Néstor O. Scibona.- Al comenzar esta década, la Argentina podía exhibir una situación envidiable en materia de exportaciones y superávit comercial, aunque ya se perfilaban algunas tendencias preocupantes. Ese cuadro se desdibujó abruptamente a fin de 2011 cuando la presidenta Cristina Kircher, después de su reelección con el 54% de los votos, admitió por primera vez públicamente que las importaciones energéticas habían trepado a un récord de 9.400 millones de dólares.
La confesión presidencial no sorprendió a los especialistas del sector, ni mucho menos a los ocho ex secretarios de Energía de anteriores gobiernos democráticos, que ya venían alertando desde hace tiempo ese desenlace, aunque invariablemente fueron desautorizados y acusados de “agoreros” desde los despachos oficiales. Sin embargo, no hacía falta ser un experto para pronosticar que la Argentina se encaminaba a un creciente déficit comercial en el sector energético, cuando la política oficial se basó –y sigue basándose- en estimular el consumo de gas y electricidad con precios políticos fuertemente subsidiados, que a la vez desalentaron inversiones en exploración y explotación de hidrocarburos. Para más datos, la producción de petróleo y gas natural no dejó de caer durante lo que, para el relato kirchnerista, fue la “década ganada”.
El déficit energético (diferencia entre exportaciones e importaciones), que ascendió a unos 3.400 millones de dólares en 2011, adquirió mayor dramatismo porque fue reconocido después de que en ese mismo año se produjera una salida de capitales superior a los 20.000 millones de dólares del circuito económico. Y esa combinación fue decisiva para que el gobierno de CFK optara por el abrupto viraje en su política económica que derivó en el cepo cambiario, las trabas a importaciones no energéticas, la prohibición a las empresas extranjeras de remitir utilidades al exterior, el uso intensivo de reservas del Banco Central para pagos externos de la deuda pública y, finalmente, la confiscación de las acciones de Repsol para reestatizar YPF, además de una mayor regulación del sector de hidrocarburos.
El remedio fue peor que la enfermedad porque, hasta ahora, no se lograron resolver ni encaminar ninguno de los problemas que se buscaban atacar. Más bien, todo lo contrario. Y aunque hay cierto repunte en la producción de YPF, esa tendencia no se extendió al resto del sector. Con suerte y otras condiciones para incentivar la inversión, interna y externa, recuperar el autoabastecimiento energético llevará todo lo que resta de esta década.
De ahí que las importaciones de gas natural y combustibles, que en 2012 se mantuvieron en torno de los 9.300 millones de dólares y este año apuntan, según los especialistas, a un rango de 11.000/12.000 millones (con un déficit de 5.000/6.000 millones) se perfilen como un importante contrapeso para el sector externo de la economía y las declinantes reservas del BCRA.
Una prueba de ello es que los dólares que salen del país para comprar esos combustibles, ya equivalen casi a la mitad de los que ingresan por las exportaciones agrícolas, con la soja a la cabeza. Así lo demuestra un trabajo del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), que dirige el economista Nadin Argañaraz y le pone números a esa inquietante realidad.
Según el estudio, las importaciones energéticas de 2013 (que estima en 11.000 millones de dólares) equivaldrán al 44% de la liquidación de divisas de la cosecha de soja y otros granos (25.000 millones), cuando en 2006 esa proporción era de apenas 6%. El deterioro de esa relación se duplicó en los últimos tres años, ya que en 2010 era de 21%.
Otra forma de evaluarlo es comprar el desempeño del sector energético dentro del comercio exterior argentino: en 2006 aproximadamente el 50% del superávit comercial total (de 12.000 millones de dólares) obedecía a los 6.000 millones de dólares que aportaba el superávit energético, con exportaciones de petróleo y gas (e incluso algo de electricidad) muy superiores a las importaciones. Pero como este saldo favorable fue declinando en los años posteriores, su aporte cayó del 36% del superávit comercial total en 2007 a sólo 15% en 2010. En los tres años siguientes, en cambio, el balance comercial energético se transformó en deficitario y restó alrededor de 3.300/3.500 millones de dólares anuales en 2011 y 2012, mientras este año restaría casi 6.000 millones. De ahí que el superávit comercial en 2013 se ubicaría por debajo de los 10.000 millones (entre 8.500 y 9000 millones) por primera vez en los últimos diez años –como lo anticipó esta columna hace dos semanas- lo cual obligó a Guillermo Moreno a endurecer las trabas a las importaciones en otros rubros industriales y comerciales.
Aún con este deterioro progresivo, la foto no es tan preocupante como la película. Todo indica que las importaciones de gas y combustibles (más algo de petróleo liviano) no podrán revertirse en el corto y mediano plazo. Incluso, hasta el propio CEO de YPF, Miguel Galuccio admitió en las últimas semanas, con toda razón, que “el déficit energético es serio” y se necesita un shock de inversiones en toda la industria petrolera. En este marco, el contrato de Chevron con YPF para un piloto de 100 pozos en la formación de Vaca Muerta es una parte minúscula de la inversión que requeriría revertir la declinación de los yacimientos convencionales de petróleo y gas, así como la exploración y explotación no convencional. Según cálculos de algunos especialistas, se necesitarían unos 20.000 millones de dólares anuales durante un quinquenio.
Y aquí se tropieza con escollos de todo tipo. Desde los que enfrenta YPF para acceder a financiamiento externo debido al “riesgo argentino”, hasta la reticencia de grandes petroleras a arriesgar capital sin la certeza de poder disponer del crudo o repatriar eventuales utilidades, debido a los controles cambiarios. Una prueba de ello es el escaso entusiasmo que despertó el decreto que flexibilizó esas condiciones para dentro de cinco años (o sea bajo el gobierno que sucederá al de CFK a fin de 2015) y que estableció un piso de 1.000 millones de dólares de inversión para acceder a esos beneficios. Otra, la escasez de interesados para acceder a un precio del gas de 7.5 dólares por MBTU, a cambio de planes de inversión adicional que duplican el riesgo empresario, ya que las compañías son penalizadas económicamente si no alcanzan la mayor extracción comprometida. A esto debe sumarse la demora de algunas provincias (como Río Negro) para prorrogar plazos de concesión de yacimientos, así como de otras para llamar a nuevas licitaciones, tras haber adjudicado áreas de exploración petrolera a grupos sin antecedentes ni experiencia, que prácticamente no han invertido un dólar.
Con estas condiciones, 2013 apunta a ser otro año perdido: en el primer semestre la producción de petróleo cayó 3.4% (aunque repuntó levemente en junio y julio) y la de gas natural casi 7%. A los efectos de la balanza comercial argentina, la buena noticia es que la cosecha gruesa será este año 20% superior a la anterior. La mala es que, también por desconfianza, no pocos productores han optado por retener granos en silos-bolsa y no venderlos a los exportadores, hasta que aclare el incierto panorama macroeconómico.
