros de consumo, por lo cual tiene importantes variaciones e influencias regionales. Sin embargo, el desarrollo del gas natural licuado (GNL) a gran escala facilita su intercambio comercial y permitiría la consolidación de un precio internacional como un commodity.
De todos modos, los cambios en la apropiación simbólica facilitaron la apropiación material de los hidrocarburos por parte del capital petrolero, cuya actividad se dirigió a un mayor ritmo de extracción respecto a la exploración y a un incremento de las exportaciones de crudo y gas natural en detrimento de la industrialización y abastecimiento del mercado interno. Durante el período 1989-2001, la extracción de crudo se incrementó casi un 70%, con un pico máximo en 1998, y la de gas casi 90%, con miras a la generación de saldos exportables. Las ventas al mercado externo representaron el 41% de la producción de crudo en 1996 y más del 13% de la producción de gas natural en 2001. El resultado, tras dos décadas de iniciada la reforma, fue una dramática “fuga” de reservas: entre 1990 y 2010 se exportó más del 50% de las reservas existentes a 2010, en el caso del petróleo, y un 15% de las reservas existentes de gas natural a 2010.
A partir de la ley de emergencia económica de 2002, que dispuso las retenciones a las exportaciones de hidrocarburos, a las que se sumaron posteriormente ciertas restricciones en el comercio externo y en la fijación de precios, el proceso de “comoditización” perdió plena vigencia. Sin embargo, no fue hasta la sanción de la Ley de Soberanía Hidrocarburífera en 2012 que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner puso fin al paradigma neoliberal y volvió a asignar a los hidrocarburos como recursos estratégicos -junto a la recuperación del control estatal de YPF y la derogación de los principios desreguladores del neoliberalismo-, con el fin de asegurar la energía para el crecimiento productivo del país.
* Lic. en Ciencia Política y Magíster en Investigación en Ciencias Sociales (UBA). Becario doctoral de Conicet – Instituto de Investigaciones Gino Germani
Agencia Paco Urondo