Raro: el primer año de la YPF argentinizada pasó casi desapercibido

El 3 de mayo de 2012 se votó la ley de nacionalización de la petrolera. Y aunque hay varios aspectos rescatables -otros no tanto-, tal aniversario pasó poco menos que desapercibido. Pros y contras de la gestión.

Emilio Marín.- El 16 de abril de 2012 la presidente Cristina Fernández informó su decisión de recuperar la mayoría estatal de YPF, hasta ese momento copada por Repsol. El 27 de ese mismo mes, en el estadio de Vélez, un gran acto público ratificó la soberanía hidrocarburífera, con la mandataria como oradora.
Esa medida tuvo un gran apoyo popular, que las encuestadoras estimaron del 80 por ciento. Y ese aval se expresó en el Congreso, cuando el 3 de mayo el proyecto se convirtió en ley, con 207 votos a favor, 32 votos en contra y 6 abstenciones.
El PRO de Mauricio Macri, eterno defensor de las privatizaciones y concesiones al capital extranjero, ordenó a sus legisladores votar en contra. Laura Alonso fue abucheada cuando dijo que “por 9 años de desgobierno energético, votamos en contra. Este gobierno fue y es parte del saqueo y no vamos a permitir que sigan haciéndolo”.
Repsol también votaba en contra, desde sus posiciones en el gobierno de Mariano Rajoy, que denunció a Argentina ante el Ciadi, el tribunal arbitral del Banco Mundial. Transcurridos seis meses de su comunicación a Buenos Aires, en diciembre de 2012 ese tribunal accedió al pedido de los españoles. Reclamaron un resarcimiento de 10.500 millones de dólares.
Ese no fue su único planteo pues hizo otros ante la SEC (Comisión de Valores estadounidense) y el gobierno español, para que movilizara a la Unión Europea en su auxilio. Solidaridad de clase trasnacional, que le llaman…
Esta semana hubo en Madrid un Seminario de Especialistas Europeos en América Latina y allí dijeron de todo menos bonita a la nacionalización. El director del Centro Europeo para la Economía Política Internacional, Fredrik Erixon, cuestionó las expropiaciones de la presidente argentina como una muestra de que “el poder de las ideas irracionales es irresistible para muchos políticos”.
Esa gente no dejó pasar sin protestar el primer aniversario de la nueva YPF.

“La Nación” con Repsol.
Otros enemigos furiosos de la nacionalización como “La Nación” también tiraron con munición de grueso calibre. En su editorial del 4 de mayo pasado, “YPF, a un año del expolio”, estimó que “el quiebre brutal de las reglas que se produjo con la confiscación agudizó el daño que se pensaba subsanar y ahuyentó a posibles inversores en el país”. Añadió: “Aquel 16 de abril, mientras Cristina Kirchner pronunciaba un discurso encendido en la Casa Rosada, la Gendarmería entró en la sede de la compañía para expulsar a directivos nacionales y extranjeros como si fueran delincuentes”.
La política tiene esas cosas, de arrimar a personajes y empresas que hasta ayer tenían sus roces, por cuestiones políticas o de negocios. Un columnista de aquel diario, Carlos Pagni, se sintió afectado en octubre de 2009 por un video donde un socio suyo solicitaba coimas y sugería que podían publicar notas con información falsa sobre Repsol, para perjudicarla. Las dos partes enfrentadas, Pagni y Repsol, hicieron presentaciones judiciales y la causa quedó radicada en el juzgado en lo Criminal de Instrucción 20 de la Capital Federal.
Ahora, como el enemigo común es CFK, esos adversarios de ayer militan juntos, con abundante información falsa, contra la nacionalización de YPF, a favor del Ciadi, en contra de la reforma judicial, etc. De la “tribuna de doctrina” oligárquico se entiende perfectamente porque siempre estuvo con la Sociedad Rural, la Bolsa de Comercio y las multinacionales, pero Pagni, alineado con esa política, tenía cuentas pendientes con Repsol. Ya no.

