La UCR propone que Chubut gestione ante Nación expropiación de Terminal de carga de Hidrocaburos

A través de un proyecto de resolución presentado en la Legislatura, el bloque de la UCR integrado por Roberto Risso y José Luis Luzurume, insta a que se declare de Interés Provincial el manejo y funcionamiento de la terminal de carga de Hidrocarburos de Caleta Córdova, y todas sus instalaciones anexas y necesarias para su normal desenvolvimiento.

Además, el proyecto solicita al Poder Ejecutivo Provincial que gestione ante las autoridades del Estado Nacional para que se declare de utilidad pública y sujeto a expropiación un porcentaje mayoritario del patrimonio de Terminales Marítimas Patagónicas S.A. representado por igual porcentaje de acciones de Clase A de dicha empresa, pertenecientes a las empresas Pan American Energy Ibérica S.A; Sociedad Internacional Petrolera S.A; Total Austral S.A; Dapetrol S.A; Shell Compañía Argentina de Petróleo S.A; Occidental Argentina Exploration and Production, Inc.; Compañía Asociadas Petroleras S.A; sus controlantes o controladas, en forma directa o indirecta, con la excepción de las correspondientes a YPF SA que continuaran en mano de la citada empresa, manteniendo a su vez el dominio de la totalidad de las acciones Clase “B”.

En la fundamentación de la iniciativa, los legisladores radicales explican que “que en consonancia con la sancionada Ley Nº 26.741, que aboga por la integración del capital privado y el Estado como mecanismo operativo para maximizar cada una de las etapas de la industria hidrocarburífera – desde la misma exploración hasta la distribución – es que consideramos primordial la participación decisoria del Estado en el control y funcionamiento de las Terminales Marítimas de Caleta Córdova, del puerto de Comodoro Rivadavia, así como de todas las instalaciones  complementarias necesarias para el desarrollo de las tareas inherentes a la operatoria de los hidrocarburos”.

 FUTURO DE LA REGION

Agregan Risso y Lizurume en su presentación que “el dominio de las fuentes productoras, transporte, refinación y las garantías de suministro y distribución constituyen la malla de seguridad en la que descansa el futuro de la región. Futuro que se torna dudoso e impredecible si alguno de estos eslabones esta fuera de la injerencia o control del Estado y queda librado exclusivamente a los intereses meramente rentísticos de los capitales – que necesarios en el desarrollo de un sólido esquema energético nacional –  deben estar profundamente imbuidos de la implicancia socio productiva y estratégica del mismo”.

En ese sentido, se destaca que en el caso de Terminales Marítimas Patagónicas S.A., el Estado Nacional cuenta con 3,15 % de las acciones de clase A, y la totalidad de las acciones de clase  B (30%), todas bajo la órbita de YPF S.A. El resto de las acciones de clase A son de propiedad de Pan American Energy Ibérica S.A. (31,71 %); Sociedad Internacional Petrolera .S.A. (13,79 %); Total Austral S.A. (7,35%); Dapetrol S.A. (4,20 %); Shell Compañía Argentina de Petróleo S.A. (3,50%); Occidental Argentina Exploration and Production, Inc. (3,15 %); Compañía Asociadas Petroleras S.A. (3,15 %).

Y pone de relieve que los accionistas titulares de las acciones de clase A tienen a su cargo las funciones operativas, con todos sus activos incorporados al patrimonio de la sociedad, en carácter de prestación accesoria, mientras que los titulares de acciones de clase B pueden prestar el Asesoramiento Técnico Calificado. Sin embargo, los accionistas de clase A pueden contratar a un tercero para llevar a cabo las tareas exigibles al operador, con la conformidad de los accionistas de clase B.

Y por último, se expresa en el proyecto que recién en el año 2029,  fecha en la cual se extinguiría el contrato, regresarían ambas boyas a la órbita del Estado, ello, sin perjuicio de la eventual prórroga de diez años que pudiera otorgarse por resolución fundada.

El Chubut