Reclaman control para los fondos que el Estado traspase a YPF

PLANTEO DE LA AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

Mangueras cruzadas. Una estación de servicio de Posadas sin nafta. El problema se extiende en toda la provincia.

Son los 2.000 millones de dólares que integrarán un fideicomiso destinado a financiar la petrolera estatal.

La creación del “Fondo Argentino de Hidrocarburos”, destinado a apuntalar el plan de inversiones de YPF con recursos estatales y que manejará hasta US$ 2.000 millones, reflotó la polémica sobre el deliberado “blindaje” a los controles de los organismos públicos que tiene la petrolera manejada por Miguel Galuccio. Ahora la Auditoría General de la Nación reclama mayor control sobre esos recursos.

Con la resolución 130 del ministerio de Economía publicada el viernes en el Boletín Oficial, el Gobierno decidió constituir un nuevo fondo fiduciario que podrá “otorgar préstamos y efectuar aportes de capital a las empresas hidrocarburíferas en las cuales el Estado tenga participación accionaria y el ejercicio de los derechos económicos y políticos”. Se integrará con un base inicial de hasta US$ 2.000 millones y sus recursos deberán usarse para financiar “proyectos de exploración, explotación, industrialización y comercialización de hidrocarburos”.

Si bien ENARSA está en condiciones de acceder a esos aportes, todo indica que la principal y casi única beneficiaria del fondo será la petrolera YPF que hasta ahora tiene bloqueado el acceso al financiamiento externo.

Ante esta situación que preanuncia un mayor involucramiento del Estado en la petrolera, el titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), Leandro Despouy advirtió que “los significativos recursos que destinarán al plan de inversiones y las últimas medidas tomadas por la conducción de la empresa reafirman la necesidad de revertir la ausencia de fiscalización y control público que se registra con YPF ”.

Tras haber enarbolado la bandera de la “soberanía hidrocarburífera” para justificar la expropiación de la mayoría accionaria, la administración kirchnerista decidió excluir a YPF del alcance de la Auditoría General de la Nación (AGN) y la SIGEN. Lo hizo por medio del artículo 15 de la ley de expropiación que fue votado por la mayoría oficialista y cuestionado por algunos legisladores opositores.

Despouy destacó que “la excepción hecha con YPF no se justifica porque a la AGN le corresponde por el artículo 85 de la Constitución Nacional y la ley 24.156 auditar a todas la empresas con mayoría estatal y a todos los organismos que reciban recursos del Estado Nacional ”. Tras reclamar que una “urgente corrección para que YPF pueda ser auditada al igual que ENARSA, AySA, Ar-Sat, y Nucleoeléctrica Argentina, entre tantas otras empresas que tienen al Estado como principal accionista”, Despouy remarcó que “no hay argumentos jurídicos, ni razones de competitividad empresarial que justifiquen dejar a la petrolera en una zona liberada de los controles públicos ”.

iEco