Mientras los estados miembros de la UE consideran las implicaciones medioambientales arriesgadas del desarrollo del fracking, hay negociaciones en marcha para un controvertido Acuerdo Económico y de Comercio Global (CETA en inglés) que garantizaría a los inversores el derecho a impugnar las decisiones de los gobiernos de prohibir y regular el fracking.
Este informe resalta el debate público acerca del fracking, los intereses de las compañías de gas y petróleo de Canadá en las reservas de gas pizarra de Europa, y los impactos que una cláusula de protección de las inversiones en el propuesto CETA podría tener en la posibilidad de los gobiernos de regular o prohibir el fracking. La publicación también examina el informe del caso de la compañía Lone Pine Resources Inc. contra Canadá, que, utilizando una clausula similar, impugna una moratoria contra el fracking y demanda al gobierno canadiense para conseguir una compensación, y alerta que lo mismo ocurrirá posiblemente en Europa. Recomienda que los mecanismos de solución de conflictos inversor – Estado no se incluyan en el CETA.
