De paso importante para la autonomía y gobernanza de los pueblos indígenas u originarios fueron calificados los acuerdos logrados entre representantes de estos pueblos y el Gobierno, y que dieron fin anoche a las protestas en el municipio Belén de Umbría, del departamento de Risaralda.
Los acuerdos, 25 en total, tienen que ver con derechos humanos, minería, salud, educación, territorio y sistema nacional de participación.
Sin embargo, hubieron temas en los que no se pudo generar un consenso; no obstante, se propusieron espacios en los que se puedan retomar puntos como la exclusión de megaproyectos del sector mineroenergético en sus territorios y las políticas de libre comercio.
De la reunión, que culminó en la elaboración de un acta, formaron parte el Consejo Mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y el Gobierno Nacional, que estuvo representado por el ministro del Interior, Aurelio Iragorri Valencia.
El primero fue que dio la orden de levantar la movilización o Minga Social Indígena y Popular que inició el 12 de octubre y que tuvo en total, según explican en un comunicado, 18 puntos de concentración.
Según Iragorri Valencia, uno de los principales acuerdos a los que se dará cumplimiento es el artículo 56 de la Constitución de 1991, el cual permite la autonomía política, jurídica y administrativa de las comunidades indígenas y el manejo de sus recursos.
Las partes en diálogo llegaron a un entendimiento en el tema de la asignación de recursos para la compra de tierras destinadas a esas comunidades y se acordó modificar dos decretos que afectaban la seguridad jurídica de los territorios ancestrales.
En ese sentido, el vocero de la comunidad indígena de Risaralda, Alberto Guazorna, sostuvo que uno de los compromisos asumidos por el Gobierno es la inversión de 80 mil millones de dólares para la compra de tierras que serán entregadas a las comunidades originarias que no las poseen.
Otro de los puntos tratados, señala la ONIC, son los avances sobre la situación de las mujeres indígenas desplazadas y la protección de los territorios ancestrales en riesgo inminente de extinción y en aislamiento voluntario.
Los acuerdos son resultado de seis días de negociaciones en las que participaron representantes de las macroregionales de la ONIC, así como de representantes del Gobierno de diferentes sectores, que trataron las demandas de la Minga.
La convocatoria reunió a más de 10 mil representantes de 102 pueblos nativos se congregaron en alrededor de 20 departamentos en un reclamo colectivo para demandar al Estado el cumplimiento de los 96 acuerdos contemplados en el Plan de Desarrollo Nacional.
Para acceder al comunicado de la ONIC sobre los acuerdos logrados dar clic en el siguiente enlace:
