En septiembre de 2012, luego del otorgamiento de la primera licencia ambiental para un proyecto de explotación de hidrocarburos no convencionales en el municipio de Buenavista, Departamento Boyacá, la Contraloría General de la República de Colombia advirtió al Gobierno sobre los impactos negativos asociados a la fractura hidráulica o fracking. El organismo subrayó la aplicabilidad del Principio Precautorio para cuestionar la implementación de esta técnica, dados los riesgos de contaminación de acuíferos e incremento de la actividad sísmica, manteniendo la línea de la normativa y la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana en la materia.
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