Galuccio se reunió ayer con Cameron; buscan mejorar los ingresos de petroleras chicas para que produzcan más
Por Pablo Fernández Blanco | LA NACION
Pese a que Galuccio maduró como empresario en el hipercompetitivo mundo de las licitaciones de servicios petroleros, las estadísticas lo convencieron de aplicar una receta colectiva. Aunque es la empresa más grande, YPF, por su propia cuenta, no podrá resolver el déficit de gas que afecta al país, principal responsable del cepo cambiario, debido a que el Gobierno destina la mayor parte de los dólares a pagar la factura de importación.
Con esa evidencia en la mano, y con la convicción de que el juicio futuro sobre su gestión dependerá más del funcionamiento de todo el sector que del comportamiento de la petrolera estatal, el ejecutivo, que discutió el tema con la presidenta Cristina Kirchner y con otros funcionarios, tomó la iniciativa en discusiones que habitualmente estaban en el terreno del viceministro de Economía, Axel Kicillof, y del ministro de Planificación, Julio De Vido. Así surgió la elaboración del denominado Plan Gas II, que el Gobierno espera poner en marcha en las próximas semanas y cuyo principal objetivo es sumar a las petroleras que no se adhirieron a la primera versión del plan.
Ayer, a las 18, Galuccio se reunió con el secretario de Energía, Daniel Cameron, otro de los promotores de la iniciativa, en el Palacio de Hacienda. Se esperaba, además, que Kicillof participara del encuentro. En ese pequeño cónclave esperaban la propuesta que les harán al resto de las petroleras para aumentar la producción de gas. Es un problema que preocupa, por motivos distintos, a cada uno de los tres funcionarios.
CONVOCATORIA REDUCIDA
En un contexto signado por la caída constante en la producción, en noviembre del año pasado la presidenta Cristina Kirchner anunció la puesta en marcha de un plan para pagar 7,5 dólares el millón de BTU (tres veces más que el precio promedio que recibían las petroleras) a las empresas que aumentaran la producción de gas. Pero el premio para el sector privado vino con condiciones estrictas: las empresas que firmaron (YPF, Total y PAE, por caso) aceptaron una cláusula denominada deliver or pay , que las obliga, en caso de no alcanzar el objetivo de mayor producción, a hacerse cargo del precio del gas que hubiera que importar para alcanzar aquel objetivo. El gas licuado que llega por barco, por ejemplo, cuesta hasta US$ 17.
Para un puñado de empresas, de menor porte que las principales pero con una producción sustancial de gas, como Apache, Petrobras y Pluspetrol, se trataba de una jugada demasiado arriesgada para aceptarla. Por eso prefirieron quedarse afuera.
Para ellas es el Plan Gas II. Un funcionario que participa de las discusiones y pidió reserva de su nombre lo puso en estos términos: “Vamos a dar un premio menor, pero el castigo en caso de incumplimiento también será menor”. No trascendió, sin embargo, el nuevo precio del gas que el Gobierno quiere otorgarle a ese grupo de empresas.
En paralelo, Galuccio inició una tarea de convencimiento entre sus pares. En los últimos meses, mantuvo en el piso 32 de la torre de Puerto Madero reuniones con todos los conductores de las grandes petroleras del país. En algunos casos participaron De Vido y Kicillof, y hasta el secretario legal y técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, que en las últimas semanas comenzó a seguir de cerca los problemas energéticos.
Uno de los asistentes a esos encuentros recordó, en diálogo con LA NACION, que el intento de Galuccio está antecedido por un fracaso. En mayo, De Vido y Kicillof armaron grupos de trabajo y comisiones junto con la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi), que reúne a los gobernadores de las 10 provincias productoras de petróleo y gas. Se hicieron varias reuniones con el objetivo de presionar a las petroleras para que aumenten la producción, y hasta se identificaron posibles proyectos. Pero el fracaso en ese objetivo derivó en el estancamiento de las comisiones que se habían creado.
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