Galuccio apenas habló.
El primer aniversario pasó sin penas ni glorias para el gobierno. ¿Llamativo, no?
El CEO de YPF, el ingeniero Miguel Galuccio, había ofrecido a la prensa en Puerto Madero algunos números de la gestión, en marzo de 2013. La misma información iba a girar a la Bolsa de Nueva York con la intención de conseguir socios y financiación internacional.
Ya en mayo, Galuccio volvió a ser noticia, pero por su bienvenida al presidente para América Latina y África de Chevron, Ali Moshiri, con quien viajó a Neuquén. Allí radica el área de Vaca Muerta, el centro de la asociación de ambas petroleras que demandará aún cierto tiempo para acordar la letra chica.
Pero de valorar el aniversario de la expropiación nada salió de su boca y tampoco de la presidente.
Los números meneados por el CEO en marzo permiten una visualización positiva, con límites, de lo actuado durante el año pasado. La producción de petróleo aumentó 2,2 por ciento, cuando en 2011 había decrecido alrededor del 7.6. La relativa a gas disminuyó 2 por ciento, un resultado negativo que de todas maneras no fue tan grave como la del año anterior, cuando había caído 10.2.
La venta de combustibles también aumentó, con mayor refinación de premium y de diésel, estimulados con aumentos de precios, algo que los consumidores no pueden celebrar. Galuccio sí lo hizo porque sostuvo que el 70 por ciento de las inversiones de la empresa dependen ahora de su flujo de caja, un concepto polémico que anticipa nuevos retoques.
La utilidad neta de la compañía en 2012 fue de 3.902 millones de pesos, lo que significa una suma importante, pero una baja interanual del 12.2 por ciento. La explicación del gobierno fue que ganó menos pero invirtió más, un 25.6 por ciento más, algo que no hacía Repsol, repatriando sus dividendos pues la crisis europea así lo reclamaba desde la casa matriz. Y que el Estado cargara con más gasto de importaciones.

Críticas para atender.
Al votarse la ley de soberanía hidrocarburífera 26741, hubo voces que aprobaban la medida pero cuestionaban determinados aspectos. Entre otros, porque no se había recuperado el 100 por ciento de YPF sino sólo el 51, dejando la parte de los Eznekazi y un remanente de Repsol, más otra que cotiza en la bolsa de Wall Street y se supone en manos de inversores norteamericanos.
También se pensó en una empresa estatal nacional donde debían ser beneficiarias todas las provincias, independientemente de que algunas sean petroleras y otras no.
Y se preguntó cuál sería el precio a pagar a la parte española, si es que cabía pagar algo, luego de descontar lo que Madrid podía deber por incumplimiento de inversión, fuga de capitales, contaminación ambiental y otros juicios pendientes.
Este último tópico sigue en la nebulosa. El gobierno de Rajoy ha sido preciso en su reclamo ante el Ciadi por 10.500 millones de dólares, pero Argentina no ha avanzado en su planteo de cuánto piensa pagar, si es que corresponde. Las corrientes antiimperialistas temen que se pueda estar negociando un arreglo no muy positivo porque el canciller español, José Manuel García Margallo, dijo esta semana en una conferencia que “busca un consenso por un procedimiento y un precio adecuado”, en el diferendo por la petrolera.
También fue muy crítico el balance del año transcurrido, para el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) que coordina el diputado Claudio Lozano. “YPF, en lugar de servir para bajar el precio de la energía y favorecer el proceso de reindustrialización, ha cumplido un rol fundamental en recomponer la rentabilidad empresaria del sector. El aumento del 66% del precio del barril de petróleo para su exportación, el aumento entre el 50% y el 66% del precio del gas en boca de pozo y el incremento del precio de los combustibles líquidos explican este proceso”, fue su conclusión adversa.

Con socios como estos.
Si los combustibles de YPF aumentaron de precio un 40 por ciento desde la nacionalización, no puede estimarse como un logro. Sin embargo, al menos tiene el argumento de que ese “cash flow operativo” de la firma está destinado a la inversión, que no ocurría antes.
Lo que no suena nada convincente son los proyectos de asociación con Chevron y Pan American Energy-Bridas, para explorar y explotar petróleo y gas no convencional (o de enquisto) en Vaca Muerta.
La explicación gubernamental es que esa zona sería muy rica en esas reservas energéticas y se necesitan capitales de inversión, algo así como 35.000 millones de dólares en un quinquenio.
Acá surgen otras dos fuertes objeciones: Una. Chevron no luce como socio ideal, luego que fuera demandando en Ecuador por la contaminación de la Amazonia y tuviera por eso embargos en Argentina. ¿Pelearse con Repsol española para acordar con Chevron, de EE UU? La otra asociada, PAE, es 60 por ciento de capitales británicos y eso suena a claudicación en la causa Malvinas.
Dos. El procedimiento para explotar crudo y gas de enquisto es carísimo no sólo por la inversión a hacer sino, sobre todo, por atentatorio contra el medio ambiente, por la cantidad de agua, químicos y arena a inyectar para triturar formaciones rocosas. Se lo conoce como “fracking” y concita tanto repudio de entidades ambientalistas como la minería a cielo abierto. Uno de sus mayores críticos fue, en su momento, Fidel Castro.
Por estas y otras razones, el gobierno eligió no hablar en este primer aniversario de YPF. Error. La energía es asunto muy importante para dejarla en manos de especialistas.

La Arena