Nestor Marín.- Puesta contra la pared por el largo rastro de contaminación ambiental que dejó su filial Texaco en la Amazonía ecuatoriana, la transnacional petrolera estadounidense Chevron intenta ahora criminalizar una demanda presentada por los afectados.
La poderosa compañía buscó un terreno favorable para lograr su objetivo, nada más y nada menos que la Corte Federal de Nueva York, e invocó una ley tan controvertida como la RICO, aprobada en 1970 por el Congreso de Estados Unidos para juzgar al crimen organizado y a los mafiosos.
En el juicio que comenzó la víspera en la Gran Manzana, Chevron busca anular una sentencia emitida en 2011 por un tribunal ecuatoriano que la condenó a pagar una indemnización de 19 mil millones de dólares a 30 mil pobladores de la Amazonía por daños ambientales y humanos causados por las malas prácticas extractivas utilizadas por Texaco.
La petrolera alega que ese veredicto es fraudulento, y quiere además que los demandantes, sus abogados y asesores sean procesados bajo la Ley federal contra la extorsión criminal y las organizaciones corruptas (RICO, por sus siglas en inglés) por tratar de extorsionar a la empresa.
Los indígenas y colonos de la Amazonía ecuatoriana no somos delincuentes, no hemos hecho mal a nadie. Chevron fue quien afectó a la madre tierra, a la selva, a la salud de nuestras familias, a la cultura y a las comunidades, ripostó la víspera desde Quito Elías Piaguaje, en representación de los miles de afectados.
En opinión del indígena de la etnia Secoya, es hora de que el mundo se dé cuenta de quién es el verdadero criminal, y por eso llamó a las organizaciones de derechos humanos a seguir el juicio que tiene lugar en Nueva York, el cual calificó de vergonzoso.
Según quedó demostrado en el proceso seguido en Ecuador, Texaco, luego adquirida por Chevron, contaminó casi medio millón de hectáreas en la Amazonía, donde operó desde 1964 hasta 1990, al derramar miles de millones de galones de agua contaminada y residuos de crudo en ríos y arroyos.
Dejó además sin remediar alrededor de mil piscinas o lagunas que más de 20 años después todavía rezuman petróleo y otros desechos, como comprobó el presidente Rafael Correa en septiembre pasado al introducir su mano en uno de esos pantanos.
Con su visita al campo Aguarico 4, el mandatario inició la campaña La mano sucia de Chevron, dirigida a contrarrestar la arremetida de la petrolera contra la Justicia y el Estado ecuatorianos.
Según explicó Correa, como norma, el Estado no se inmiscuye en los juicios entre privados, pero su gobierno, advirtió, no podía quedarse con los brazos cruzados frente a las acusaciones de la transnacional.
Por su parte, y ante la casi completa seguridad de que el juez Lewis Kaplan fallará a favor de Chevron en Nueva York, el abogado de los demandantes Pablo Fajardo recalcó que la eventual sentencia no invalidará el veredicto de la corte ecuatoriana.
Mientras tanto, la campaña La mano sucia de Chevron se extiende por el mundo, y llegó incluso hasta las puertas de la Corte Federal de Nueva York, donde la víspera cientos de personas exigieron justicia para los indígenas de la Amazonía ecuatoriana.
