El titular de Perelco, Fransciso Esper, pidió allanamientos a petroleras para recuperar documentación probatoria.
Repsol y otras petroleras asociadas en las áreas hidrocarburíferas del norte salteño taparon pozos productivos y ocultaron documentación sobre sus reservas para enfocar sus inversiones en Bolivia y vender el gas a la Argentina un 300% más caro.
Así lo señaló el titular de la empresa Perelco, Miguel Francisco Esper, en una denuncia que hizo llegar desde Tartagal al presidente de la reestatizada Yacimiento Petrolíferos Fiscales (YPF), Miguel Galluccio.
Esper, uno de los primeros contratistas norteños que hicieron relevamientos geológicos, perforaciones e instalaciones para Tecpetrol (Aguarage), Pluspetrol (Ramos), Pan American (Acambuco) y Refinor (Campo Durán), afirmó que empresas que trabajaron con Repsol guardan “bajo siete llaves” documentación lapidaria sobre las maniobras con las que se estafó al Estado argentino en cifras multimillonarias.
“En esos documentos hay pruebas claras e irrefutables para rechazar cualquier demanda de Repsol en contra de la Argentina y que permitirían, asimismo, demandar a Repsol por defraudación, estafa, daños y perjuicios”, puntualizó Esper, tras insistir en la urgencia de allanamientos que permitan recuperar esa documentación respaldatoria en oficinas de las petroleras asociadas con el grupo español en distintos yacimientos del departamento San Martín.
Desde 1980
Esper, nacido en Tartagal en 1950, acredita una larga trayectoria en obras de servicios para el sector hidrorburífero. No es, por cierto, un neófito que desconozca la realidad de los yacimientos de San Martín. Es el propietario de la primera contratista que tuvieron las petroleras Pluspetrol y Tecpetrol en el norte salteño entre 1980 y 1995, año en el que conformó junto a su esposa, María Socorro Sánchez, la empresa Perelco. Con está ultima firma también trabajó para Pan American Energy y Refinor hasta 2003, cuando decidió retirarse de la actividad hidrocarburífera en medio de graves conflictos sociales y persecuciones a su empresa y su familia.
En la denuncia que elevó a Galluccio, el empresario tartagalense de 63 años le hizo saber que, en la década de los noventa, incursionó en el área de Ramos (Pluspetrol), donde se encargó de los trámites legales y las contrataciones técnicas para perforaciones que consolidaron a ese yacimiento gasífero de la jurisdicción de General Mosconi como el segundo más productivo del país, detrás del neuquino Loma La Lata.
“Tomé conocimiento, entonces, de que todos los pozos perforados tienen registrados los materiales, secuencias y resultados obtenidos metro a metro. Esta documentación -recalcó en su presentación a Galluccio- es la que tienen todas las empresas que trabajaron con Repsol guardadas bajo siete llaves y es preciso recuperar, con allanamientos judiciales, porque probarán que se actuó premeditada y fraudulentamente en contra de los intereses de la Nación argentina”.
El “plan B”
Esper aseguró que el ocultamiento intencional de producciones y reservas “es tan claro que hasta el más neófito en la materia puede darse cuenta de la estafa. Los mismos dueños de la aéreas petroleras del norte argentino son los dueños de las áreas del sur boliviano”, subrayó tras remarcar que las grandes petroleras siempre tienen un “plan B”. Y el de Repsol -apuntó- consistía en tener todo allanado para reactivar producciones en Argentina, en caso de que condiciones políticas, institucionales o económicas le impidieran seguir exportando gas desde Bolivia a la Argentina a tres y hasta cuatro veces por encima del precio que se paga por el mismo gas en boca de los pozos norteños.
Negocio redondo
Cada millón de BTU (unidad térmica británica equivalente a unos 27 metros cúbicos) se paga en los yacimientos argentinos a un promedio de entre 2,50 a 3 dólares el millón de BTU, mientras que la misma cantidad de gas que ingresa desde el sur boliviano a la refinería de Campo Durán le cuesta al bolsillo argentino casi 11 dólares por cada millón de BTU.
El Tribuno