Otra política energética atraería inversiones

En términos ideológicamente neutros, la actual crisis energética es otro ejemplo del costo de decidir políticas sin analizar todas sus consecuencias. Si la ideología bastó para impulsarlas, once años después su inspiración ha fracasado, porque el sistema eléctrico ya ha perdido hasta la capacidad de financiarse, en tanto que los productores de gas llevan subsidiando su uso residencial, para la generación eléctrica y algunas actividades industriales, todo lo cual ha afectado su voluntad de invertir.

Por Francisco A. Mezzadri (Economista y especialista en energia)

La intervención en precios y tarifas priorizó la distribución de beneficios de corto o mediano plazo sin comprender que la energía es una actividad regida por el largo plazo y que resultaría finalmente afectada por las inconsistencias de forma y de fondo con que se encaraba la política energética en 2002 y sus proyecciones, más allá de otros factores agravantes que ya operaban con anterioridad a aquel año o que surgieron a partir de 2004.

Recién en ese año se reconoció el peligro del desabastecimiento de gas natural y en 2007 el país comprobó, además, que se había quedado sin margen suficiente de reserva de capacidad para generar electricidad. Si persistiera esa política, y a pesar de las iniciativas del Gobierno en obras de generación y transporte eléctrico, Argentina se consolidaría como un país declinante en su stock energético, crecientemente dependiente de la importación de energía primaria y sin un ritmo de inversión que asegure la disponibilidad y estabilidad del abastecimiento eléctrico.

Sin embargo, la identificación de Argentina como uno de los tres países en el mundo con mayor potencial hidrocarburífero no convencional produjo un cambio sustancial de expectativas.

No se trata de que en el país no se conociera la existencia de formaciones de roca madre ricas en petróleo o gas natural; la sorpresa fue conocer su enorme importancia relativa y que su explotación local era técnicamente factible. Todo alentó el nacimiento de un efecto riqueza en la psiquis política de Argentina. ¿Cuán veloces podrían ser esos cambios en nuestro país y cuáles sus costos?

YPF anunció en agosto de 2012 que planificaba expandir su propia producción de petróleo y de gas en un 29% y un 23%, respectivamente, en el quinquenio 2013-2017, con una inversión total de US$ 28.600 millones en exploración y explotación, de los cuales el 54% se destinarían a recursos no convencionales. Por otra parte, en febrero de 2012, YPF había presentado oficialmente un estudio que estimaba que para duplicar la capacidad productiva de petróleo y gas, en caso de resultar exitosa toda la exploración de Vaca Muerta, se requeriría una inversión de US$ 25.000 millones por año, durante 10 años, en tanto que si el objetivo fuera incrementar en un 50% la producción total de petróleo y gas, se requeriría invertir US$ 42.000 millones “en los próximos años”. Esta última alternativa permitiría al país acercarse al autoabastecimiento de gas, pero no se observan actualmente decisiones privadas que asuman esa necesidad de capital, en tanto que el crecimiento programado por YPF de la producción de gas le permitiría sólo registrar en 2017 una producción similar a la del año 2001.

En su nivel máximo, Argentina necesitaría, en consecuencia, realizar una inversión en hidrocarburos del orden de los USD 25.000 millones anuales: una “escala épica”, sin duda y sujeta a que la dinámica del proceso determine su costo real. Pero además, conjuntamente con el desarrollo de los hidrocarburos, la demanda de electricidad, impondría también un mayor ritmo de inversión energética en Argentina, que estimamos aproximado a US$ 5.000 millones por año sólo para expandir y mantener el parque generador e incrementar su eficiencia y al que deberán agregarse los gastos de capital para expandir el transporte y la distribución de electricidad y gas.

La escala máxima de inversión futura en hidrocarburos durante diez años es equivalente a la que planifica Brasil en cinco años. Las necesidades de capital superarían los US$ 30.000 si se incluyen las inversiones necesarias en el sector eléctrico.

Escala épica entonces, pero no irreal ni imposible, siempre que se adecuen las políticas sectoriales y su entorno macroeconómico, para fortalecer la seguridad energética en condiciones competitivas y en el contexto de una amplia confianza institucional.

Clarin